Un grupo de 11 organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos instó a las autoridades encargadas de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a conducir las próximas etapas de evaluación con estricto apego a los estándares constitucionales e internacionales de transparencia, mérito, idoneidad e independencia.
El pronunciamiento conjunto —divulgado tras culminar el lapso de postulación de aspirantes y difundido por activistas como Oscar Murillo, coordinador general de Provea— está dirigido a la Asamblea Nacional, el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), el Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos y la Mesa de Diálogo.
En el comunicado, las organizaciones firmantes —entre las que figuran Acceso a la Justicia, Espacio Público, Provea, AlertaVenezuela, WOLA, CEJIL y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)— reconocieron avances preliminares en el mecanismo derivado de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, tales como la inclusión de representantes de la sociedad civil, la difusión de un cronograma público, la conformación de un Consejo de Verificación con mayoría independiente y la publicación de un baremo de evaluación por primera vez en más de dos décadas. Sin embargo, advirtieron que el proceso requiere ajustes inmediatos para asegurar que los nuevos magistrados sean juristas independientes de reconocida honorabilidad.
“Si este proceso de designación de magistrados del TSJ finaliza, como esperamos, con estricto apego a la norma, transparencia y escrutinio ciudadano, estaremos presenciando un hito en el camino hacia el rescate del Estado de derecho”, destacó Murillo al compartir el exhorto institucional.
Ocho recomendaciones para la fase de evaluación
Para garantizar un escrutinio objetivo en las etapas venideras dentro del cronograma vigente, las ONG propusieron ocho medidas concretas:
- Publicación de información clave: difundir el reglamento interno del CPJ, las hojas de vida de los candidatos que superen la verificación inicial y las calificaciones obtenidas tras la revisión de credenciales.
- Verificación previa de elegibilidad: validar los requisitos establecidos en el artículo 263 de la Constitución antes de asignar puntuaciones, asegurando que ningún baremo compense el incumplimiento de normas legales.
- Ajuste del baremo: valorar la carrera judicial conforme al artículo 255 constitucional, otorgar mayor puntaje a la experiencia adicional y equilibrar el reconocimiento entre el ejercicio independiente y la docencia.
- Independencia política preexistente: verificar la ausencia de afiliaciones partidistas antes de la postulación, advirtiendo que renunciar a un partido o cargo político tras postularse o ser preseleccionado no acredita imparcialidad.
- Criterios objetivos de integridad y exclusión de oficio: Evaluar la trayectoria ética mediante fuentes verificables, respetando el debido proceso pero excluyendo de oficio a personas vinculadas con graves violaciones de derechos humanos documentadas por instancias internacionales.
- Paridad de género: incorporar la representación equilibrada entre hombres y mujeres como principio transversal en la integración definitiva del Máximo Tribunal.
- Transparencia en las entrevistas: publicar previamente los indicadores de evaluación, conformar paneles equilibrados y transmitir en vivo las entrevistas —admitiendo modalidades virtuales— para permitir el control ciudadano.
- Impugnación ciudadana efectiva: establecer un lapso claro para que la sociedad civil presente objeciones fundamentadas, garantizando el derecho a la defensa del postulado y obligando a las autoridades a emitir respuestas públicas motivadas.
Contexto institucional de la renovación judicial
La convocatoria para renovar la directiva y las salas del Máximo Tribunal forma parte de los compromisos asumidos en las negociaciones políticas entre representantes del gobierno y sectores de la oposición dentro de la Mesa de Diálogo.
De acuerdo con los informes técnicos de organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la reforma estructural de los mecanismos de selección de jueces y magistrados constituye un requisito fundamental para restablecer la autonomía del Poder Judicial y garantizar la tutela judicial efectiva en el país. Las ONG concluyeron reiterando que esta fase representa una oportunidad histórica para iniciar la recuperación institucional del sistema de justicia venezolano.
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