La violencia basada en género sigue cobrando vidas en Venezuela. Pero esta no es la única barrera que enfrentan las mujeres y niñas venezolanas. Todo esto sucede mientras transitan por una emergencia humanitaria compleja que afecta de forma diferenciada cada aspecto de sus vidas, para reflexionar sobre esto, el Observatorio Social Humanitario (OSH) realizó un conversatorio en el que un panel de expertas denunció esta grave situación.
Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) destacó que la vulneración de derechos humanos afecta de manera significativa a las mujeres “porque pasa por nuestros cuerpos, si no estamos en capacidad de tomar una decisión, muy difícilmente yo puedo tener un proyecto de vida ajustado a mis necesidades”.
Explicó que si no se atienden las necesidades y todas las formas de violencia que están afectando a las mujeres, difícilmente se podrá superar la crisis. “Difícilmente habrá desarrollo para el país y democracia, porque son elementos contrarios. En vez de ir hacia el desarrollo, parece que estamos yendo a un proceso de involución y las formas de violencia están coadyuvando a aumentar la brecha” indicó.
León también hizo referencia al sistema de justicia venezolano: “los índices de feminicidio siguen aumentando, es la punta del iceberg de la violencia física, detrás de ello hay muchas formas de violencia que se están presentando. Tiene que haber sanción a esos delitos. Si no hay una adecuada sanción, se facilitan y se perpetúa la comisión de los mismos. Advirtió que la desconfianza en el sistema se alimenta de la impunidad, “hay una importante resistencia de la población a poner la denuncia porque no hay confianza en la institucionalidad, no se le ve sentido porque no habrá justicia real, y que la persona piensa que se colocará en mayor riesgo. No hay garantías y por ello no habrá manejo adecuado de los casos”.
Una crisis signada por la violencia
Maria Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resonalia presentó los resultados del informe Solas en la calle, un diagnóstico de violencias experimentadas por las mujeres en el espacio público, en el que destaca que “más del 70% de las mujeres reconocieron que han sido víctimas de violencia de género durante el último año”.
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María Luisa insiste en que los resultados de su informe validan que todos los elementos y violencias que sufren las mujeres constantemente tiene una expresión en el miedo y cómo ocupa el espacio público. Asegura que las mujeres se han visto en la obligación de crear estrategias para hacer frente al miedo “por ejemplo, salen después de las 6 am. Perciben el transporte público como peligroso. Y se ven obligadas a hacer rutas más largas para llegar a sus destinos”.
Explicó que producto los roles de género impuestos por la sociedad exponen a las mujeres a situaciones de violencia mientras están en labores de cuidado de asistir a una persona, comprar alimentos, trasladar bombonas de gas, y también cuando tratan de acceder a la educación.
Alertó sobre cómo afectan de manera diferenciada la migración a las mujeres en contextos de movilidad y emergencia humanitaria compleja. “Pusimos el foco en cómo se está moviendo un país con esta emergencia, básicamente todo gira en torno a sostener la vida. Las mujeres experimentan violencias justo cuando hacen estas labores, lo que precariza más su situación” explicó.
La instrumentalización de derechos
Para Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) el gobierno venezolano instrumenta la lucha por los derechos de las mujeres “ lo usan como una bandera política sin ningún tipo de contenido y eso se vio claramente en el diálogo interactivo con el estado ante El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el que estuvimos presentes”.
Ciordia explicó que las organizaciones de la sociedad civil trabajan en la documentación en temas prioritarios como la no discriminación, los estereotipos de género, las mujeres defensoras de DDHH, el acceso a la justicia, el acceso a datos e información pública y que en todas exigieron al Estado, frente al comité de la CEDAW, la garantía de derechos.
Recordó que ante ese examen el Estado aseguró que la situación en Venezuela habla de avances, de leyes, una situación que no corresponde con la realidad que se vive en el país. “Nosotros vemos positivo que en el documento de recomendaciones se reconoció la emergencia humanitaria compleja en Venezuela para 2015. La comunidad internacional puso la fecha del inicio de crisis en 2016, esto es importante porque cuando hablamos de las personas migrantes es importante saber desde qué momento las empezamos a contar como emigrantes de la crisis, porque cuando hacemos incidencia por aumentar la ayuda humanitaria el tiempo hace diferencia significativa”.
Las expertas reconocen que existe un avance en materia de reconocimiento de derechos, pero no hay garantías, ni políticas públicas, ni presupuestos para atender la situación que contempla tres áreas de acción prioritaria, que el Estado debe atender y reportar ante organismos internacionales en un lapso de 2 años: la violencia basada en género; trata y tráfico de personas, donde Venezuela ocupa el primer lugar de la región, relacionado por la crisis de migración y la movilidad humana, y la salud sexual y reproductiva.
Insisten que el miedo de ser víctima de violencia no desaparece, pero es importante reconocer que es una situación real, que debe visibilizarse y necesita acompañamiento de las organizaciones y de toda la sociedad civil.
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