Ante el anuncio hecho por representantes del gobierno y de algunas élites políticas y económicas sobre la existencia de un supuesto “consenso”, en torno a la puesta en marcha de una “nueva apertura petrolera”, un grupo plural de venezolanos y venezolanas nos pronunciamos contra esa iniciativa por considerarla entreguista, inconstitucional y antinacional. Al pueblo de Venezuela, siendo como es el soberano propietario titular de los recursos petroleros, lo han mantenido desinformado y al margen de la discusión sobre la recuperación de la industria petrolera y de sus implicaciones para el futuro de la Nación. De hecho, el tratamiento informativo de ese asunto se ha caracterizado por la falta transparencia, de tal manera que su manejo ha quedado circunscrito a la cúpula del gobierno y a los agentes económicos internos y externos interesados en el negocio petrolero. Por esa razón, reclamamos la apertura de un amplio debate y una consulta democrática a todos los actores de la vida social y política del país, con el fin de que el colectivo nacional evalúe el alcance que tendrá para ésta y las futuras generaciones, los compromisos que pretende asumir el Estado en esta materia y su impacto económico, político, social y ambiental.
Conscientes de la necesidad de promover dicho debate, hemos decidido impulsar la construcción de una propuesta alternativa, posrentista y posextractivista, diferente a las derivas neoliberales, autoritaria y entreguista, con el fin de que sirva de insumo para el diálogo nacional que debemos emprender sobre el destino de nuestro petróleo, teniendo en cuenta que está en marcha una transición energética y el declive de los combustible fósiles y su sustitución en el mediano plazo por energías renovables alternativas debido al calentamiento global.
La sociedad venezolana se encuentra ante el gran desafío de construir una propuesta alternativa al de esta “nueva apertura petrolera”, que preserve la soberanía de la Nación sobre los hidrocarburos como pauta la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y prepare las condiciones para impulsar la transición de la matriz energética nacional hacia las energías renovables y alternativas, como corresponde a un país que asume la defensa de la vida y de la humanidad en peligro de extinción, debido a la crisis climática ocasionada por el calentamiento global en curso.
La recuperación de la producción petrolera debe estar acotada por la declinación de la demanda a partir de 2030 y de la transición de la matriz energética. Por lo tanto, se debe desechar las inversiones de maduración en el largo plazo que demandan grandes recursos financieros, como por ejemplo la construcción de nuevos mejoradores para procesar crudos de la Faja del Orinoco y los yacimientos costa afuera. Por el contrario, el gas natural que se quema por venteo en el oriente del país debe ser aprovechado para la transición energética. Así cómo, la explotación de los campos de crudos convencionales de occidente y oriente, en los cuales hay potencial para generar una producción suficiente para satisfacer la demanda interna y exportar su excedente al menos en los próximos 20 años.
La industria petrolera debe dejar de ser una actividad de enclave con el único papel de proveer ingresos provenientes de la renta petrolera y de concebirse como el “motor” de la economía. Ese modelo rentístico-dependiente está agotado y ya no es posible esperar que vengan nuevos ciclos de bonanza petrolera, porque la grave situación socioeconómica del país y la de la propia industria, sumado a la transición de la matriz energética y su impacto en el mercado, nos obligan a transformar dicho modelo hacia la construcción de un nuevo modelo productivo diversificado sustentable Eso significa que no solo debemos impulsar la transición energética, sino también, la transición hacia una nueva economía posextractivista, autónoma de la renta petrolera, capaz de crecer a partir del desarrollo de las grandes potencialidades, distintas al petróleo y la minería depredadora, que tiene el país en áreas como la agricultura, el turismo y una industria basada en el desarrollo endógeno sustentable.
La recuperación de la industria debe abordarse con la participación del capital privado nacional y extranjero, sin que se comprometa el ejercicio por el Estado de la soberanía sobre los recursos petroleros, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En ese sentido consideramos que el establecimiento en los contratos del arbitraje internacional violando la inmunidad de jurisdicción prevista en la Constitución, la reducción de la carga impositiva afectando los ingresos fiscales petroleros y la entrega del control del negocio a los inversionistas extranjeros, es inaceptable por ser antinacional e inconstitucional.
Suscriben:
Jesús Puerta, Jesús Urbina, Alirio Rangel, Luis Fuenmayor Toro, Santiago Arconada, Antonia Muñoz, Ramón Rosales, Belinda Colina, Ezequiel Aranguren, Héctor Navarro, José León, Luis Mogollón, Rafael Durán, Roberto López, Clemente Scotto, Esteban Emilio Mosonyi, Johnny Alarcón, Juan García, Yajaira Briceño, Ana Elisa Osorio, Nidia Cárdenas, Moisés Durán, Gustavo Márquez Marín, Carlos Mendoza Pottellá, Oly Millán, Edgardo Lander, Lino Meneses, Jesús Vivas, Luis Parada, Luis Pérez, Oscar Feo, Mariano Crespo, Eduardo Chollett, Freiman Páez García, Thony Navas.
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