Quito, 12 ene (EFE).- En medio de la guerra declarada al crimen organizado, la tensión por los atentados y disturbios en las cárceles, con más de un centenar de funcionarios penitenciarios como rehenes, y la complicada situación económica de los ecuatorianos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decidido jugarse una carta impopular: subir el impuesto al valor añadido (IVA) del 12 % al 15 %.
El «conflicto armado interno», declarado por la serie de ataques en diferentes partes del país, atribuidos a bandas del crimen organizado, catalogadas ahora como terroristas, ha llevado a Noboa a echar mano de algo que dijo que no haría: subir impuestos.
La propuesta ha levantado rechazos inmediatos, aunque aún debe ser estudiada por la Asamblea Nacional (Parlamento), donde Noboa ha logrado la aprobación -en menos de dos meses- de dos leyes económicas urgentes, pese a que la bancada oficialista es minoría.
Aunque en un comunicado el Gobierno ha anticipado que esta subida no afectará a los productos básicos ni a la vivienda, la salud, la educación y el transporte, para el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, el posible incremento del IVA, «es un garrotazo al pueblo, porque lo pagan todos: el que debe subsistir con un dólar al día, al igual que quien tiene grandes fortunas».
«No podemos aceptar, de ninguna manera, que, aprovechándose de lo que está pasando en el país, le quiera dar más impuestos al pueblo ecuatoriano», dijo a EFE al señalar que la propuesta es, incluso contradictoria, pues en campaña, Noboa ofreció bajar el IVA en el tema de la construcción, «porque eso generaba más inversión».
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Otras alternativas
Villavicencio menciona tres alternativas para obtener recursos: cobro a los evasores de impuestos, que cifra en 4.500 millones de dólares totales, de los que cuales 2.500 son deuda firme, es decir que han superado toda demanda legal, sostiene.
Plantea, además, que no se pague la deuda externa en 2024, con lo que «el Estado tendría ingresos de alrededor de 10.000 millones de dólares», y volver a cobrar el 5 % de impuesto a la salida de divisas (ISD), con lo que presume el Estado lograría unos 1.400 millones de dólares de ingresos.
«En vez de seguir golpeando al pueblo ecuatoriano, hay que golpearle a los de arriba, que se han beneficiado de la crisis económica de este país», acotó.
El analista económico Alberto Acosta-Burneo, califica de «equivocadas» las propuestas mencionadas por Villavicencio pues, aunque positivo, el cobro a los evasores no es un ingreso permanente, y el Gobierno ya está en camino de cobrar esos pendientes a través de una remisión tributaria.
«No todo es cobrable porque hay empresas quebradas que simplemente no tienen los recursos», añadió antes de señalar como «absolutamente equivocado» el planteamiento de la moratoria de la deuda porque si deja de pagar la deuda, cae en moratoria y «no va a tener posibilidad de conseguir nuevos fondos.
Tampoco ve conveniente volver al 5 % del ISD porque al cobrar la salida limita la entrada de capitales, y por ello sostiene que el ISD «es una barrera al ingreso de capitales».
Reducir el gasto
La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Mónica Heller, entiende que pagar más impuestos «es un esfuerzo para todos, pero es necesario para afrontar la crisis que atraviesa el país».
«Sin embargo, para que este ajuste sea aceptable para los ciudadanos, debe venir acompañado de una reducción por parte del Estado en el gasto corriente, focalización de subsidios y transparencia fiscal», sostiene.
Y con ella coincide Acosta-Burneo, quien ve necesario optimizar el gasto público, «eliminar instituciones estatales inútiles y enfocarse en destinar recursos a lo importante: salud, educación, seguridad».
Acosta-Burneo considera «inconveniente» la propuesta de alza del IVA, al tratarse de un «impuesto regresivo, que va a pesar más a los más pobres», y -aunque impopular- ve como opción focalizar el subsidios de los combustibles, que «es otra fuente de desperdicio gigantesco de recursos».
«Un desperdicio injusto, porque el 50 % del subsidio a los combustibles se destina al quintil más rico de la población», indicó anotar que se destina entre «1.500 a 2.500 millones de dólares al año para subsidiar (la gasolina y el diésel) a la población más rica del país».
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