Quito, 15 oct (EFE).- Daniel Noboa tiene la mirada puesta en la reelección para prolongar por un periodo completo (2025-2029) su mandato en un Ecuador que arrastra problemas económicos agravados por dos crisis de compleja resolución: energética y de inseguridad, después de un año de haber ganado las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023.
Noboa es uno de los dieciséis candidatos inscritos para los comicios 2025, y según las encuestas difundidas hasta el momento, parte como favorito, seguido por la correísta Luisa González, a la que venció en las elecciones del pasado año, celebradas por la salida anticipada del poder del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).
Electo a los 35 años como presidente, Noboa, que recibió Ecuador con un déficit fiscal de unos 4.800 millones de dólares, equivalente a alrededor de un 5 % del producto interior bruto (PIB), recalca que recibió un «país destrozado», con problemas económicos agravados por la crisis energética que ha obligado a apagones que aumentaron hasta a diez horas diarias desde la semana pasada.
Según las estimaciones oficiales, Ecuador pierde unos 12 millones de dólares por cada hora de apagón.
Se mantienen atrasos
El analista Alberto Acosta-Burneo dijo a EFE que Noboa recibió un país «totalmente quebrado», pero logró «destrabar la política», conseguir acuerdos en la Asamblea y la aprobación de reformas económicas que le facilitaron, inicialmente, administrar el país en medio de la crisis, aunque luego la situación se le complicó en la Asamblea, con el correísmo como principal adversario.
Noboa logró eliminar los subsidios de la gasolina y elevar del 12 al 15 % el impuesto al valor agregado (IVA), sin revueltas populares, amparado en el apoyo popular a su cruzada contra el crimen organizado, cuya lucha elevó a la categoría de «conflicto armado interno».
Con un apoyo financiero de cerca de 5.000 millones de dólares por parte de los multilaterales y del Fondo Monetario Internacional este año, el Gobierno ha podido reducir atrasos heredados y actuales, pero la situación sigue crítica y con el alza de gastos por la crisis eléctrica, que ha obligado a contrataciones emergentes, apuntó el analista.
Crisis de inseguridad
El 9 de enero marcó uno de los momentos más duros del Gobierno de Noboa, cuando un grupo armado irrumpió en un canal de televisión durante una transmisión en vivo, mientras ocurrían más hechos violentos en las calles y motines simultáneos en varias cárceles.
Noboa declaró el «conflicto armado interno», militarizó las cárceles y decretó estados de excepción para aplacar la ola de violencia, que llevó a que Ecuador fuera en 2023 el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes.
Los esfuerzos del Gobierno no han sido suficientes para contener la ola de criminalidad vinculada -según las autoridades- con el narcotráfico y la minería ilegal. En lo que va del año, Ecuador ha incautado más de 223 toneladas de droga y este lunes Noboa reveló que descubrieron en Ecuador 2.000 hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca, materia prima para la elaboración de cocaína.
Invasión de la embajada mexicana
En la esfera internacional, Noboa sumó una sonada crisis con México cuando en abril ordenó realizar un asalto policial a la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, al que el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había concedido asilo diplomático.
El caso supuso un litigio aún sin resolver entre Ecuador y México en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con acusaciones mutuas de haber contravenido convenios internacionales.
Mientras México denuncia que Ecuador transgredió la inviolabilidad de una sede diplomática, Ecuador acusa a México de haberse entrometido en asuntos internos y haber dado asilo diplomático a una persona procesada y condenada por corrupción por tribunales ordinarios.
Problemas internos
A la expectativa de las elecciones presidenciales, se suma la incertidumbre por el enconado enfrentamiento que mantiene Noboa con su vicepresidenta, Verónica Abad, quien reclama su derecho asumir las funciones presidenciales cuando éste pida licencia para hacer campaña electoral, como obliga la Constitución.
Sin embargo, desde el Gobierno creen «nefasto» que asuma temporalmente el poder Abad, designada embajadora en Israel por Noboa, a quien la vicepresidenta ha denunciado por presunta violencia política de género.
Para Acosta-Burneo, una resolución alejada de la legalidad en ese pulso político podría afectar la imagen de Noboa de cara a las elecciones, aunque al momento ve más posible un costo político por los apagones, pues la población puede considerar que son culpa del Gobierno, cuando se trata, también, de un problema estructural.
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