Las organizaciones no gubernamentales Acceso a la Justicia, Foro Penal y Espacio Público cuestionaron que la reforma parcial de la Ley Contra el Odio conserve la imposición de multas, sanciones y prohibiciones que oscilan entre los 500 y 10.000 euros, por lo que exigen su derogación.
La ONG Acceso a la Justicia analizó el proyecto planteado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La norma establece que “los infractores serán sometidos a la imposición de multas que pueden llegar a 10.000 veces la moneda de mayor valor”, un aspecto que, a juicio de la organización, ratifica la continuidad de procesos arbitrarios en el país.
Bajo esta premisa, la ONG exigió la eliminación de una ley que en la práctica solo ha sido utilizada para “perseguir y encarcelar a la disidencia”, aseguró.
Por su parte, Foro Penal documenta 927 casos de personas detenidas en Venezuela por el delito de “instigación al odio“. En la opinión del abogado Gonzalo Himiob, director de la ONG, “cambiar el tipo de pena, de una ‘corporal’ a otra ‘no corporal’ no es ‘quitarle el carácter punitivo’ a una ley”, señaló.
En materia de libertad de expresión, Espacio Público advirtió que la reforma de la Ley contra el Odio “elimina la cárcel, pero mantiene la censura“. Cuestionó que el Ministerio de Relaciones Interiores, a cargo de Diosdado Cabello, sea el encargado de imponer las multas.
“Con la reforma presentada por Delcy Rodríguez continúa vigente el control arbitrario de plataformas y medios: las empresas de redes sociales siguen obligadas a retirar ‘inmediatamente’ contenidos, sin orden judicial. El Estado puede ordenar la difusión de mensajes, y ese deber se extiende a todo prestador de servicios de comunicación”, denunció la ONG.
Pese a los cambios en la ley, Espacio Público alertó que la norma “mantiene abierta la vía penal”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, mientras que el delito de instigación al odio, respaldado en el artículo 285 del Código Penal, “sigue vigente”.
Para el experto en Derecho Internacional, Mariano de Alba, “varias de las disposiciones de la norma siguen siendo incompatibles con el derecho a la libertad de expresión”, afirmó.