A través de mensajes en sus cuentas en Twitter, diversas organizaciones se mostraron en contra de que se promueva este proyecto que prohíbe, entre otras cosas, “realizar actividades políticas” y “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, según el plan inicial compartido por algunos legisladores.

Provea, organización que defiende el respeto a los derechos humanos, aseguró que se trata de “un nuevo ataque contra la sociedad y las víctimas, principales beneficiarios de las ONG”.

Detalló que, de acuerdo con el documento difundido, las organizaciones de este tipo “serían multadas hasta con 200 petros (12 mil dólares) si no cumplen con la nueva” normativa ya aprobada en primera discusión.

 

Con esto coincidió la ONG Acceso a la Justicia, que aseguró que esta norma, cuyo contenido no ha sido presentado a la ciudadanía, “pone a las ONG y afines y, en general, a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos”.

 

Pretenden eliminar las ONG

Por su parte, la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseguró que el objetivo de esta nueva norma que se pretende crear es “eliminar el mayor número de ONG en Venezuela”.

Asimismo, Luis Ugalde, religioso y exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que las ONG no son organizaciones “antigubernamentales” y exhortó al Estado a fomentarlas en lugar de controlarlas.

“Atentar contra las ONG es atentar contra la vida nacional. Espero que en el Gobierno haya gente sensata, con experiencia, que viene de ONG, que reconozca la inmensa necesidad que hay en el país”, dijo Ugalde en declaraciones a medios locales.

 

El proyecto, presentado ante la plenaria del Parlamento por el diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, fue respaldado por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores- y ahora entra en un “lapso perentorio de consultas” antes de ser discutida en detalle en la Cámara.

En mayo pasado, unas 500 ONG, venezolanas e internacionales, rechazaron un anterior proyecto llamado Ley de Cooperación Internacional que el chavismo elevó al Parlamento, pero que no fue discutido en plenaria. EFE