77° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
El 2025 dejó claro que el sistema penitenciario venezolano no es una estructura en crisis, sino una herramienta diseñada para operar al margen de la legalidad, como el eje central de la represión estatal. Las cárceles, lejos de responder a principios de rehabilitación o resocialización, se consolidaron como espacios de castigo político, violencia institucional, persecución familiar y muerte bajo custodia.
Desde los cuerpos de inteligencia hasta los penales comunes, cada rincón del sistema mostró que su propósito no es garantizar justicia, sino quebrar, disciplinar y eliminar la disidencia. Este balance, que presentamos hoy en el 77° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, evidencia cuán lejos está Venezuela de los principios esenciales de dignidad, justicia y libertad que el mundo conmemora en esta fecha.
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la represión se profundizó y se volvió política de Estado. Durante el 2025, personas fueron detenidas no solo por protestar, sino también por mensajes enviados en chats privados, publicaciones en redes sociales o simples opiniones consideradas críticas. La Ley Constitucional Contra el Odio y la Ley de Delitos Informáticos fueron utilizadas de forma arbitraria para criminalizar pensamientos, expresiones y conversaciones íntimas, mientras la detención se convertía en advertencia para toda la sociedad.
En este contexto, la muerte del exgobernador Alfredo Díaz marcó uno de los episodios más graves del año. Tras 1 año y 12 días de aislamiento, negación de atención médica y violaciones de derechos básicos, falleció bajo custodia del SEBIN en El Helicoide.
Su muerte sintetizó la lógica del sistema: un detenido incomunicado, vulnerable, sometido a condiciones inhumanas y sin acceso a su defensa. Con él, el número de personas fallecidas por razones políticas bajo custodia del Estado desde 2015 se elevó a 25, todas sin investigación ni responsables.
Los horrores de El Helicoide
Si algún lugar simboliza la degradación penitenciaria de Venezuela, es El Helicoide. A pesar de los decretos presidenciales de 2021 que ordenaban su transferencia al Ministerio Penitenciario, el centro sigue operado por el SEBIN, bajo criterios de inteligencia y castigo, no bajo criterios penitenciarios.
Allí se documentan torturas físicas, violencia sexual, golpizas, asfixias, privación del sueño, interrogatorios ilegales, desapariciones breves e incomunicación prolongada. Nada se ajusta a estándares nacionales o internacionales.
La contradicción institucional alcanzó un punto insólito con la muerte de Alfredo Díaz, cuando fue el propio Ministerio Penitenciario quien anunció públicamente su fallecimiento, a pesar de no tener control real sobre el recinto. Ese gesto confirmó la ficción legal que recubre al sistema, una estructura que simula estar bajo una autoridad civil mientras funciona en manos de cuerpos de inteligencia militarizados.
Asimismo, durante el año 2025 se consolidó una práctica que ya se asomaba desde años anteriores, que es la detención de familiares de opositores, activistas y críticos como herramienta de castigo colectivo. Madres, padres, hijos, parejas y hermanos fueron detenidos para presionar a terceros, obligarlos a entregarse o simplemente como acto de retaliación política.
Esta estrategia, equiparable al Sippenhaft de regímenes totalitarios, instaló el miedo no solo en los espacios públicos, sino dentro de los hogares. Mientras esto ocurría, los centros penitenciarios quedaron desbordados.
Los desalojos carcelarios de 2023 recargaron penales como Yare, Rodeo, Uribana y Tocuyito, donde los presos sociales enfrentaron condiciones extremas de hacinamiento, falta de atención médica, brotes de enfermedades, escasez de agua y alimentos y episodios de violencia interna sin respuesta institucional.
Muchos murieron por causas prevenibles, mientras sus familias recibían información tardía o incorrecta. En algunos recintos convivieron presos políticos y presos sociales, ambos sometidos a abandono estatal y tratos crueles.
El escrutinio internacional en las cárceles venezolanas
La comunidad internacional dirigió su atención una vez más al sistema penitenciario venezolano. Organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, señalaron patrones sistemáticos de tortura, detenciones arbitrarias, persecución política, desapariciones breves y uso de la cárcel como instrumento de represión.
Pero el hecho más significativo del año fue la decisión de la Corte Penal Internacional de cerrar su oficina en Caracas por falta de “progreso real” con el Estado venezolano. El mensaje fue directo: el gobierno no investiga, no sanciona, no coopera y no cumple con el principio de complementariedad.
En ese sentido, la investigación seguirá desde La Haya, lejos de la opacidad institucional con la que el Gobierno de Nicolás Maduro intentó presentar una imagen de colaboración.
Presos sociales en abandono absoluto
Mientras los presos políticos enfrentaban torturas y aislamiento, los presos sociales vivieron un 2025 devastador, marcado por hacinamiento extremo, brotes de enfermedades sin tratamiento, falta de agua potable y alimentos, violencia interna, controles criminales dentro de los recintos, ausencia total de atención médica, traslados arbitrarios sin notificación a los familiares, muertes por desnutrición, tuberculosis, afecciones cardíacas y septicemia.
Es importante recordar que, durante 2024, al menos 149 personas murieron bajo custodia del régimen venezolano: 105 en cárceles (66 de ellos por motivos de salud), 40 en calabozos policiales y 4 presos políticos. La mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática.
Asimismo, en los calabozos policiales, las condiciones fueron igualmente críticas: 23 de las 40 muertes registradas estuvieron relacionadas con el deterioro físico derivado de la falta de atención médica y de condiciones mínimas de vida.
Los presos sociales, pobres, invisibles, olvidados, son las víctimas más silenciadas del sistema. Muchos están detenidos por delitos menores, otros llevan años sin juicio, y algunos incluso fueron privados de libertad por mensajes en redes, acusados de incitación sin pruebas sólidas. El Estado venezolano castiga el delito, pero castiga más la pobreza.
Balance penitenciario de 2025: las cárceles como política de Estado
En conclusión, el 2025 no dejó dudas. En Venezuela, la cárcel no es el final del proceso judicial sino una herramienta política.
El Estado, bajo ningún concepto, rehabilita ni garantiza derechos sino que busca controlar, silenciar y castigar.
En ese sentido, las cárceles operan con tres lógicas simultáneas:
- La lógica del miedo: detener para disciplinar.
- La lógica del castigo colectivo: encarcelar a familias.
- La lógica de la tortura: quebrar cuerpos y voluntades.
En una nación donde la pobreza se penaliza, la crítica se criminaliza y la defensa de los derechos humanos se castiga con prisión, el sistema penitenciario es el espejo más honesto de un país que ha perdido su democracia.
Lea también
NDP/ Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
