Caracas, 3 mar (EFE).- La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este lunes que un grupo de presos del Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), inició una huelga en protesta contra las «condiciones inhumanas y la grave vulneración de sus derechos» en el centro de reclusión.
A través de X, la organización alertó que esta protesta -en la que no participan todos los detenidos, según precisó- es un «acto extremo» de quienes -añadió- siguen «siendo víctimas de un patrón sistemático de maltrato y negligencia».
En este sentido, la ONG detalló que, según «testimonios recabados», los internos enfrentan «traslados arbitrarios, requisas abusivas, retrasos procesales injustificados y la suspensión de las visitas familiares».
«A esto se suman condiciones de hacinamiento extremas, alimentos en mal estado o insuficientes, y la humillación constante hacia los familiares que intentan ejercer su derecho a brindar apoyo», agregó.
La ONG aseguró que «la falta de atención médica oportuna y la tortura física y psicológica son una constante que afecta profundamente la salud y la dignidad de los detenidos».
Además, manifestó su preocupación en cuanto a las excarcelaciones anunciadas por la Fiscalía desde noviembre, ya que -explicó- «han estado limitadas a casos poselectorales, excluyendo a aquellos que siguen esperando justicia en condiciones deplorables desde mucho antes de esos eventos».
JEP exigió de «manera urgente» que se «garantice la integridad física y psicológica de todos los internos de el Helicoide» y pidió a las autoridades «poner fin» a las que consideran «condiciones de tortura, maltrato y hacinamiento que prevalecen en ese y todos los centros de reclusión».
Al respecto, el partido opositor Voluntad Popular (VP) hizo un llamado en X a la comunidad internacional para velar por la integridad física de los detenidos que están protestando, al tiempo que responsabilizó a la Administración de Nicolás Maduro de la vida de todas las personas que considera «injustamente» arrestadas.
Más temprano, la Fiscalía informó sobre 110 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de la crisis poselectoral, para un total de 2.006, como parte -según el órgano de investigación- de un proceso en coordinación con el Poder Judicial para la concesión de «beneficios procesales».
Después de las presidenciales, se desató una crisis por la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora al resultado proclamado por el ente electoral, que declaró ganador a Nicolás Maduro, lo que derivó en protestas.
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En este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, según la Fiscalía, a quienes varias ONG y partidos antichavistas defienden como «inocentes».
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