Caracas, 12 feb (EFE).- Un total de 204 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela denunciaron este lunes la «desaparición forzada» de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida el pasado viernes y cuyo paradero aún se desconoce, según denuncia su defensa.
En un comunicado el grupo de ONG y activistas de derechos humanos expresó su «más firme rechazo a la detención arbitraria y la desaparición forzada por más de 60 horas de la defensora de derechos humanos», quien fue detenida, recordó el grupo, el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Aseguró que siguen sin tener detalles de la ubicación de San Miguel, pese a que este domingo el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que fue detenida por su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan para asesinar al mandatario Nicolás Maduro.
«Saab reconoció, a través de su cuenta de X, la detención de la defensora, alegando una supuesta orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada a tramas conspirativas. Sin embargo, se desconoce aún su paradero, el cuerpo de seguridad a cargo, ni se ha podido constatar su estado de salud físico e integridad», alertó.
Las organizaciones y activistas exigieron la «inmediata liberación» de la defensora de derechos humanos, así como el pronunciamiento de organismos internacionales que defienden garantías básicas reprochando esta detención.
El abogado Juan González Taguaruco, parte de la defensa de San Miguel, indicó a medios locales que la mañana de este lunes recorrieron varios centros de detención en Caracas sin que hasta el momento ningún cuerpo policial admita tener detenida a la activista.
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Además, denunció que hace más de 48 horas que perdieron comunicación con la hija de San Miguel, quien se encontraba con ella al momento de su detención y estuvo informando a sus abogados sobre los hechos.
Amnistía Internacional (AI) pidió este domingo la libertad «inmediata e incondicional» de la activista, así como respeto a sus derechos y a la «medida cautelar de protección dictada a su favor» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.
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