Quito, 28 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este lunes que se siguieron «los procedimientos legales» para el proceso de deportación de mil presos colombianos, que comenzó el pasado viernes, una acción que Bogotá consideró «unilateral» e «inamistosa».
«Se han seguido los procedimientos legales, se ha estado en contacto con Cancillería, pero nosotros no podemos mantener a mil presos colombianos en cárceles ecuatorianas, y encima siendo grupo prioritario», dijo en una entrevista con la radio Sucre.
Recordó que «un preso extranjero tiene prioridad, por ejemplo en salud sobre un joven ecuatoriano de 20 ó 21 años, porque los PPL (personas privadas de la libertad) son grupos prioritarios».
Prohibido ingreso por 40 años
Según el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, los mil presos que están siendo deportados a Colombia, y que cumplían penas en distintas cárceles del país, tienen «prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años».
«No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles», escribió Reimberg el domingo en su cuenta de la red social X, después de que el viernes el Gobierno empezara con la repatriación de los primeros 700 reos, una medida que Colombia denunció que se ha realizado de manera «inamistosa».
«Esta acción forma parte de nuestra política de tolerancia cero con el crimen organizado. Quienes atenten contra la seguridad del país, no tienen cabida aquí», añadió el funcionario.
De acuerdo a Reimberg, los extranjeros estaban finalizando su tiempo en prisión tras haber sido capturados por robo, receptación, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad, aunque dos de los colombianos aseguraron a EFE el viernes que habían estado poco tiempo en la cárcel.
Uno de ellos llevaba dos de los diez años a los que lo sentenciaron y otro un poco más de un año, de los más de tres que debía cumplir.
Protesta de Colombia
El viernes, la Cancillería colombiana expresó «su más enérgica protesta» contra Ecuador por comenzar «de manera unilateral» el proceso de deportación de los reos.
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Según Colombia, Ecuador inició las repatriaciones «sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas».
Pero el sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador negó que estuviera realizando una «deportación colectiva» y aseguró que se estaba garantizando «el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial especializada en la materia».
Añadió que «comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático».
«Ecuador nos responde con desdén», escribió el sábado en X el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Las prisiones son uno de los epicentros de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador y que le ha llevado a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, algo que Noboa ha buscado contrarrestar al declarar al país bajo «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales, a las que ha catalogado de «terroristas».
En ese contexto, el mandatario ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros que, en ese momento, eran unos 3.200 reos, equivalentes al 10 % de la población penitenciaria a nivel nacional, la gran mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana.
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