Por: Jackelin Díaz / El Diario
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó el 1º de octubre que tres mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de Carabobo, Táchira y Miranda murieron en septiembre de 2026.
Los casos corresponden a Carmen Rodríguez, de 66 años de edad; Tomasa Sánchez, de 72 años de edad; y Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, de acuerdo con el reporte publicado en su página web.
Estaban recluidas en centros penitenciarios de tres estados
Carmen Rodríguez murió el 19 de septiembre en el Centro de Reclusión Femenino de Carabobo, anexo femenino de Tocuyito. La mujer tenía 66 años y la causa reportada fue un infarto agudo de miocardio.
El 24 de septiembre falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente I, en Táchira. En este caso, se reportó un paro cardiorrespiratorio como causa de muerte.
El tercer caso corresponde a Eleiner Sánchez, quien permanecía detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.
El OVP denunció falta de atención médica en el caso de Eleiner Sánchez
De acuerdo con el OVP, Eleiner Sánchez llevaba varios días con problemas de salud y había solicitado su traslado a un centro asistencial. La organización señaló que la respuesta ocurrió cuando su condición ya era crítica.
Sánchez presentó una obstrucción intestinal y fue trasladada el 27 de septiembre al Hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques. Según el OVP, los médicos determinaron que necesitaba una cirugía de emergencia.
La organización afirmó que las solicitudes de atención y traslado habían sido ignoradas antes del agravamiento de su estado. El OVP sostuvo que su muerte pudo evitarse.
El fallecimiento de Sánchez fue además la segunda muerte que el OVP documentó durante 2026 en La Crisálida. La primera correspondió a Fabiana Desirée Páez Fernández, quien murió en junio por insuficiencia respiratoria y otras patologías que, según la organización, no recibieron atención médica integral.
Las condiciones de salud de las mujeres privadas de libertad
El OVP ha solicitado investigaciones sobre las circunstancias de las muertes de personas privadas de libertad y ha pedido determinar si existieron omisiones en la atención médica.
La organización también pidió que las autoridades garanticen atención médica oportuna para las personas recluidas en centros penitenciarios y otros espacios de detención.
A finales de septiembre, informó que más de 60 personas habían muerto bajo custodia desde abril, aunque esa cifra corresponde al conjunto de la población penitenciaria y no exclusivamente a mujeres.
La Constitución venezolana establece en su artículo 43 que el derecho a la vida es inviolable y señala la obligación del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad. El artículo 83 reconoce la salud como un derecho social fundamental y el artículo 272 establece garantías para los derechos humanos de la población penitenciaria.
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