Recientemente, motivado por la necesidad imperiosa que tiene de ser reelegido en la contienda electoral de mayo, el presidente Maduro afirmó que el cien por ciento de los adultos mayores de Venezuela gozaban de su pensión, las cuales alcanzaban 4 millones 95 mil 23 personas beneficiadas. El anuncio lo hizo al supuestamente asignar 275 mil 110 nuevas pensiones, a través de ese perverso instrumento, que consagra la existencia de un “apartheid” en el país, llamado el carnet de la patria. Como todas las metas celebradas por el gobierno, se trata de un logro inexistente pues es falso que el sistema de pensiones del Seguro Social haya alcanzado a la totalidad de los adultos mayores. Para demostrarlo sin que quede dudas debo informar que no tengo asignada ninguna pensión del Seguro Social, pese a tener 72 años de edad y ser jubilado de la UCV.
El profesor Sureda Delgado ha denunciado en varias ocasiones la existencia de un grupo de docentes de la UCV, que han sido marginados de su derecho de ser pensionados del Estado venezolano. Lo que significa que no soy el único ejemplo de la falacia gubernamental y que es muy probable que los excluidos en el ámbito nacional sean mucho más numerosos. Sin desesperarme ni molestarme, lo cual queda claro del hecho que nunca había efectuado una denuncia pública, en varias ocasiones hice lo que se me indicó para obtener la pensión, tanto en la UCV como en las instancias gubernamentales responsables. Sin embargo, a pesar de los muchos años transcurridos, no he obtenido ningún resultado ni respuesta satisfactoria. La UCV no ha mostrado ningún interés en resolver el problema y, debo decirlo con tristeza pero responsablemente, a mi organismo gremial tampoco parece preocuparle mucho.
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Entiendo que todos deben estar muy atareados en la lucha política y eso hace que unas pensiones que se les deben a unos profesores sean algo sin mayor importancia. Todos mis compañeros profesores de la UCV, con mayor o menor tiempo de antigüedad, más viejos, de mi misma edad y más jóvenes; es decir, en las mismas condiciones laborales y jurídicas mías, tienen sus pensiones y las reciben regularmente desde hace años. Nadie me ha podido explicar por qué yo no. Llegué a pensar en lo que la gente llama “una mano peluda”, para referirse a esos enemigos gratuitos que todos tenemos, y más quienes hemos desempeñado labores gerenciales o de gobierno, como la responsable de la situación. Sin embargo, dado que existen otros afectados pienso que el inconveniente debe ser de otra naturaleza.
Maduro indicó en su declaración que las asignaciones últimas las habían hecho a través del carnet de la patria. No tengo dicho carnet y nadie me ha informado que debo sacarlo para que me den la pensión. Tampoco es que el monto de la pensión hoy sea muy importante; la inflación ha acabado con el poder adquisitivo que tuvo y echó por tierra el logro que significó la decisión de haberlas igualado al salario mínimo. Pero es un derecho y el gobierno hace demagogia con ese derecho. Si va a hacer demagogia, que la haga, pero que cumpla con su pago como debe ser. No estoy entre quienes pagan derechos con votos, ni entre quienes se dejan chantajear por sus derechos. Aunque Maduro, al igual que Chávez, diga “he dado u otorgado tal o cual beneficio”, presentándolo como un regalo presidencial, los recursos para ello no le pertenecen y es su obligación cumplir las leyes y garantizar los derechos. No es una limosna de la realeza chavecista.
