Bogotá, 3 mar (EFE).- La representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, aseguró que la situación de violencia en el país «está empeorando», pero matizó que hay «mucha esperanza» en relación con la «apertura del Gobierno» para recibir y adoptar las recomendaciones que mitiguen esta realidad.
Así lo aseguró De Rivero en una entrevista con EFE después de la presentación del informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los más completos sobre el estado de la violencia en Colombia, en el que se destacó un incremento de las masacres -92- y de asesinatos de defensores de derechos humanos -116-.
Este informe «denota la situación en territorio, la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se viven en territorios en Colombia, como el asesinato de defensores, y el Gobierno ha tenido la apertura de aceptar ese diagnóstico», celebró De Rivero, quien consideró que es «un contexto un poco distinto políticamente, de apertura hacia temas de derechos humanos».
En este sentido, la Oficina está trabajando «con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, en las reformas que quieren hacer para incorporar los derechos humanos dentro de la doctrina y la práctica militar, e igualmente con la Policía Nacional».
LA VIOLENCIA, EMPEORANDO
El diagnóstico del informe no es bueno: en las 92 masacres verificadas hasta el momento fueron asesinadas 321 personas y también aumentaron las cifras de desplazamiento forzado y confinamiento. Además, hubo un «incremento significativo» de homicidios contra integrantes de Juntas de Acción Comunal.
La realidad en los territorios «nos dice que la situación está empeorando y esto se debe a que en el momento en el que se pudo haber ocupado el territorio por parte del Estado no se hizo a tiempo», por eso desde la Oficina insisten «mucho» en la necesidad de que «el Estado llegue con toda su institucionalidad a estos territorios que han sido históricamente abandonados y donde los grupos armados han podido instalarse».
«El Estado tiene que dar respuestas en términos de desarrollo en términos de legalidad», para lo que es esencial «la implementación del Acuerdo de Paz y las nuevas oportunidades que genera la paz total».
ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
El informe, además, hace hincapié en dos hechos de violencia: la violencia sexual y de género, y el reclutamiento de menores, dos fenómenos que «se invisibilizan mucho porque no son datos a los que se pueda acceder fácilmente, porque la gente tiene mucho miedo de hablar», pero son «las grandes preocupaciones de las comunidades».
«Los grupos armados ejercen mucha violencia contra la juventud, contra la niñez y contra las mujeres, la guerra se juega en el cuerpo de las mujeres», por lo que la ONU considera «muy importante atender esas situaciones en territorio».
En 2022, se conocieron 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales. De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual, mientras que se tiene conocimiento de la involucración de grupos armados en el traslado de mujeres a territorios con posibles fines de explotación sexual.
COMPROMISO REAL
En este sentido, De Rivero apunta a que «lo que Colombia tiene que resolver son problemas profundos de derechos humanos y la presencia de grupos armados muy violentos contra la población civil», y eso «va a tomar su tiempo».
«No podemos pronosticar un tiempos específico, pero lo importante es que haya el compromiso realmente de llegar a las comunidades, de combatir el racismo estructural que ha existido en el pasado y de atender los derechos económicos y sociales de estas poblaciones», agregó la representante en referencia a la política de paz total que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro.
A este mismo, De Rivero le urgió a adoptar dos de las recomendaciones recogidas en el informe. Una de ellas es la reforma de la Unidad Nacional de Protección: «creemos que el director está atendiendo la situación de corrupción que ha encontrado dentro de la institución, pero hay que reforzarla para que brinde una verdadera protección a defensoras y defensores de derechos humanos».
Otra de las recomendaciones y «la más importante» es que se adopte la política de desmantelamiento de grupos criminales y organizaciones criminales para que se pueda empezar a atender el problema de la violencia en los territorios.
Laia Mataix Gómez