Caracas, 3 abr (EFE).- Un total de 35 ONG de Venezuela pidieron este lunes que se respeten los derechos humanos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado, para todos aquellos funcionarios y empresarios que están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, por los que fueron detenidos en las últimas semanas.
«El derecho a un debido proceso, así como el derecho a la presunción de inocencia, asisten a cualquier persona privada de su libertad en el país. También es necesario recordar que el arresto, la detención o la prisión solo se pueden llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o autorizados para ese fin», señalaron las organizaciones en un comunicado.
Asimismo, dijeron que las personas detenidas fueron presentadas ante tribunales pasado el lapso de 48 horas que establece el artículo 44 de la Constitución, «en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que no son sede judicial».
«También preocupa que uno de los detenidos sea un diputado que no habría sido detenido en flagrancia, pues la información pública hace referencia a una investigación de ‘meses’, y a quien además no se le hizo el antejuicio de mérito oportunamente conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución», agregaron.
Las organizaciones indicaron que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar a todos los responsables de «corrupción estructural y de gran escala» que afecta al país, así como «desmontar los mecanismos y políticas institucionales que la han generado», entre ellas la «falta generalizada de acceso a la información y la ausencia de memorias y cuentas auditables».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el domingo que hasta la fecha hay 44 detenidos por su presunta vinculación en hechos de corrupción relacionada con la estatal petrolera Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), el Poder Judicial y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Estas detenciones se han dado luego de que la Policía Anticorrupción solicitara, a través de un comunicado, la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales».