Un total de 36 militares, entre ellos 34 hombres y 2 mujeres, permanecen aislados en una cancha, sin acceso a agua potable ni a los baños, luego de iniciar una huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda.
Los manifestantes se encuentran instalados en carpas y colchonetas, mientras sus familiares denuncian que las autoridades del recinto han restringido sus condiciones de permanencia en el lugar.
La protesta comenzó el 9 de noviembre con 21 militares vinculados al denominado caso Cotiza, quienes decidieron iniciar una huelga de hambre para denunciar el retardo procesal y las violaciones de derechos de las que aseguran haber sido víctimas durante sus procesos judiciales.
Posteriormente, se sumaron otros 15 privados de libertad pertenecientes a distintas causas: dos del caso 30 de Abril, dos de la refinería El Palito, tres del caso Sukoy, uno de Paramacay, uno de Aurora, dos de Gedeón, uno de Espionaje y tres de Gobernación de Monagas.
Inicialmente, los militares podían ingresar a las torres del recinto para hidratarse y utilizar los baños. Sin embargo, desde la mañana del martes 10 de noviembre, el jefe de régimen, mayor Ramón Navarro, ordenó cerrar un portón que les impedía acceder a esas instalaciones, dejándolos completamente aislados en la cancha e incomunicados del resto de las personas privadas de libertad.
Como consecuencia, los manifestantes se han visto obligados a realizar sus necesidades fisiológicas a la intemperie, mientras las reservas de agua destinadas a su consumo comienzan a agotarse, según relató al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) uno de sus familiares.
La fuente también denunció que, cuando los militares confrontaron al jefe de Régimen mayor Navarro, por esta decisión, el funcionario presuntamente justificó la medida alegando que cumplía órdenes del capitán de navío Leover Alfonso Pachano Gómez, director de Ramo Verde.
“Ellos solamente están consumiendo agua, es lo que los mantenía y les quitaron el acceso. Eso nos preocupa muchísimo, está mañana amanecieron algunos descompensados. Ese aislamiento es para castigarlos, para que no se unan más compañeros a la protesta y presionarlos para que levanten la huelga”, enfatizó el familiar de los militares.
La situación ha generado una profunda preocupación entre los familiares de los 36 manifestantes, quienes aseguran que, pese a que la huelga de hambre fue notificada formalmente ante los tribunales desde el lunes, hasta el momento ningún representante de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público se ha presentado en el recinto para constatar las condiciones en las que se desarrolla la protesta.
A esta situación se suma que el suministro de agua potable en Ramo Verde depende económicamente de los propios detenidos, quienes deben pagar entre 40 y 50 dólares por cada cisterna. Durante las visitas, sus familiares también les llevan agua para el consumo, debido a que la que llega por las tuberías del establecimiento no es apta para el consumo humano.
Los militares son invisibles
Los familiares de los militares detenidos por razones políticas en Venezuela han denunciado reiteradamente que sus seres queridos son relegados de los procesos de excarcelación y de las negociaciones políticas, una situación que constituye una de las principales razones por las que decidieron iniciar la huelga de hambre en Ramo Verde.
Su exigencia fundamental es la libertad. De acuerdo con los testimonios recibidos, algunos militares ya cumplieron sus condenas, otros tienen expedientes extraviados y a varios ni siquiera se les han iniciado los procesos judiciales correspondientes. Estas irregularidades, sumadas a las numerosas trabas que enfrentan, se traducen en un retardo procesal sistemático que vulnera su derecho al debido proceso.
“Cuando se anuncian las excarcelaciones el mayor grueso es de civiles, quedando ellos renegados. Sabemos que la mayor cantidad de presos políticos son civiles pero han llegado semanas que ni una libertad de un militar se da, ellos también fueron detenidos de forma arbitraria, también tienen familias, esposas, padres e hijos que los quieren ver libres y tienen años viéndolos tras las rejas”, manifestó al OVP uno de los familiares.
Asimismo, los militares solicitan ser incluidos en las mesas de negociación que actualmente se desarrollan entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición encabezada por Dinorah Figuera, de la Asamblea Nacional de 2015.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recordamos que la huelga de hambre constituye un método legítimo de protesta pacífica, especialmente cuando las personas recurren a ella ante la falta de recursos judiciales efectivos, la denegación de justicia o la existencia de tratos inhumanos. En consecuencia, las autoridades penitenciarias tienen la obligación de respetar esta forma de protesta y ofrecer respuestas oportunas y adecuadas a las solicitudes de los manifestantes.
Si bien el Estado tiene el deber de proteger la vida de las personas bajo su custodia, también debe respetar la voluntad informada de quienes participan en una huelga de hambre. En este sentido, la Declaración de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre establece que la alimentación forzada constituye una grave violación de la ética médica y puede equivaler a un trato inhumano o degradante.
Ante la gravedad de estas denuncias, desde el OVP exigimos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que acudan inmediatamente a Ramo Verde para constatar las condiciones de aislamiento a las que están sometidos los 36 militares en huelga de hambre, inicien una investigación imparcial y realicen un seguimiento permanente de lo que ocurre dentro del recinto.
Desde nuestra organización continuaremos documentando, visibilizando e informando a los organismos internacionales sobre esta situación.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
¡Mantente informado! Síguenos en WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube o X
