Caracas. La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, que reemplazaría a la Ley de Precios Justos —vigente desde 2015— e introduce un nuevo marco para fijar precios de bienes y servicios en Venezuela.
La norma ha sido presentada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como una herramienta para asegurar el acceso a productos y equilibrar el mercado, pero genera debate entre economistas, empresarios y legisladores.
Para ser promulgado, el proyecto debe ser aprobado en segunda discusión y luego sancionado por Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado.
El texto, al cual Crónica Uno tuvo acceso casi una hora antes del inicio de la sesión, fue difundido por la primera vicepresidencia de la AN, sin mayores detalles sobre el espíritu de la ley la comisión que lo elaboró, el jueves, 22 de enero pasado. Es decir, menos de 10 días después de la detención del exgobernante, quien enfrenta un juicio por narcoterrorismo en un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.).
De acuerdo con el resumen oficial difundido por el Legislativo, la norma busca “garantizar el derecho de todas las personas a acceder a bienes y servicios de calidad, con información adecuada, libertad de elección y trato equitativo”, en concordancia con los principios constitucionales de justicia social y desarrollo económico.
Un alcance más amplio sobre bienes y servicios
La exposición de motivos señala que la nueva ley amplía significativamente su ámbito de aplicación. A diferencia de la Ley de Precios Justos, centrada en bienes esenciales, la normativa abarca todos los bienes y servicios, incluidos los prestados por entes públicos y las operaciones de comercio electrónico.
El texto incorpora un catálogo de derechos del consumidor, como la protección frente a riesgos a la salud y la seguridad. También abarca el acceso a información veraz y oportuna, la reparación de daños y la defensa frente a cláusulas abusivas en contratos de adhesión.
No obstante, el centro de la propuesta es la figura de “precios acordados”, mecanismo por el cual el Estado, productores y comerciantes establecerían los valores de bienes y servicios mediante negociación, en lugar de recurrir exclusivamente a mecanismos rígidos de control.
“La Ley va a permitir blindar el punto de encuentro para que, entre productores, consumidores y el Estado, nosotros podamos garantizar productos de calidad, productos en el tiempo adecuado y a precios adecuados, para de esa manera garantizar el incremento del salario real de la población”,
añadió Lobo al confirmar que continuará la intervención estatal.
También reconoce la protección contra la publicidad engañosa y establece obligaciones para los proveedores públicos y privados. Entre ellas garantizar estándares mínimos de calidad, emitir facturas, respetar las condiciones ofertadas y ofrecer trato no discriminatorio, independientemente del canal de comercialización.
Este enfoque se alinea con algunos principios internacionales de protección al consumidor, como los adoptados por la Organización de Naciones Unidas en 1985.
El control de precios permanece
Aunque el proyecto deroga formalmente la Ley de Precios Justos, especialistas consultados por Crónica Uno bajo condición de anonimato cuestionarion que en el texto no se no elimine el control estatal de precios. Por el contrario, alertaron que solo lo reorganiza.
Entre los críticos públicos del proyecto, destaca el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández G., quien cuestionó este aspecto, al señalar que la reforma no desmonta el esquema de control.
En un hilo publicado en su cuenta en X el domingo, 25 de enero, sostuvo que el proyecto “deroga” una ley que ya había sido desaplicad. Pero conserva la intervención administrativa sobre la fijación de precios.
A su juicio, este enfoque impide recuperar garantías propias del mercado. Como ejemplo citó la libre fijación de precios y la seguridad jurídica, por lo que calificó la reforma como “gatopardiana”.
“La reforma regulatoria debe rescatar las garantías jurídicas de los mecanismos de mercado. De acuerdo con The Heritage Foundation, un think tank (grupo de investigación y laboratorio de ideas) estadounidense conservador, Venezuela ocupa uno de los últimos lugares en la protección de la libertad económica. El proyecto aprobado no mejora esta situación”, expuso.
En el Índice de Libertad Económica (Index of Economic Freedom), publicado anualmente por The Heritage Foundation en colaboración con el diario The Wall Street Journal, Venezuela aparece en el puesto 178 de 180 países estudiados. Lo que lo ubica como uno de los países con economías más restrictivas.
El estudio clasifica a los países en cuatro categorías o “lugares” generales, basados en su puntuación agregada.
¿Reforma o contrarreforma?
Desde el Parlamento se sostiene que la nueva ley pretende superar el carácter coyuntural de la legislación previa.
El propio borrador, que se introdujo en la agenda luego de que se declaró la “urgencia parlamentaria”, estipula como objetivo “establecer mecanismos permanentes para la protección de los derechos socioeconómicos de las personas”. Con lo que se amplía su alcance más allá del control de precios y las sanciones administrativas.
“Tiene como finalidad central garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, pero también garantizar el acceso a los bienes y los servicios fundamentales para el desarrollo del pueblo venezolano”,
precisó el diputado por Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lobo, durante el debate parlamentario.
El enfoque apunta a consolidar un esquema estable de derechos para los consumidores, tanto personas naturales como jurídicas, en mercados públicos y privados.
Este replanteamiento se inscribe en un contexto marcado por años de reformas normativas asociadas a crisis económicas, alta inflación y una fuerte intervención estatal en los mercados, como se puede constatar en antecedentes legislativos.
La aceleración de los procedimientos para aprobar del inconsulto proyecto lo convierte en materia de discusión prioritaria en la agenda parlamentaria, con un proceso que ahora deberá transitar hacia la segunda discusión, esta misma semana, antes de su posible sanción definitiva.
Nueva institucionalidad y control excepcional
A lo largo de esta evolución, se crearon varias instituciones encargadas de aplicar y fiscalizar estas leyes, desde enfoques más liberales hasta intervencionistas.
Entre ellas destacan: la Superintendencia de Protección al Consumidor (1974), el IDEC (1993), el Indecu (1995-2010), Indepabis (2010-2015) y la Sundde (2014-actualidad). Estos organismos han cambiado de nombre y funciones según la política económica y la necesidad de centralizar o flexibilizar controles.
Durante la era Chávez y Maduro, estas instituciones se integraron con políticas contra la “guerra económica” —término oficial para referirse a prácticas de acaparamiento, especulación y manipulación de precios—, implementando controles de precios y sanciones para garantizar lo que el Estado consideraba “precios justos”.
La transición de Indepabis a Sundde en 2014-2015 centralizó funciones y consolidó la fiscalización de “derechos socioeconómicos”. Así, se avalaron inspecciones, sanciones y mecanismos de conciliación entre empresas y consumidores.
La ley de 2026 prevé crear una nuevo organismo con funciones similares, pero adaptadas al marco de derechos, participación ciudadana y conciliación administrativa que propone la nueva ley.
La ley propone la creación de la Superintendencia Nacional de Protección de los Derechos Socioeconómicos como órgano rector, con competencias de inspección, sanción y conciliación administrativa.
También prevé un Sistema Nacional de Observación de Precios y un Registro de Información de Actividades Económicas. Ambos, estarían orientados al seguimiento de los mercados y la transparencia de precios.
El Estado mantiene la potestad de intervenir en precios solo en “circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente el bienestar de la población”.
En ese sentido, el régimen sancionatorio combina multas, cierres temporales y suspensión de registros, aunque prioriza la conciliación administrativa y criterios de proporcionalidad.
Del “usuario” al “consumidor”
El proyecto introduce un cambio conceptual al priorizar el término “consumidor”—definido como un actor económico con derechos a información, elección, calidad y reparación—frente a “usuario”. Este cambio se articula con la participación ciudadana a través de Comités de Consumidores y Usuarios, respaldados por los Consejos Comunales.
El proyecto de ley menciona la palabra «consumidor» 36 veces y «usuario» en 22 ocasiones. En contraste, la legislación vigente solo la incluye una vez, bajo la fórmula “pueblo consumidor”.
Según fuentes parlamentarias, expertos y legisladores de oposición, este giro buscaría dejar atrás un modelo estrictamente punitivo y avanzar hacia esquemas de regulación acordada, en un contexto de apertura económica parcial y dolarización informal.
Con esta iniciativa, la AN plantea un tránsito desde una legislación concebida como respuesta a la crisis inflacionaria hacia un marco jurídico más amplio y permanente, orientado a regular las relaciones de consumo, reforzar la seguridad jurídica y fomentar la participación ciudadana en la defensa de los derechos económicos.
“No hay protección al consumidor si el resultado final es el anaquel vacío. La verdadera protección es la abundancia, la competencia, no el control asfixiante. Se está pasando de una ley de protección al consumidor a una ley de control de producción y control al consumidor”,
argumentó la diputada por Un Nuevo Tiempo, Nora Bracho, durante su intervención.
El debate en torno a la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos replantea el papel del Estado en la economía venezolana. En principio, la norma busca equilibrar la protección al consumidor con la participación del sector productivo en la fijación de precios. Aunque en la práctica parece reeditar mecanismos de intervención ya cuestionados.
El avance en la AN —en medio de un clima político y económico complejo— será observado de cerca por sectores empresariales, organizaciones sociales y actores internacionales.
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