“Como sardina en lata” es una frase coloquial y conocida en Venezuela, que describe bastante bien la situación en cárceles y calabozos del país, pues hace referencia como los presos conviven en una misma celda, sin espacios dignos para dormir.
El informe de este 2021 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) llamado “La crisis del sistema penitenciario un reflejo del abandono del Estado” desnuda esta situación.
Carolina Girón, directora del OVP, explicó que el hacinamiento es el principal problema que existe en el sistema penitenciario.
Señaló que el 54 % de los presos están aún bajo proceso judicial, es decir, «todavía no ha sido probada la culpabilidad» de los delitos, mientras que el restante 46 % ya está penado.
Añadió que en las cárceles la plaza es para 21.188 privados de libertad y actualmente en Venezuela en los penales se encuentran 33.710 personas presas, lo que se traduce a un hacinamiento de 159,09%, que lo convierte en un hacinamiento crítico.
En Venezuela la población reclusa de hombres es de 31.069 hombres y 2.641 mujeres. Es de resaltar que durante cinco años la cantidad de mujeres presas representaba el 5 a 6% de la población, pero para este 2021 ese porcentaje aumentó un 8%.
Tenemos 850 presos extranjeros en el país que representa el 2% de los presos en los penales y, según pudo conocer OVP, en la Región Capital y Andina es donde se concentra el mayor número de presos.
Girón indica que desde el año 2002 hasta el 2021 se cerraron 10 centros penitenciarios, situación que redujo la capacidad instalada en los penales, se perdieron 5.050 plazas, pero aunque estos penales existieran tampoco solventarían la situación porque aun así la cantidad de presos sobrepasa la capacidad.
Para la directora de OVP el principal problema de hacinamiento es el retardo procesal, que se posiciona en este 2021 en un 70%, lo que quiere decir que de cada 10 casos 7 no fueron revisados.
Prueba de ello es que la mayor cantidad de presos que existen en Venezuela están en condición de procesados, exactamente el 54%, lo que se traduce que aún existe la presunción de su inocencia y precisamente los presos que no poseen una sentencia firme no pueden optar por los beneficios que le otorga la ley.
Esta situación se hace extensiva a los calabozos en donde hay presos con una sentencia firme pero no la están cumpliendo en un penal, por lo que ellos no pueden redimir una pena a través de trabajo o estudio.
“Existe una desidia en el poder judicial. Hay personas además que cumplieron sus penas y no les liberan una boleta de excarcelación están sujetos a que un juez decida cuándo es liberado y otros casos es que tienen las boletas de excarcelación pero por un trámite administrativo ahora tienen que llamar a un Ministerio. Situaciones que se presentan por la falta de independencia judicial y la corrupción”, hizo referencia la abogada y defensora de DDHH.
Revolución judicial pura propaganda
En junio del 2021 el Gobierno reconoció el retardo procesal y creó la Comisión Especial para la Revolución Judicial. La promesa era descongestionar los calabozos en 60 días, pero la directora de OVP explicó que no tomaron en cuenta que las plazas en los penales de Venezuela es de 21 mil y en las cárceles hay 33 mil presos, sumado a 35 mil de calabozos daba un total de 68 mil reclusos, a los que a la final no le solucionan su situación.
“Esto fue dirigido por diputados de esta Asamblea y militares que usurparon funciones, firmaron boletas de excarcelación que no tienen garantía judicial es por ello que muchas fueron revocadas”. De la misma forma, la abogada explicó cómo es que desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios se ha usado la figura de régimen de confianza tutelada como una forma de dar libertades en la prisión, cuando esa medida implica es que el recluso sea pasado a un espacio abierto del mismo penal, mientras se le otorgue otro tipo de beneficio.
Es por ello que los internos que han sido liberados de esta forma aparecen en un sistema como solicitados a la hora de ser revisados por un organismo policial.
Desde OVP se registró que el 1ero de julio los representantes de dicha comisión indicaron que se habían otorgado 3.466 libertades, y OVP monitoreó que desde el 1ero de julio hasta al 28 septiembre fueron 3.660 libertades, lo que hace una sumatoria de 7.126 libertades que no se sabe bajo qué figura salieron y quien les firmó sus libertades, pero que tampoco solventó el problema de hacinamiento, porque en los calabozos que tiene una capacidad instalada de al menos 50 personas como medida general, están entre 100 a 200 reclusos.
“Este plan fue pura propaganda y manipulación a los presos y sus familiares quienes tenían la esperanza de que iban a ser liberados”, sentenció la directora de la organización.
Muertos por hambre
Nuestro informe del 2021 sigue mostrando como las muertes por condición de salud son mayores que las de hechos violentos.
En los penales de Venezuela en este 2021 fallecieron 126 reclusos de los cuales 90 eran por condición de salud, mientras que en los calabozos policiales 106 personas perdieron la vida.
Aunque en comparación con el 2020 las muertes redujeron en un 43% la situación de la falta de médicos, la negación a la atención médica continúa y la desnutrición en los penales venezolanos son una realidad que persiste y en la que se tienen presos que pesan menos de 45 kilos.
OVP tuvo conocimiento de que los presos no reciben la proteínas requeridas en su alimentación, continúan comiendo bollos o arepas sin ningún tipo de acompañante, granos, pasta o arroz, también sin acompañante, pueden recibir al día una a dos comidas diarias. La principal fuente de alimentación es la familia y las visitas se vieron reducidas por las medidas aplicadas por el Gobierno por el covid -19.
Entre el monitoreo realizado por OVP pudimos apreciar que Lara es el estado con mayor cantidad de reclusos fallecidos 33 en total, seguido de Anzoátegui con 27 presos muertos.
Carolina Girón indicó que a lo largo de los años, y por estas situaciones de violencia y ahora de muertes por hambres, Venezuela tiene 9 cárceles con medida provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de las cuales OVP lleva siete y constantemente documenta y registra lo que pasa en esos, penales, pero hasta ahora el Estado Venezolano no dio y no da respuestas a los mandados de la Corte que aunque ya no están en el sistema tienen responsabilidad en los hechos allí registrados.
En estos centros con medidas el OVP durante el 2020 registró 58 presos muertos y en este 2021 fueron 34.
Pranes cobran hasta por respirar
“Venezuela es el único país que bajo el auspicio del Gobierno los presos controlan centros penitenciarios y son los llamados pranes”, precisó Girónm quien manifestó que este es uno de los grandes males que presenta el sistema penitenciario del país.
De igual manera, manifestó que los pranes que manejan las cárceles son los que deciden sobre la vida de una persona, quien convive en el penal y quien es trasladado o no, o quién puede salir a una audiencia. Tienen poder hasta el exterior porque inclusive funcionarios del Estado deben responder a sus peticiones.
“Se cobra por visita, agua, comida, se cobra hasta por respirar”, exclamó Girón, a la vez que indicó que una vez que la población reclusa en esos penales disminuye, los pranes piden traslados para que sus ingresos en dólares se mantengan.
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Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Les dejamos el link para el informe 2021 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP): https://oveprisiones.