ODH-ULA registró 299 protestas sociales en la región andina durante 2021

El estado andino donde hubo más protestas fue Trujillo, con 108 manifestaciones ocurridas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021.

(Mérida, 31/01/2022).- En los estados Mérida, Táchira y Trujillo ocurrieron 299 protestas sociales durante el año 2021, según registros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). La exigencia de servicios básicos, suministros médicos y de bioseguridad ante la COVID-19 y el rechazo a detenciones arbitrarias fueron los principales motivos de las manifestaciones.

El estado andino donde hubo más protestas fue Trujillo, con 108 manifestaciones ocurridas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021. En Mérida se registraron 106 y en Táchira 85. El mes en el que hubo mayor número de protestas fue julio, con 80 manifestaciones, es decir más de dos diarias. Estas cifras corresponden al trabajo de monitoreo que realiza diariamente el ODH-ULA a través de redes sociales, publicaciones en medios de comunicación y denuncias ciudadanas.

 

Precariedad de los servicios básicos: principal causa de protesta

De las 299 protestas registradas, casi el 50% tuvo como motivo las fallas de los servicios básicos. En 141 ocasiones, habitantes de Los Andes salieron a las calles para exigir combustible, agua, gas doméstico, electricidad o servicio de aseo urbano.

El 44% de las protestas ocurridas en rechazo a la precariedad de los servicios básicos fueron por escasez de combustible. Un 30% tuvo como motivo las constantes fallas del servicio de agua potable; 11% fueron causadas por apagones y fluctuaciones de voltaje en el servicio eléctrico; 6% por falta de gas doméstico y 1% para exigir la recolección de desechos sólidos. Otras 10 manifestaciones, que representan el 7% del total registrado, se hicieron para exigir otros servicios básicos.

 

Salud, trabajo y rechazo a detenciones arbitrarias

El segundo motivo más recurrente de las protestas sociales hechas en la región andina de Venezuela durante 2021 fue la exigencia de medicamentos, suministros médicos, equipos de bioseguridad para la prevención de la COVID-19 y asistencia médica. Un total de 54 manifestaciones tuvieron como causa las deficiencias del sistema público de salud.

Seguidamente, las protestas para exigir salarios justos, presupuesto y respeto a derechos laborales fueron la tercera causa de las manifestaciones sociales registradas en los tres estados andinos. En 30 ocasiones durante el año pasado, trabajadores y jubilados del sector público salieron a las calles para reclamar mejores sueldos y denunciar violaciones de sus derechos laborales. Cinco de estas manifestaciones fueron protagonizadas por miembros de la comunidad universitaria y otras cinco por pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El rechazo a detenciones arbitrarias también constituyó la causa de 25 protestas en Mérida, Táchira y Trujillo durante 2021. El arresto sin orden judicial de tres miembros de la organización no gubernamental (ONG) Fundaredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, ocurrido el 2 de julio de 2021, fue una de las causas de este tipo de manifestaciones.

 

Otras 49 protestas

Finalmente, las otras 49 protestas sociales que suman el registro total del ODH-ULA tuvieron como causas otros aspectos de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela, como violaciones a distintos derechos humanos, la exigencia del derecho a la educación, el rechazo a la violencia de género y la denuncia de irregularidades cometidas en el proceso electoral del pasado 21 de noviembre.

Este observatorio exhorta a las autoridades del Estado venezolano a cumplir con los mandatos constitucionales y legislativos que establecen la protección y garantía de todos los derechos humanos, civiles, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía nacional. Las violaciones a los mismos que ocurran en la región andina del país seguirán siendo documentadas y denunciadas por esta organización no gubernamental.

 

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Cortesía: Equipo de Prensa

Observatorio de Derechos Humanos

Universidad de Los Andes. Mérida – VE

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