Durante el mes de diciembre se han ejecutado diversos traslados de personas privadas de libertad desde los calabozos policiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) La Yaguara y del Centro de Control y Resguardo de Detenidos de Boleíta, antigua Zona 7, ambos ubicados en la ciudad de Caracas.
Estos traslados se han efectuado de manera irregular y arbitraria, vulnerando lo establecido en la legislación venezolana. El Código Orgánico Penitenciario, en su artículo 125, establece que en el caso de personas procesadas los traslados a otros centros de reclusión deben contar con autorización expresa del juez de la causa; mientras que en el caso de personas penadas, debe notificarse al tribunal de ejecución correspondiente. Ninguno de estos procedimientos se ha cumplido.
Además, los traslados se realizaron sin notificación previa a los privados de libertad ni a sus familiares, quienes se enteraron de los cambios de recinto de manera sorpresiva. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se pudo conocer que las personas trasladadas fueron enviadas al Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, en el estado Carabobo; a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara; y al Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico.
Estos traslados, además de haberse realizado de forma inconsulta, podrían dar lugar a situaciones de aislamiento bajo el pretexto del denominado “período de adaptación”, a pesar de que la mayoría de las personas afectadas tiene meses e incluso años privadas de libertad. Esta práctica, reiterada en el sistema penitenciario venezolano, agrava la vulneración de derechos y profundiza el impacto psicológico del encierro, al restringir aún más el contacto con familiares y abogados sin justificación legal.
En ese sentido, estos traslados realizados en pleno mes de diciembre representan un castigo adicional para los familiares, quienes no fueron informados sobre el paradero de sus seres queridos y se han visto obligados a trasladarse por sus propios medios para obtener información y localizarlos en algún centro penitenciario. A ello se suma una carga económica significativa, ya que ahora deberán viajar a otros estados para poder visitarlos y llevarles alimentos u otros insumos básicos, cuando las autoridades lo permitan.
Al llegar a los nuevos centros de reclusión, los privados de libertad fueron ingresados sin ningún objeto personal, lo que obliga a sus familias a asumir gastos adicionales para la compra de uniformes, colchonetas, sábanas y artículos de aseo personal, en un contexto de profunda precariedad económica.
Por otra parte, estas reubicaciones implican un aislamiento aún mayor, ya que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios para desplazarse a otros estados. En el caso de las personas procesadas, además, el traslado lejos de sus tribunales de causa genera un retardo procesal, al dificultar su presentación ante los jueces en las fechas correspondientes a sus audiencias.
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Desde el OVP consideramos que la ejecución de estos traslados en vísperas navideñas constituye un acto profundamente inhumano, en una época del año en la que las personas privadas de libertad esperan recibir visitas especiales de sus seres queridos, muchas de las cuales ahora resultan imposibles por razones económicas y logísticas.
Cada uno de estos casos representa una violación de derechos humanos contra las personas privadas de libertad y sus familias. Por ello, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones continuamos documentando, denunciando y difundiendo estos hechos, y elevando las denuncias ante instancias internacionales con el firme compromiso de exigir garantías judiciales como el debido proceso, la dignidad humana y al derecho de las familias a no seguir siendo castigadas de esta manera tan cruel.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
