La decisión que se esperaba en la Corte Penal Internacional (CPI), el pasado fin de semana sobre el caso Venezuela I, está relacionada directamente con una acción de control judicial solicitado por el fiscal general de facto en Venezuela, Tarek William Saab, y no tiene vinculación con el inicio de una investigación contra altos funcionarios del régimen venezolano, según lo expresa Walter Márquez, defensor de los derechos humanos, director general del Comité Internacional contra la impunidad en Venezuela (Ciciven) y presidente de la Fundación El Amparo.
Recordó Márquez que la propia sala de asuntos preliminares declaró inadmisible la solicitud del fiscal venezolano en virtud de que no se había abierto ninguna averiguación y no había materia sobre la cual decidir, por lo tanto “es importante reconocer que el fiscal recién llegado, Karim Khan, debe aplicar un plazo razonable para estudiar y decidir estos casos, especialmente el examen preliminar que no fue concluido por la fiscal anterior, Fatou Bensouda, quien lo empleó como una táctica dilatoria para encubrir a los altos funcionarios del régimen y al propio Nicolás Maduro”.
Por estas razones –dijo- hacemos un llamado a la prudencia, especialmente por quienes guardaron silencio durante los 9 años del fiscal anterior de la CPI, Luis Moreno Ocampo, y los 9 años de Fatou Bensouda, particularmente los últimos 7 años ya que del 2014 al 2017 la fiscal anterior los utilizó para hacer una evaluación previa, y desde el 2018 hasta el momento de su salida del cargo no tuvo la voluntad de decidir el examen preliminar y este caso, por lo que no podemos pretender que a cinco semanas del nuevo fiscal en el cargo Karim Khan tome una decisión, de allí que debamos esperar que se aplique un plazo razonable y estar vigilantes para que tampoco se dilate el debido proceso.
De acuerdo al análisis de Walter Márquez, existe la posibilidad de que “en los próximos días o semanas Karim Khan pudiera pronunciarse por el caso de nuestro país, pero no hay una acción judicial pendiente, una investigación, sino simplemente un inadmitido control judicial sobre el examen preliminar. Se ha generado muchas expectativas, pero el nuevo fiscal de la CPI dentro de su autonomía puede tomarse el tiempo razonable para decidir; debo señalar que fui contundente en mis denuncias por negligencia y corrupción contra la fiscal Fatou Bensouda, ahora llamo a que nos mantengamos en una expectativa prudencial frente a la actuación del nuevo fiscal, porque no podemos pretender que lo que no exigimos durante 7 años, pretendamos en 5 semanas exigírselo al nuevo fiscal, pues crear falsas expectativas solo beneficia al gobierno de facto y genera frustración en el pueblo y en las victimas.
ACTUACION DE LOS ESTADOS Y LAS VICTIMAS
— Considero fundamental –indicó- la actuación de los Estados Parte que denunciaron a Nicolás Maduro el 27 de septiembre de 2018por crímenes de lesa humanidad en base a un informe elaborado por la secretaría general de la OEA, entre ellos Chile, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú, y Argentina que se retiró, y así mismo es importante que se activen los comité de víctimas de crímenes de lesa humanidad, porque en esta nueva etapa los estados parte y las víctimas deben jugar un rol fundamental para que haya justicia en La Haya”.
Especificó Márquez que en la fiscalía de la Corte Penal Internacional existe un cúmulo de más de 200 denuncias en contra Nicolás Maduro, por parte de particulares, ONG, organismos públicos internacionales, incluyendo la Comisión interamericana de derechos humanos de la OEA, la secretaría General de la OEA, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el informe de la Misión Internacional independiente de verificación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de Roma, pues de acuerdo a sus artículos 15 y 53, existen en estas denuncias fundamentos razonables y suficientes para enjuiciar al presidente de facto de Venezuela Nicolás Maduro.
Por último indicó que en un plazo razonable el fiscal Karim Khan debe tomar la decisión correspondiente de concluir el examen preliminar, iniciar la investigación y solicitar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, “porque según el Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes se requiere solamente de una víctima para activar los mecanismos penales internacionales, y en el caso de Venezuela hay miles de víctimas, nada más de las deportaciones forzosas en la frontera en agosto de 2015 son más de 24 mil 500 víctimas documentadas y en el caso de otro crimen de masas como es el exterminio por la privación de alimentos y medicinas en el país, de acuerdo a estadísticas en Venezuela, hay más de 3 millones de desnutridos, por lo que la realidad y las cifras hablan por sí solas”.