El anuncio público hecho por la jefa de la Zona Educativa, Laidely Grimán el pasado 23 de junio del corriente alertó sobre investigaciones por la presunta compra-venta de cargos, y cuatro de los afectados se defendieron del proceso que tienen abierto en su contra, por el delito de corrupción.
Merlyn Osorio, CI V-11.918.879; Angilmar Rivera, CI V-21.064.773; Roberto Viloria, CI V-10.399.226 y Darcy Godoy CI V-17.391.892 han sido sometidos desde hace varios meses a atropellos, acusados de la presunta compra del cargo que hoy tienen dentro del Ministerio de Educación.
Alegan que es un grave error, puesto que no existe ninguna prueba que los incrimine de haber entregado dinero a alguien para obtener el cargo, pero ya les bloquearon las cuentas bancarias, prohibieron regresar a su lugar de trabajo en la Escuela Técnica Pedro García Leal y deben rendir declaraciones ante el Cicpc esta semana.
“No hay delito, nuestros cargos fueron por necesidad de personal y contamos con la postulación de la Ubch, que se investigue bien porque somos padres y madres de familia honrados, trabajadores y el sueldo que cobramos, lo ganamos” expusieron los declarantes. Investigadores les explicaron que debían regresar el dinero devengado, por ser parte de un hecho de corrupción, a lo que los afectados manifestaron que no lo harán teniendo la convicción de que se han equivocado de personas y por eso, ellos a su vez están pidiendo ayuda del Ministerio del Trabajo.
Expusieron que no conocían a Adelso Araujo a quién les dijeron debían, pero como no tienen nada que decir sobre él, apelaron el reenganche a través de la Inspectoría del Trabajo y al parecer la aprobaron a partir del 18 de septiembre.
Entre tanto el caso investigado por autoridades nacionales del Cicpc y del Ministerio de Educación sigue abierto, e involucra a al menos 6 personas.