Representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) trujillana, consideran que el espacio cívico en Venezuela se encuentra en un “grave peligro de cierre” ante la eventual aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y a Fines propuesta por el diputado oficialista, Diosdado Cabello.
En una rueda de prensa convocada por ReTos (Red Trujillana de Organizaciones Sociales) en la vocería del abogado Pedro Rivas, la normativa jurídica presentada por el también primer vicepresidente del gobernante Psuv, es considerada por estas organizaciones como un instrumento que violaría los estándares de la libertad de asociación, además de contradecir buena parte del marco legal vigente y declararía “inexistentes” las OSC hasta no cumplir con los requisitos establecidos en la propuesta de ley.
“Los diputados Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez fueron muy claros, el fin dela ley (que proponen) es controlar la actividad, la acción política, va contra las Organizaciones de derechos humanos y humanitarias que ayudan, que acompañan víctimas, a sectores más vulnerables y que han construido una legitimidad denunciando las violaciones de derechos humanos. pero es solo la punta del iceberg”, reza parte del comunicado entregado a la prensa.
Los voceros de la sociedad civil organizada demandan que en los informes sobre Venezuela la información oficial no sea citada literalmente como cierta, sino que sea debidamente contrastada con otras fuentes. Solicitaron la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente acerca del cumplimiento o no de las recomendaciones hechas por ACNUDH al Estado venezolano.
También exhortaron a las autoridades venezolanas a darle cumplimiento a la solicitud hecha por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, quien pidió al Estado venezolano establecer un “amplio proceso consultivo” sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y a Fines.
A continuación, el comunicado completo presentado por ReTos:
Red Trujillana de Organizaciones Sociales (RETOS)
La política contra las OSC descansa en numerosas sentencias, leyes y normativas dictadas a lo largo de 20 años por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo con el fin de anular las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para actuar ante organismos gubernamentales y participar en procesos de decisión pública, incluyendo cortar todo tipo de apoyo y financiamiento público a estas organizaciones; y convertir en motivo de vigilancia, hostigamiento e investigación judicial sus labores, para apoyar o prestar servicios a comunidades y poblaciones vulnerables, defender a víctimas de abusos, discriminación y privación de derechos, y acudir a órganos de protección internacional, al calificarse a priori como “amenazas internas” a la seguridad y soberanía, por su legítimo desempeño autónomo e independiente.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, Desde el año 2005, estamos siendo amenazadas, en este año se redactó la primera versión del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, el cual fue aprobado el 13 de junio de 2006 en primera discusión durante la II Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela, cuando estaba siendo presidida por Nicolás Maduro. Después de las denuncias de organizaciones no gubernamentales y de alertas, el proyecto fue olvidado. En 2010, cuando la Asamblea era presidida por Cilia Flores, el texto volvió a ser debatido, pero nunca fue presentado para una segunda discusión.
En 2015, teniendo como presidente a Diosdado Cabello, el proyecto volvió a ser incorporado en la agenda de debate, generando varios pronunciamientos en contra. Amnistía Internacional denunció que el proyecto de ley establecía que las organizaciones no gubernamentales sólo podían acceder a fondos de la cooperación internacional si cumplen con “los lineamientos y políticas que al efecto establezca el presidente”. Ese año ocurrió lo mismo que en 2010, y el proyecto no se presentó en segunda discusión.
A mediados de 2020, Cabello señaló en su programa Con El Mazo Dando que el objetivo del proyecto era “aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar con la Patria. Después van a decir que están perseguidos”. En 2021, el proyecto recibió el nombre de «Ley de Cooperación Internacional». El el presidente de la comisión de política exterior de la Asamblea para entonces, Timoteo Zambrano, afirmó que tenía como objetivo “normar lo referente a la cooperación internacional que recibe y ofrece Venezuela de las distintas organizaciones nacionales e internacionales”. Desde entonces la ley no se volvió a mencionar hasta ese año.1
En 2022 se presenta de nuevo la «Ley de Cooperación Internacional» que sancionaba a con suspensión o eliminación a las organizaciones no gubernamentales que, directa o indirectamente, apoyaran o promovieran sanciones internacionales contra Venezuela; pero más de 500 organizaciones no gubernamentales, incluyendo a Amnistía Internacional y a Human Rights Watch, denunciaron que la regulación podía poner en riesgo la ayuda humanitaria de los sectores más vulnerables de Venezuela ante la probable obstaculización de la recepción de recursos procedentes del exterior, y que violaba otros derechos humanos, como la libertad de expresión.En el comunicado también se denuncia que el proyecto buscaba reinterpretar la definición de cooperación internacional de acuerdo con los intereses del gobierno venezolano, descartando conceptos como los derechos humanos y la ayuda humanitaria, y dado a que el Estado contaba con suficientes normas e instrumentos legales internacionales, buscaba conseguir un monopolio sobre la cooperación internacional. Sin embargo, la están retomando para ser aprobada en primera discusión.
En este sentido el espacio cívico en Venezuela se encuentra en un grave peligro de cierre, como centro de la política estatal, de intimidación y represalia sistemática, contra las OSC para dejar a la población completamente indefensa ante la grave crisis de derechos humanos, en una emergencia humanitaria compleja de gran escala y profundidad, y múltiples privaciones de derechos.
“LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ONG Y AFINES”
En esta línea se inscribe el proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines”, presentada el 24 de enero de 2.023, a la Asamblea Nacional por el diputado y vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, y aprobado aceleradamente en primera discusión, por la mayoría oficialista. Con base en su presentación ante la AN y un texto no oficial circulado, la ley citada, de forma manifiesta, es un instrumento más grave de violaciones a los estándares de la libertad de asociación, porque además de incluir las violaciones en las que incurrían sentencias y leyes vigentes anteriores, declara inexistentes a todas las OSC hasta no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, en el lapso de un año, a partir de la creación de un sistema uniforme y obligatorio de registro de ONG, a cargo del Ejecutivo.
Entre las violaciones más severas, se encuentran:
- Deja en un limbo jurídico y administrativo a todas las organizaciones y hace inviable su regularización por requisitos que dependen de la discrecionalidad del Estado y que están siendo restringidos;
- Somete a las ONG al control absoluto del Estado, en asuntos concernientes a la libertad y autonomía para definir sus fines, formas de gobierno, acceso a medios de trabajo y funcionamiento, actos que serán autorizados por el Ejecutivo por resolución; convirtiéndolas en inexistentes
- Crea un régimen discriminatorio y segregativo de obligaciones y sanciones para las ONG, con fines persecutorios;
- Establece la presunción y sanción de ilícitos relacionados con supuestos “fines políticos”, no declaración de fondos y su origen o el incumplimiento de registro de información obligatoria, incluyendo el registro para la defensa integral de la nación;
- La continuidad de la atención de la Emergencia Humanitaria, ya que son las OSC (ONG), las que ejecutan como socio implementadores con las agencias de Naciones Unidas.
- Es también claramente un instrumento de represalia, al decir en su presentación que “todas las ONG tienen carácter político” y mencionar una lista de 62 ONG que estarían de antemano perseguidas al aprobarse esta Ley.
- Es una ley regresiva, porqué se pasa de un régimen de notificación a una de autorización y renovación constante. Impone obligaciones a lo interno de las OSC, violando la autonomía, cualquier modificación del objeto debe ser autorizado por el estado; en la actualidad las OSC, pueden actuar en cualquier parte del país, para actuar en cualquier parte del país tiene que ser autorizado por el estado, al exigir que solo son asociaciones las que tengan acta constitutiva, les niega la existencia a las organizaciones de hecho, reconocidas por el código civil.
- Les niega la existencia a las organizaciones ya constituidas, siendo de este modo retroactivo en violación al articulo 24 de la Constitución, que prohíbe normas de carácter retroactivo.
- La ley no toma en cuenta los estándares internacionales de Derechos Humanos. El proyecto toma todo lo negativo de la ley anterior.
- Además de violar la acción publica que debe de tener las leyes, ya que no hubo consulta, no se conoce, la circula los diputados del PSUV de la Asamblea Nacional, haciéndola ilegitima.
Los diputados Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez fueron muy claros, el fin de la ley es controlar la actividad, la acción política, va contra las Organizaciones de derechos humanos y humanitarias que ayudan, que acompañan víctimas, a sectores más vulnerables y que han construido una legitimidad denunciando las violaciones de derechos humanos. Pero eso es sólo la punta del Iceberg.
No son sólo las ONG, debajo está el país en su conjunto, chavistas, opositores, no alineados, el sector obrero, gremial, campesino, artístico, cultural, de investigación, religioso, las mujeres, grupos indígenas, personas LGBTIQ+, en resumen, el espacio cívico venezolano en su totalidad, es el control absoluto de las voces de un país. Esta ley podría constituir uno de los mayores retrocesos en las libertades democráticas, y sobre todo de la independencia de actuación de la sociedad civil, toda la acción social quedará sujeta a aplicación de una normativa punitiva y persecutoria, a la discrecionalidad del estado y su visión de que toda disidencia es enemiga.
Es importante destacar que en reunión sostenida el día 26 de enero, con el alto comisionado de la Oficina de DDHH de NU, Volker Türk, tuvimos la oportunidad en nombre de noventa organizaciones de hacer una serie de puntualizaciones. Expresamos nuestro interés porque el Memorándum de entendimiento con el Estado sea de acceso público, conforme al principio de la transparencia. Exigimos que el mandato integral del ACNUDH se cumpla en nuestro país, y que el componente de protección a los derechos humanos tenga el mismo nivel de importancia que el de asistencia técnica con las autoridades.
Demandamos que en los informes sobre Venezuela la información oficial no sea citada literalmente como cierta, sino que sea debidamente contrastada con otras fuentes. Solicitamos la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente acerca del cumplimiento o no de las recomendaciones hechas por ACNUDH al Estado venezolano, y que además sean incluidas tanto en las actualizaciones orales como en los informes sobre Venezuela.
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Volker Türk, pidió al gobierno venezolano establecer un «amplio proceso consultivo» sobre la ley.
Indicamos la necesidad de activar la visita de los relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas, sin limitarse a los que el Estado venezolano decida invitar. Como asunto fundamental, solicitamos el apoyo explícito del ACNUDH a los mecanismos regionales de protección de derechos humanos y de Naciones Unidas, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, e incluso a la Corte Penal Internacional.
Tenemos la responsabilidad como Sociedad Civil de Dar a conocer la ley, informar a las comunidades de manera pedagógica que no solo afecta a las ONG, también a las comunidades. Pone en riesgo la ayuda humanitaria (afecta a los que están padeciendo la EHC). Y que nos empoderemos.
Generar opinión pública consensuada en espacios comunitarios y Medios de Comunicación Social. Propiciar encuentros presenciales y/o virtuales
Mantener enlaces con otras organizaciones y espacios asociativos nacionales e internacionales.
Como actores sociales y sujetos activos de derechos, nos preocupa que, ante la inminencia de próximos procesos electorales en Venezuela, el presidencial en 2024 y el parlamentario en 2025, instamos a que el ACNUDH se pronuncie sobre las condiciones en las cuales se realizarán las venideras elecciones.
Por: Alexander González CNP 25.770
IG: @AlexGonzalezDigital
Fotos: Alexander Viloria