En una medida que profundiza la crisis penitenciaria y el drama de sus familiares, el régimen venezolano efectuó el traslado inconsulto y arbitrario de al menos 70 presos políticos que se encontraban recluidos en el Centro Penitenciario de Yare, ubicado en el estado Miranda.
La medida, ejecutada sin previa notificación, sumergió a decenas de familias en un estado de desesperación absoluta. Durante meses, estas madres, esposas e hijos han permanecido a las puertas de Yare, pernoctando a la intemperie y soportando humillaciones, con la única esperanza de ver a sus seres queridos en libertad. Hoy, esa esperanza ha sido sustituida por el temor.
En este contexto, el régimen no ha hecho más que jugar con los presos políticos y sus familiares, a quienes mantienen sin ningún tipo de información. La semana pasada esperaban la visita de Delcy Rodríguez en Yare y observaron la llegada de camionetas oficiales y autobuses con personas afectas al régimen, pero nunca a nadie del Gobierno, el único norte de los familiares durante esta visita era visibilizar sus casos y exigir su libertad.
A pesar de no conversar ni ver a ningún representante gubernamental, los familiares creyeron que se concretarían las excarcelaciones en Yare, pero la sorpresa fue que el domingo 29 de marzo trasladaron a los presos en principio con rumbo desconocido.
Estos traslados no solo se dieron sin previo aviso a sus familiares, sino que fueron ordenados desde el Ministerio Penitenciario y no desde los tribunales que conocen la causa de cada privado de libertad. Además, desde el Ministerio no han informado el motivo ni bajo qué condiciones se efectuaron, pero sí se conoció el lunes 30 de marzo que fueron llevados hasta el Internado Judicial del Rodeo.
El Rodeo como centro de tortura
La mayor preocupación de los familiares radica en el destino de los trasladados, y es que en el Centro Penitenciario El Rodeo, según hemos documentado desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se realizan prácticas sistemáticas que vulneran la dignidad humana, incluyendo:
- Aislamiento extremo: Celdas de castigo sin ventilación ni luz solar.
- Torturas: Tratos crueles e inhumanos y degradantes que buscan el quiebre físico y psicológico del detenido.
- Restricción total de visitas: Un régimen de incomunicación que impide verificar el estado de salud de los prisioneros.
«Hemos pasado hambre, sol y lluvia esperando una boleta de excarcelación que nunca llega, y ahora nos responden llevándoselos a un lugar donde sabemos que se practica la tortura», declaró uno de los familiares.
En ese sentido, este traslado no solo representa una violación al debido proceso, sino que constituye una forma de tortura extendida hacia el núcleo familiar, al cual se le niega el derecho a saber dónde y en qué condiciones se encuentra su ser querido.
Ante esta situación desde OVP exigimos:
- Información inmediata y oficial sobre la lista de trasladados y su estado de integridad física.
- Cese del aislamiento y respeto a los estándares internacionales de tratamiento a los reclusos (Reglas Mandela).
- Libertad plena y sin condiciones para quienes están detenidos por motivos políticos, recordándoles que su permanencia en prisión es una injusticia que se agrava con estos traslados.
Desde OVP estamos documentando e informando a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este nuevo atropello que busca silenciar y castigar no solo al preso, sino a su familia.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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