OIM, Diócesis de San Cristóbal y Hias inician proyecto para atención de mujeres víctimas de trata y violencia

El proyecto busca rescatar a mujeres víctimas de trata y violencia de género, así como a sus hijos menores de edad. Brindar asistencia legal, psicosocial, entre otros.

El proyecto busca asistir y proteger a quienes han sido víctimas de trata de personas, además de trabajar también en la prevención. Fotos: Mariana Duque

El pasado viernes 10 de mayo en el Auditorio de la Universidad Católica del Táchira (Ucat) fue presentado el Proyecto de Protección y Lucha contra la Trata de Personas impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en coordinación con la Diócesis de San Cristóbal y la organización Hias, el cual busca ayudar y proteger a las mujeres que han sido víctimas de este flagelo y también de violencia de género.

En el evento se contó con la presencia del Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta; de la jefa de Misión de la OIM Venezuela, Lia Poggio; de la jefa de Misión Táchira, Norma Ferrer, de la jefe del programa de la Fundación Familia Tachirense (Fundafamilia) y de la directora del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescentes de la Alcaldía del municipio San Cristóbal, Viviana Castillo.

Norma Ferrer, jefa de Misión de la OIM en Táchira y especialista en la lucha contra la trata, precisó durante la presentación del proyecto, que con la Diócesis gestionarán la casa de atención a mujeres rescatadas, y a través de Hias contarán con la gestoría de casos, acompañamiento legal y psicosocial. También trabajarán en la detección de sobrevivientes, asistencia directa, con necesidades de protección específica, campañas informativas y de sensibilidad.

Hias también levantará informes de necesidades y riesgo, orientará para la restitución de derechos para llegar a la reparación, apoyará con transporte humanitario para llevar a la víctima a la ciudad de origen, pues en la mayoría de los casos las afectadas no son del Táchira. También recibirá derivaciones, es decir, si el Ministerio Público tiene una víctima con necesidad de alojamiento.

El proyecto está enfocado en la prevención, protección y prosecución, buscando ent

En el proyecto articulan esfuerzos la OIM, Diócesis de San Cristóbal y Hias. Foto: Mariana Duque

re otras cosas la articulación entre ONG e instituciones públicas, pues la OIM funciona como un ente de apoyo al Estado.

Ferrer detalló que en el centro de asistencia atenderán hasta a 12 mujeres de manera simultánea, quienes podrán ingresar con sus hijos de hasta 17 años de edad, dependiendo del espacio que exista en el momento. Recibirán a quienes han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual, laboral, de servidumbre y que hayan escapado de una extracción de organos.

También a niños, niñas y adolescentes que viajen no acompañados, de la manos de los consejos de protección pues requieren de una medida de protección para ser atendidos; así como mujeres embarazadas, con alguna discapacidad y VIH.

Este proyecto se estará desarrollando en los estados Táchira, Bolívar, Amazonas, Zulia, Aragua, Apure, Monagas, Delta Amacuro, Falcón y Distrito Capital, pero contarán con alojamiento seguro en Táchira, Bolívar, Zulia, Apure. Algunos de estos espacios están recibiendo rehabilitación.

Venezuela no escapa de la trata

La jefa de Misión de la OIM Venezuela, Lia Poggio, indicó que en los paises en donde hay mayor movilidad humana, hay más incidencia de trata de personas, por lo que Venezuela no escapa de este flagelo que afecta en mayor medida a los más vulerables, como lo son los niños, niñas y adolescentes y las mujeres.

Precisó que han identificado a venezolanos víctimas de trata en Aruba, Colombia, Costa Rica, México, España, Surinam, Trinidad y Tobago, entre otros países de América Latina y El Caribe. La captación se estaría llevando a cabo tanto en el país de origen, como durante el transito y el país de destino.

Dicha captación se logra por medio de faltas ofertas de empleo como cocineros, amas de casa, en centros estéticos, para atención en restaurantes, y las invitaciones han aumentado a través de las redes sociales como Facebook y Whatsapp. Las redes de trata le pagan a la víctima el traslado y al llegar al lugar de destino les indican que tienen una deuda y los sotemen a la explotación. En algunos casos son entregados a otros grupos delictivos.

«Venezuela tiene un gran reto. Gran cantidad de personas se han visto afectadas porque la movilidad humana aumenta la exposición de las personas», dijo, al tiempo que agregó que el estado Táchira es emblemático en estos casos por ser puerta de entrada y salida de migrantes, además de su extensión geográfica que es amplia.

Destacó Lia Poggio que este flagelo es investigado frecuentemente para identificar cómo mutan tanto las tendencias como las dinámicas que lo caracterizan, y precisó que la víctima de tráfico de personas tiene un impacto en toda la sociedad en su conjunto, a nivel individual, a nivel familiar y también de comunidades, por lo que todo su entorno se ve afectado, de ahí la importancia de las actividades y esfuerzos que se hacen para la detección, la identificación, la derivación y la asistencia a la víctima.

“La trata de personas cuenta con sofisticados niveles de organización y estructuras y que pueden penetrar en diferentes sectores y tienen capacidad de traspasar fronteras debido principalmente a su carácter oculto, al desconocimiento general del delito y también a la característica de la victimización, a veces estamos enfrente de una invisibilización del fenómeno o también a la naturalización de alguna forma de explotación”, dijo.

Acotó que los datos sobre el número de víctimas de trata a nivel global han aumentado de forma relevante desde el 2021 y por consecuencia también en América Latina y Europa.

“En la región una de las principales formas de trata de personas que han sido detectadas por las autoridades es la explotación sexual, la trata para fines de explotación sexual. Sin embargo, hay otras formas de trata para otros fines, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la mendicidad forzada, la extracción de órgano y así como otras formas de explotación”, agregó.

Según cifras recolectadas por la OIM en 2022 en Centroamérica y El Caribe, el 81% de las víctimas sufren explotación sexual y un 13% se encuentran sujetas al trabajo forzoso, mientras que un 6% están sometidas a otras modalidades de trata, como el reclutamiento para actividades delictivas, mendicidad forzosa y también la adopción ilegal.

En América del Sur, la explotación sexual predomina con un 64% de los casos, arrojando un 96% de víctimas mujeres; mientras que el trabajo forzoso es la segunda forma de explotación más común, con un 35% en comparación con otras formas que representan solo un 12.5%. Esto indica, que también hay hombres y adolescentes que son víctimas del trabajo forzoso.

La mujer, la primera víctima
El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, manifestó que la mujer es una de las primeras víctimas de este delito. «Este negocio, como lo llaman algunos, es más productivo en términos económicos que el narcotráfico por muchas razones. La mujer es esta primera víctima y no importa la edad, desde niñas y adolescentes hasta personas mayores”, dijo.

Precisó Monseñor Moronta que a este tráfico de personas se une la violencia en contra de la mujer en diversas maneras, por lo que recordando a San Juan Pablo II indicó que es urgente alcanzar la igualdad de los derechos de las personas, y por tanto igualdad de salario respecto a igualdad de trabajo, tutela de la trabajadora madre, justas promociones en la carrera, igualdad de los esposos en el derecho de familia, y condenar la cultura comercial que promueve la explotación sistemática de la sexualidad.

La presentación del proyecto se realizó en la auditorio de la Universidad Católica del Táchira (UCAT). Foto: Mariana Duque

Para Moronta es urgente que toda la sociedad condene estas prácticas y evite caer en un normalismo declaracionista , así como cuidar que las instituciones sean realmente efectivas en la lucha en contra de todos estos flagelos.

“Es necesario ser cada vez más conscientes de que la trata de personas es un crimen de lesa humanidad que niega en sustancia la dignidad humana al menos de dos formas, pues desfigura la humanidad de la víctima perdiendo su libertad y su dignidad, pero al mismo tiempo deshumaniza a quienes la llevan a cabo, en esta línea nuestra iglesia local de San Cristóbal no ha cesado en denunciar a tiempo y a destiempo este crimen de lesa humanidad”, agregó.

Precisó que de diversas maneras la Iglesia ha asistido a mujeres que han sufrido o sufren violencia , y que algunas de esas denuncias han motivado a investigaciones de entes gubernamentales y de seguridad para comprobar la gravedad de los hechos.

Defensoría del NNA

Viviana Castillo, de Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes del municipio San Cristóbal, indicó que para rescatar a los menores de edad que viajan solos y llegan al Terminal de Pasajeros de la capital tachirense, habilitaron una defensoría de atención especial a través de la cual han recuperado a un número importante de NNA.

Precisó que para combatir la trata de menores de edad es importante extender esta iniciativa a los municipios Bolívar y Pedro María Ureña de la frontera colombo venezolana, y que posteriormente también sean creados a nivel nacional, pues existen funcionarios de diversos organismos que se hacen cómplices del rapto de menores con estos fines.

Indicó que sería de ayuda que las casas de paso de la OIM sirvan como lugares de resguardo mientras el Estado ejecuta las medidades de abrigo a que de lugar cada caso.

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