Venezuela atraviesa un punto de inflexión histórico. Tras años de contracción económica, sanciones, aislamiento financiero y deterioro de su industria petrolera, el país parece asomarse —quizás por última vez en décadas— a una ventana de oportunidad excepcional para reposicionar su principal riqueza: el petróleo. El contexto geopolítico, las señales de acercamiento internacional y la urgencia interna de reactivar la economía confluyen en un mismo punto: la necesidad impostergable de una nueva Ley de Hidrocarburos.
No se trata únicamente de una reforma técnica o de un ajuste normativo. Lo que está en juego es la posibilidad de sentar las bases de un nuevo ciclo económico, capaz de transformar los vastos recursos energéticos del país en bienestar, empleo, infraestructura y estabilidad. Todas las condiciones parecen alinearse como pocas veces antes. Y si esta oportunidad no se aprovecha ahora, es muy probable que no vuelva a presentarse.
El marco legal vigente, heredado de la reforma de mediados de la década de 2000, respondió a una lógica política y económica que hoy luce agotada. El esquema de empresas mixtas con control mayoritario del Estado, las restricciones a la participación privada, la elevada carga fiscal y la discrecionalidad contractual, pudieron haber sido defendibles en otro contexto. Sin embargo, casi veinte años después, los resultados están a la vista: caída abrupta de la producción, pérdida de capacidades operativas, fuga de talento y una industria sin acceso suficiente a capital, tecnología ni mercados.
Hoy el mundo energético es distinto. La competencia por inversiones es feroz, los capitales son más selectivos y la transición energética obliga a producir de manera más eficiente, transparente y sostenible. En ese escenario, Venezuela sigue teniendo una ventaja incomparable: las mayores reservas probadas de crudo del planeta. Pero esa riqueza, por sí sola, no basta. Necesita reglas claras, estables y atractivas.
El momento actual ofrece señales alentadoras. El debate abierto en torno a una posible reforma legal, los anuncios sobre nuevos modelos productivos, la intención de facilitar trámites y crear fondos orientados al bienestar de los trabajadores y al desarrollo social indican que se entiende la magnitud del desafío.
Más importante aún, el entorno internacional muestra un interés renovado en la recuperación del sector energético venezolano, impulsado por necesidades globales de suministro y por una reconfiguración de las relaciones políticas.
Una nueva Ley de Hidrocarburos debería partir de un principio esencial: atraer inversión no es ceder soberanía, sino multiplicar capacidades. Permitir una mayor participación accionaria privada, revisar el régimen fiscal para hacerlo competitivo, garantizar seguridad jurídica y establecer mecanismos de arbitraje confiables no debilita al Estado; por el contrario, lo fortalece al generar más producción, más ingresos y más desarrollo.
Asimismo, es clave modernizar la arquitectura institucional. Separar claramente la formulación de la política energética de la función regulatoria, contar con un ente técnico independiente y profesional, y redefinir el rol de Pdvsa, como socio estratégico y operador eficiente permitiría recuperar credibilidad. La empresa estatal no debe ser desplazada, sino relanzada en un ecosistema donde el riesgo, la inversión y la innovación se compartan de manera equilibrada.
Otro elemento fundamental es la flexibilidad contractual. El país necesita esquemas hechos a la medida de sus distintos campos, realidades geológicas y niveles de riesgo. Contratos modernos, transparentes y competitivos pueden acelerar la recuperación de campos maduros, desarrollar áreas nunca explotadas y atraer tanto a grandes actores internacionales como a nuevos inversionistas regionales y nacionales.
Todo esto debe inscribirse en una hoja de ruta clara, verificable y progresiva. La estabilidad institucional, la protección de la infraestructura crítica y la recuperación operativa son pasos inmediatos. A mediano plazo, la consolidación de reglas transparentes y confianza a largo plazo, será el ancla definitiva para un crecimiento sostenible. Pero el primer paso, ineludible, es la reforma legal.
Venezuela no puede darse el lujo de esperar. El mundo cambia rápido, las oportunidades se cierran y el capital no toca dos veces la misma puerta si no encuentra condiciones adecuadas.
Hoy, como nunca en su historia reciente, el país tiene la posibilidad de convertir su petróleo en palanca de reconstrucción nacional. Una nueva Ley de Hidrocarburos, moderna, abierta y bien diseñada, puede ser el punto de partida.
El momento es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde.
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