Caracas, 9 nov (EFE).- Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron este sábado «justicia y libertad» para la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG dedicada a asuntos militares Control Ciudadano, quien fue detenida el 9 de febrero de este año de forma «arbitraria».
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció la «injusticia que se comete contra Rocío San Miguel», cuyos derechos fundamentales -aseguró- «no han sido respetados«.
«Exigimos justicia y libertad para Rocío y todas las presas políticas», expresó la ONG a través de la red social X, donde compartió una fotografía de la activista.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró que San Miguel es una «incansable defensora de derechos humanos que merece justicia», por lo que la organización, en un mensaje en X, pidió su liberación, así como el cese de las «detenciones arbitrarias».
La presidenta de Control Ciudadano es una de las 243 mujeres que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos «políticos» en el país, de un total de 1.958, la gran mayoría aprehendidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
San Miguel, acusada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro, fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo en febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.
El pasado julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que su institución ha documentado un incremento de «las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas».
Türk denunció entonces 38 casos de «detención arbitraria» en este sentido, y mencionó los casos concretos de San Miguel y Carlos Julio Rojas, «detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección».
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