Mérida, 9 de abril de 2026.— El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta y el Centro para la Paz y Derechos Humanos «Padre Luis María Olaso» de la Universidad Central de Venezuela, presenta el resumen de los hallazgos más relevantes sobre la situación de las universidades en Venezuela registrados en 2025.
El análisis cuantitativo y cualitativo de los 12 reportes mensuales que publicó el ODH-ULA en 2025 revela un patrón sistemático de control institucional, asfixia económica y persecución política contra universitarios. Estas acciones no son nuevas y han socavado la existencia misma de la educación superior autónoma en Venezuela.
El registro cuantitativo totalizó 294 hechos y acciones que afectaron el derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario. Los principales agresores fueron actores estatales —principalmente de los sectores educativo, judicial, policial y militar—, seguidos por civiles armados y colectivos.
Violación a la autonomía universitaria
Durante 2025, el Estado venezolano intensificó su intervención en las universidades autónomas, mediante mecanismos administrativos y judiciales. La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) continuó con la asignación abusiva de cupos, superando en algunos casos 700 % de la capacidad real de las instituciones para atender nuevos estudiantes.
Además, el 26 de junio de 2025 el Consejo Nacional de Universidades (CNU), siguiendo lineamientos del Ministerio de Educación Universitaria, anunció la eliminación de las pruebas internas para la admisión de bachilleres en las universidades públicas del país. Esta medida, que vulnera la autonomía universitaria, deja como único mecanismo válido de admisión el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), gestionado por la OPSU.
En la misma línea de arbitrariedad, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantuvo suspendidas las elecciones de autoridades en universidades como la ULA, que no ha podido renovarlas desde hace más de 15 años. El 28 de mayo de 2025, el TSJ también dictó una medida cautelar contra la ULA para forzarla a aceptar la asignación de cupos excesiva hecha por la OPSU.
También se documentó el despojo arbitrario de propiedades universitarias por parte de instituciones estatales y autoridades impuestas. Destacan los casos de la apropiación por parte de la Alcaldía del municipio Libertador (Caracas) de 10 hectáreas ubicadas en la Zona Rental Norte de Plaza Venezuela, pertenecientes a la Universidad Central de Venezuela (UCV), así como el uso indebido de espacios del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Simón Bolívar (USB) por parte del rector interino Jorge Stephany.
Finalmente, en febrero y abril, respectivamente, representantes estudiantiles denunciaron la incursión de funcionarios de seguridad armados y grupos no identificados en recintos académicos de la UCV y la ULA.
Restricciones presupuestarias
La política de «asfixia presupuestaria» contra las universidades autónomas que mantiene el gobierno venezolano desde hace casi dos décadas alcanzó niveles críticos en 2025. Según declaraciones de autoridades universitarias, estas instituciones apenas recibieron entre 0,09 % y 5 % del presupuesto solicitado para su funcionamiento.
Una de las consecuencias de la falta de recursos es el creciente deterioro de la infraestructura del pabellón de Biología de la USB, la falta de servicios básicos como agua y electricidad por años debido al impago y la paralización de comedores y rutas de transporte.
En cuanto a los trabajadores universitarios, estos sufren una «desalarización» de facto desde hace años. Para finales de 2025, el sueldo de un profesor titular —el más alto escalafón— se ubicó por debajo de los 2 dólares mensuales. Esta realidad provocó una pérdida de la planta profesoral de hasta 50 % en instituciones como la UCV y una deserción estudiantil masiva, especialmente en las carreras de Educación.
En total, el ODH-ULA documentó 164 acciones que vulneraron la autonomía financiera y los derechos laborales de los universitarios. Esa cantidad constituye 56 % del registro anual de vulneraciones. En esta categoría se agrupan las denuncias por asfixia financiera, falta de pago de bonos vacacionales, salarios de pobreza extrema y el colapso de servicios básicos.
Detenciones arbitrarias, persecución política y protestas
El año 2025 estuvo marcado por una escalada represiva contra profesores, trabajadores universitarios y estudiantes. En total, se registraron 82 hechos de represión que incluyeron detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento en domicilios de académicos y desapariciones forzadas de corta duración.
El ODH-ULA documentó al menos 28 detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad universitaria. Entre los detenidos figuraron los profesores Carlos Correa, Enrique Márquez (excandidato presidencial), Rodrigo Cabezas, Nicmer Evans, Jesús Armas y Ricardo Berríos, así como estudiantes arrestados mientras realizaban sus tesis de grado.
A pesar de la represión, la comunidad universitaria mantuvo una presencia constante en las calles durante 2025, con 73 manifestaciones registradas por el ODH-ULA. Las acciones de protesta fueron motivadas principalmente por la exigencia de salarios dignos, la denuncia del colapso de la infraestructura universitaria, la represión contra profesores, el asedio policial contra recintos universitarios y la falta de garantías para celebrar elecciones libres, así como para exigir la liberación de los presos políticos.
Derecho a la ciencia
El sistema científico venezolano se encuentra en estado de colapso. Así lo afirmaron científicos venezolanos el 31 de octubre de 2025, en el foro «El deterioro de la ciencia en Venezuela», transmitido por el medio de comunicación digital Analítica TV.
Benjamín Scharifker, exrector de la USB y de la Universidad Metropolitana, indicó que Venezuela pasó de producir 5 % del conocimiento regional a menos de 0,5 %. Por su parte Jaime Requena, científico y exdirector del IDEA, señaló que cada año el país pierde entre 400 y 600 científicos, principalmente por la migración forzada. «Hoy quedan poco más de mil activos en el país», precisó.
Durante 2025, investigadores universitarios denunciaron que los estímulos económicos que ofrece el Estado, como el Programa de Estímulo al Investigador (PEI), resultaron en pagos insignificantes de hasta menos de un dólar.
Finalmente, el reporte universitario de agosto de 2025 refiere la investigación periodística «Experimento fallido. El fracaso de la Misión Ciencia en Venezuela», hecha por la Red de Periodistas de Investigación de Venezuela y CONNECTAS. Este trabajo revela con datos, evidencias en campo y testimonios cómo ha sido el declive de la ciencia en el país debido a su politización y recursos que no se invirtieron.
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