ONG advierte sobre riesgo de criminalización de 33 personas LGBTI detenidas en Venezuela

Un grupo de personas participan en una manifestación por derechos de la comunidad LGBTI, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

 

Caracas, 26 jul (EFE).- El Observatorio de Violencia LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) de Venezuela advirtió este miércoles sobre el riesgo de criminalización de 33 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+ detenidas en el estado Carabobo (centro), durante un procedimiento policial en un local privado.

«El OVV LGBTIQ+ alerta que podría estar iniciando un proceso de criminalización de personas LGBTIQ+ en el país a partir de la detención de 33 personas LGBTIQ+», dijo la organización en una nota de prensa.

Relató que los 33 ciudadanos fueron detenidos «arbitrariamente» el pasado lunes, durante un procedimiento activado tras una «denuncia anónima».

Indicó que durante la acción policial «se incautaron objetos personales y se realizó una minuta que luego fue difundida en redes sociales, exponiendo los nombres y fotografías» de los detenidos.

«Desde el OVV LGBTIQ+, exigimos no solo la liberación inmediata de estas personas, sino que se investigue el origen de la denuncia y se procese a quienes activaron el aparato del Estado por prejuicio y discriminación basada en orientación sexual», solicitó la ONG.

Agregó que, tras la detención de estas personas, «varios grupos familiares han informado que están siendo extorsionados por funcionarios«, por lo que pidió a la Fiscalía investigar estas denuncias y «velar por el debido proceso de los ciudadanos detenidos».

El observatorio recordó que «ser LGBTIQ+ no es un delito», y pidió a la sociedad civil «alzar la voz y solidarizarse con los afectados», pues este hecho podría derivar en otras vulneraciones a los derechos humanos.

Esta organización, creada en 2022 para documentar la discriminación que sufre el colectivo en el país, contabilizó 97 agresiones a personas LGBTI en pasado año, según un informe difundido en abril.

Remarcó entonces que persiste «el no reconocimiento ni respeto a identidades de género», así como el despido de sus trabajos a personas por ser abiertamente LGBTI y la «privación de medios económicos».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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