Los profesionales y juristas que conforman la ONG Conciencia es Dignidad se pronuncian con profunda indignación ante el espantoso crimen cometido por el Estado venezolano contra Víctor Hugo Quero Navas, ciudadano venezolano detenido, en desaparición forzada por más de un año y ahora muerto bajo custodia del Estado. Su muerte fue confirmada tardíamente por las propias instituciones del interinato luego de meses de silencio, ocultamiento y sufrimiento infligido a su familia.
En una especie de confesión institucional, el Ministerio Público reconoció finalmente que Víctor Hugo Quero Navas había fallecido hacía 1 año y 3 meses, mientras permanecía bajo custodia del Estado. La revelación no sólo expone la brutal deshumanización del sistema judicial y penitenciario, sino que deja al descubierto un patrón sistemático de desaparición forzada, opacidad oficial y negación del derecho a la verdad.
Veamos los hechos
Durante 16 meses, la señora Carmen Teresa Navas, de 81 años de edad, recorrió cárceles, organismos públicos y oficinas del Estado buscando desesperadamente una fe de vida de su hijo, detenido el 3 de enero de 2025. Su peregrinaje estuvo marcado por la indiferencia, el desprecio institucional y la revictimización permanente. La respuesta oficial fue siempre la misma: “no está aquí y no sabemos dónde está”.
El pasado 7 de mayo de 2026, en una reunión sostenida con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Carmen Teresa Navas recibió finalmente la devastadora noticia: su hijo había muerto el 27 de julio de 2025, supuestamente por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, según el comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
La tragedia adquiere dimensiones aún más estremecedoras al conocerse que durante nueve meses el Estado venezolano ocultó deliberadamente la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, mientras su madre seguía buscándolo vivo por distintas cárceles del país.
Al acudir al lugar donde supuestamente reposan sus restos, la señora Navas encontró una escena indigna incluso para los estándares mínimos de humanidad: una lápida improvisada hecha con una lámina metálica y un papel pegado con su nombre, compartiendo tumba con otra persona desconocida. Sin ceremonia, sin identificación forense transparente, sin entrega oficial del cuerpo y sin explicación coherente sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Ante estas graves irregularidades, la familia exige la inmediata exhumación e identificación científica del cadáver para determinar si realmente corresponde a Víctor Hugo Quero Navas y establecer las verdaderas causas de su muerte. Lo cierto es que la Fiscalía aún de oficio debió aplicar el Protocolo de Minnesota por tratarse de una muerta potencialmente ilícita.
Desde el análisis de Conciencia es Dignidad resulta especialmente alarmante que la propia Defensoría del Pueblo, mediante documento fechado el 24 de octubre de 2025, afirmara que Víctor Quero se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I, pese a que, según la versión oficial, ya para esa fecha habían transcurrido tres meses desde su fallecimiento. ¿Cómo puede un órgano del Estado certificar la presencia de un ciudadano presuntamente muerto? ¿Quién falseó la información? ¿Quién ocultó deliberadamente la verdad a su madre? ¿Quién responderá por esta monstruosa cadena de encubrimientos?
Otro hecho confuso
Aún más cruel resulta saber que apenas un día antes de que se hiciera pública la noticia de su muerte, a Víctor Hugo Quero se le negó el beneficio de amnistía solicitado por su defensa. El Tribunal Segundo de Control argumentó que los delitos imputados —terrorismo, conspiración y traición a la patria— no calificaban para dicho beneficio, pese a que el procesado ya se encontraba, presuntamente, muerto desde hacía meses.
Víctor Hugo Quero Navas era vendedor informal y sostén económico de su madre anciana. “El único que me ayudaba a pagar mis medicinas, mis gastos y mi condominio era mi hijo”, declaró entre lágrimas Carmen Teresa Navas ante diversos medios de comunicación. Hoy no sólo enfrenta el dolor de perderlo, sino también la angustia de no saber realmente qué ocurrió con él dentro del sistema penitenciario venezolano.
Los juristas de Conciencia es Dignidad recuerdan que el Estado venezolano tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la vida, salud e integridad física de todas las personas privadas de libertad. La muerte de un detenido bajo custodia estatal compromete directamente la responsabilidad del Estado.
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha documentado de manera reiterada muertes bajo custodia asociadas a torturas, enfermedades no atendidas, tratos crueles y condiciones infrahumanas de reclusión. En su informe más reciente, dicha organización señaló que al menos 22 presos políticos han fallecido bajo custodia estatal desde 2015.
Asimismo, ha advertido sobre patrones de desapariciones forzadas, incomunicación y negación de información a familiares de detenidos por motivos políticos.
Casos como el del concejal opositor Fernando Albán o el activista Hugo Marino reflejan que el caso de Víctor Hugo Quero Navas no constituye un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática que ha convertido las cárceles venezolanas en espacios de sufrimiento, desaparición y muerte.
Desde Conciencia es Dignidad exigimos:
- *Una investigación independiente, transparente y con acompañamiento internacional sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, con aplicación de los estándares técnico legales previstos en el Protocolo de Minesota.
- *La inmediata exhumación e identificación forense de los restos entregados a su familia.
- *Determinación de responsabilidades penales, administrativas y políticas por la ocultación de información.
- *Fe de vida inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos.
- *El cese de las desapariciones forzadas y de los tratos crueles e inhumanos.
- *La liberación de los casi 500 presos políticos que permanecen detenidos en condiciones incompatibles con la dignidad humana.
Sin dudas, la historia de Carmen Teresa Navas es el retrato desgarrador de miles de madres venezolanas condenadas a buscar respuestas en un sistema que responde con silencio, miedo y encubrimiento. Ningún país puede llamarse democrático mientras sus ciudadanos desaparecen bajo custodia del Estado y sus familias deben mendigar información sobre sus seres queridos.
Víctor Hugo Quero Navas no murió solamente de una enfermedad. Murió abandonado por un sistema que debía protegerlo y terminó convirtiéndose en su verdugo.
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