“Es una orden presidencial y del Ministro”, fueron las palabras que retumbaron en los oídos de Lezaida Ferrer, quien no podía creer que le estaban negando la entrega del cadáver de su hermano fallecido durante la intervención del Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, el pasado 25 de octubre.
A Ferrer nadie le avisó que su hermano Nelson Eduardo Ferrer García, de 25 años de edad, había fallecido, ni siquiera desde el Ministerio de Servicios Penitenciario. Es por ello que pensaban que lo habían trasladado a otros penales, al igual que el resto de la población penal.
Sin embargo, pasaron tres días después de la intervención y Nelson no se comunicó. Esto comenzó a preocupar a su familia, quienes empezaron a preguntar entre conocidos.
Nadie sabía de él como si se lo hubiera tragado la tierra, pero los familiares tuvieron un mal presentimiento cuando escucharon el rumor de que durante la toma de Tocuyito sí hubo muertos.
Pidiendo ayuda de algunos conocidos y, como quien dice por los caminos verdes, fue que la familia de Nelson supo que su cadáver estaba en la morgue de Bello Monte junto a otros cuatro privados de libertad, quienes también fallecieron durante la toma de Tocuyito.
Estos cuatro privados de libertad permanecen en la medicatura forense y hasta la fecha no han sido reclamados por ningún deudo. Pero, ¿cómo van a ser reclamarlos si el Ministerio no ha hecho las gestiones para ubicar a los dolientes?
Además de padecer el dolor de la pérdida por su familiar, la familia Ferrer también tuvo que atravesar por la incómoda situación de permanecer durante cuatro días en la morgue de Bello Monte sin que le dieran respuesta para el retiro del cadáver.
Una vez que les indicaron que no podían entregar el cuerpo por orden presidencial y del ministro, les pidieron que compraran la urna para enterrarlo allí mismo en Caracas.
Un total de 80 dólares fue el costo del ataúd que entregaron los familiares en la morgue. En tanto, la familia Ferrer acudió este 1 de noviembre creyendo que lo podrían enterrar, pero los hicieron ver el cuerpo durante cinco minutos mientras eran observados muy de cerca por al menos ocho funcionarios, quienes luego les avisaron que ellos se encargarían del entierro, al cual no podían asistir.
La familia Ferrer ahora debe esperar una llamada para que los funcionarios les indiquen el número de parcela en el Cementerio de El Junquito, donde supuestamente sería enterrado Nelson y así ellos lo puedan identificar con alguna plaquita.
Es totalmente inaceptable e inhumano que además de esconder cadáveres, el régimen tampoco haya permitido que Nelson tuviera una despedida digna por parte de sus seres queridos.
Cabe destacar que Nelson padecía de ataques epilépticos y estaba medicado pero, según relataron sus familiares, sufría algunos episodios cuento estaba sometido a mucho estrés.
Los deudos aseguran que el ataque que produjo su muerte se dio cuando entraron los funcionarios al penal, quienes supuestamente lanzaron varias bombas lacrimógenas. Nelson no recibió atención médica.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) nuevamente exigimos información del resto de los privados de libertad que fallecieron en la toma de Tocuyito, así como también rechazamos la acción tomada por el régimen al no dejar que la familia Ferrer enterrara de forma digna a su ser querido.
En ese sentido, desde nuestra organización informamos oportunamente sobre los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales.
Por último, nos preguntamos: ¿Por qué esconden la información de los privados de libertad fallecidos en la toma de Tocorón y de Tocuyito? / Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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