Caracas, 25 jul (EFE).- En Venezuela se registraron 214 ataques e incidentes de seguridad contra activistas de derechos humanos durante los primeros seis meses de 2022, informó este lunes la ONG local Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«Entre enero y junio de 2022 se registraron 214 nuevos hechos que comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo que representa una disminución de 43 % en relación al mismo período en el año 2021 cuando se registraron 374 situaciones», detalló la organización en su reporte semestral.
Al respecto, la directora del CDJ, Marianna Romero, explicó a Efe que, si bien se registró una disminución en el número de casos, en su estudio han podido notar un «perfeccionamiento» en las políticas de criminalización y un alto nivel de riesgos para quienes defienden los derechos humanos.
«Destacamos que el nivel de riesgo se mantiene alto y que, si bien hay una disminución en el numero específico de este tipo de agresiones, lo que hemos visto es un perfeccionamiento de esta política de criminalización y cómo los ataques que se han venido empleando tienen un efecto de neutralizar y obstaculizar el trabajo de la sociedad civil de Venezuela», subrayó.
Entre enero y junio pasado se dieron 146 estigmatizaciones contra defensores, 45 hechos de hostigamiento, 14 amenazas, 2 judicializaciones, 2 ataques digitales y otros 5 hechos no identificados, siempre según el informe.
De acuerdo con la ONG, las cifras muestran «cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos».
Ante los hechos, el CDJ alertó que «reforzar» el ideario de que «quienes defienden, denuncian y exigen derechos humanos son enemigos internos del Estado, resulta peligroso», pues puede afectar la integridad y libertad de los activistas.
«Mientras avancen normas, leyes o mecanismos para controlar y restringir el espacio cívico, la situación seguirá empeorando», añadió Romero.
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La ONG exhortó al Estado venezolano al cese de la criminalización y a la derogación de normas que vayan en contra de los estándares internacionales o que limiten la actuación de la sociedad civil.
