Este lunes 11 de junio se cumple un mes del ajusticiamiento en Rubio del productor agropecuario Carlos Manuel Tarazona, conocido popularmente como “Cocha”, por parte de comandos del crimen o escuadrones de la muerte, representados por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Venezolana (FAES), quienes de manera alevosa acabaron con la vida del dueño del matadero Baritalia, ubicado en los alrededores de la capital del municipio Junín del estado Táchira, afirmó Walter Márquez parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos.
El parlamentario expresó que en este caso se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios del estado venezolano al negar el acceso a la justicia a los familiares y abogados de la víctima, quienes luchan para el esclarecimiento del asesinato de este productor.
Este hecho que conmovió a la opinión pública de Rubio, así como a nivel regional y nacional, está siendo investigado por un grupo de abogados junto con los concejales de la comisión de derechos humanos del Concejo Municipal de Junín que integran Marleni Mora y Danny Carrillo, y el apoyo de la Fundación El Amparo que preside Walter Márquez, quien destacó que “nos hemos conseguido con grandes obstáculos, entre ellos el que a la madre de la víctima, Victoria Medina, se le negó el otorgamiento del poder para los abogados en las notarías de la ciudad de San Cristóbal, alegando que existen “órdenes superiores”.
Esta situación es muy grave –dijo-, a lo cual se suma que el Ministerio Público a través de la Fiscalía 20 de San Cristóbal se negó a facilitarle a la madre y a sus abogados el acceso a las actas procesales y copia de las mismas, violando el artículo 49 de la Constitución de la República que garantiza el debido proceso, el derecho a la defensa, a la asistencia jurídica, y el acceso a la justicia a los familiares de la víctima, así como a los abogados a quienes se les está privando de cumplir con la asistencia jurídica y su derecho al trabajo.
Manifestó Walter Márquez que esta situación contradice la norma constitucional en su artículo 5 de un estado de derecho y de justicia, “por esa razón le solicito al Fiscal Superior del Táchira, Jhonny Barrios, que intervenga en la solución de esta situación, al igual que al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a quien conocí como verdadero defensor de los derechos humanos, pues no debe encubrir crímenes como el de Carlos Manuel Tarazona; y la misma petición la hago a Freddy Bernal, quien fuera compañero en el parlamento, que por sus raíces tachirenses debe respetar los derechos humanos ante un crimen alevoso como el de ‘Cocha’”.
Destacó Márquez que de acuerdo a su amplia experiencia en investigación de masacres y crímenes en casos anteriores, es inocultable e irrefutable que en Baritalia, en Rubio, el pasado 11 de mayo hubo un ajusticiamiento contra Tarazona, pues “hemos conversado con innumerables testigos, hemos hecho experticias en el terreno acompañados de criminólogos y abogados penalistas, y hay suficientes pruebas que demuestran que hubo un uso excesivo de la fuerza en ese procedimiento; las características de lo ocurrido señalan que hubo un vil asesinato, un ajusticiamiento, pero lo más grave es que no solo fue un homicidio físico, sino que pretendieron linchar a la víctima moralmente acusándolo de hechos sin fundamentos, y ahora obstaculizan las investigaciones negando algo que jamás se había visto, ni siquiera en la época de las férreas dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, como es negar el derecho a una representación jurídica por los abogados de las víctimas”.
Operación “manos de papel”
Esta denegación de justicia –aclaró Márquez- no solo se está dando en el caso del asesinato de Carlos Manuel Tarazona, sino que también se ha presentado en varios procedimientos relacionados con la operación “manos de papel”, en la que a los detenidos le decomisaron dinero, el cual ha desaparecido, y los vehículos retenidos están siendo utilizados de manera particular por funcionarios militares y policiales, en varios casos comprobado su uso incluso fuera del Táchira, como lo demuestran los reportes de los GPS, y además la lista de los procesados fue enviada a las notarías del Táchira para que se les niegue la firma de los poderes a sus abogados defensores.
Finalmente indicó Márquez, defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, que lo que está ocurriendo con el ajusticiamiento de “Cocha” y la operación “manos de papel” en el Táchira es extremadamente grave dentro del estado de derecho, “por eso le pedimos también a la junta directiva del Colegio de Abogados del Táchira, que preside Henry Flores Alvarado, la inmediata intervención para investigar, documentar y denunciar estos graves hechos de violación al debido proceso, el derecho a la defensa y a la representación jurídica por parte de los abogados defensores y asesores de las víctimas”.