Yanara Vivas SNTP 6961 /CNP 16770
Este 27 de febrero de 2024, se cumplen 9 años desde que en 2015, familiares del luchador social del estado Mérida, militante del PRV Ruptura – Tercer Camino, y ex guerrillero Alcedo “batería” Mora, lo vieron por última vez, situación que se repitió entre ese día y el 2 de marzo, cuando también desaparecieron los hermanos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado, de nacionalidad colombiana y amigos de “Batería”, sin que hasta el momento se tenga respuesta sobre su paradero, a pesar de las denuncias realizadas por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y Provea, así como sus compañeros de lucha a través del diario Aporrea.
Alcedo Mora fue compañero de lucha guerrillera de Douglas Bravo y del Docente Universitario Francisco “el flaco” Prada, y poco antes de su desaparición “había denunciado ante los medios de comunicación de Mérida la presencia de paramilitares colombianos y el tráfico de gasolina de Pdvsa El Vigía, asegurando existía complicidad entre altos mandos militares de los Estados Andinos y Funcionarios de la estatal petrolera con paramilitares colombianos ligados al Uribismo”, señala la nota de prensa publicada en el diario Aporrea, donde también manifiestan su solidaridad con la abogado Rocío San Miguel, advirtiendo a los órganos de DDHH internacionales sobre “las violaciones al debido proceso a ciudadanos disidentes al corporativismo militar policial venezolano”.
Por su parte el ODH ULA, recordó que en “2016 la ONG Provea presentó estos casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los expuso en el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada. Sin embargo, en 2020 el Comité dictaminó que no había suficientes evidencias de responsabilidad del Estado venezolano en estas desapariciones” y agrega “entre los años 2000 y 2021, Provea registró 211 víctimas de desaparición forzada en Venezuela, entre las que se cuentan las de Alcedo Mora y los hermanos Vergel.
Estos casos podrían formar parte de la investigación que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) adelantaba en el país, sobre cuya reanudación decidirá la Sala de Apelaciones de este organismo este viernes 1º de marzo, cuando anuncie su dictamen sobre el recurso introducido por el Estado venezolano para suspenderla».
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