Tegucigalpa, 8 jul (EFE).- La Fundación Libertad, en cabeza del dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga, recordó este sábado el quinto aniversario de la «masacre» ocurrida en el departamento (provincia) de Carazo, en el Pacífico de Nicaragua, en la que fueron asesinados al menos 22 opositores que se manifestaban contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
En una declaración pública, la Fundación Libertad sostuvo que esa «masacre» ejecutada por policías, militares y paramilitares como parte de la denominada «Operación Limpieza» contra la población civil que mantenía bloqueos en las vías, «constituye un crimen de lesa humanidad».
«Hoy recordamos con dolor y tristeza los terribles eventos que ocurrieron hace cinco años en Carazo, Nicaragua. Fue un día oscuro en el que las fuerzas policiales, paramilitares y miembros del Ejército del dictador Daniel Ortega llevaron a cabo un ataque brutal contra la ciudadanía», señaló ese organismo.
«Esta agresión militar y paramilitar conocida como «Operación Limpieza» dejó un importante saldo de jóvenes asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a oponerse a un régimen que ya venía asesinando a sangre fría, secuestrando manifestantes, violando los principios democráticos y saqueando nuestros recursos naturales», agregó.
DEMANDAN JUSTICIA Y NO IMPUNIDAD
La Fundación Libertad, que se define como un centro de pensamiento y un espacio de diálogo y promoción de la sociedad libre, abierta, responsable y próspera en Nicaragua y Centroamérica, instó a «recordar a aquellos que perdieron la vida en esta masacre y exigir al unísono: justicia y no impunidad».
«Hoy, desde distintos países y rincones de Nicaragua, seguimos demandando que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad sean llevados ante la justicia para que paguen por sus crímenes. No podemos permitir que la impunidad prevalezca», demandó la ONG.
Para la Fundación Libertad, el 8 de julio es un «día de indignación nacional» por los hechos ocurridos hace cinco años, por lo que reiteraron «el derecho de las víctimas y sus familias a la memoria, verdad y justicia por esos crímenes».
Asimismo, hizo un llamado «a la comunidad internacional para que escuche nuestras demandas de justicia en el marco de los sistemas jurídicos que aceptan el principio de universalidad, dado que en este momento en Nicaragua todo el sistema de justicia está controlado por el régimen sandinista».
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN
«Sostenemos que estas graves violaciones a los derechos humanos no admiten prescripción en el tiempo. Los crímenes de lesa humanidad tampoco admiten amnistías de ningún tipo», anotó.
Ese organismo se comprometió «a continuar trabajando vehemente en la búsqueda de la justicia y, sobretodo, acompañar a las familias de las víctimas, así como a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que ya han iniciado procesos legales en jurisdicciones internacionales, que acogen el principio de la universalidad y la extraterritorialidad para conocer esos casos, como es el ejemplo de Argentina».
«Vamos a seguir exigiendo que se investiguen y se castiguen todos los crímenes cometidos. Todos. No podemos permitir que las voces de los caídos sean silenciadas y olvidadas. Debemos estar claros que para que Nicaragua tenga futuro, debe haber justicia y memoria. ¡Basta ya de impunidad!», concluyó.
El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300».