Niños con discapacidad cognitiva, es decir, con Síndrome de Down, autismo y retardo mental, están siendo expulsados y agredidos por los maestros en algunas escuelas del estado Táchira, situación que a pesar de haber sido denunciada ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Zona Educativa, no ha obtenido respuestas ni sanciones
La información la dio a conocer la presidenta de la Fundación Una luz para el autismo, Milena Cárdenas quien en el marco del Día Mundial de la Discapacidad celebrado este 3 de diciembre, denunció que cada vez sufren más discriminación.
“Muchas escuelas nos están sacando a los niños que tengan condición de autismo o hiperactividad y no los quieren recibir diciendo que los docentes no están capacitados para eso, la ley establece que cada institución debe tener tutores o personas con capacidad para atender a estos niños y ¿cuál es la solución que tienen? Llévate tu niño que aquí no lo podemos tener, llévatelo a una escuela de educación especial, lo cual no es lo adecuado porque estos niños deben estar integrados con otros pequeños”, explicó.
Precisó Cárdenas que su fundación cuenta con 100 personas con discapacidad cognitiva, en edades entre 2 y 58 años, y 80% de los niños no están incorporados al sistema educativo, porque los rechazan o los expulsan.
Recientemente formalizó una denuncia en la Zona Educativa Táchira –ZET- porque un niño de 5 años fue agredido por una docente, lo cual es penado por la ley. “Hasta la fecha no hemos tenido respuesta ni de la Zona, ni del Ministerio Público, ni de ningún organismo que se encargue de eso, aún y cuando se hizo la denuncia respectiva”, dijo.
Destacó que en las escuelas les piden a los padres de los menores informes de neurólogos, psiquiatras y psicopedagogos, lo que representa un costo elevado para un población en extrema pobreza.
“Maltratados por funcionarios”
José Alberto Marín, en representación de la Asociación Tachirense de Ciegos –Atcidev- y personas con discapacidad visual, denunció que las personas con todo tipo de discapacidad son maltratadas por los funcionarios de seguridad cuando llegan con su carnet a solicitar ayuda para abastecer gasolina y gas.
Denunció que hace poco en una estación de servicio los funcionarios les dijeron que no les interesaba la situación que tuvieran. “Nos dijeron: no nos interesa que sean ciegos, cojos, aquí no los atendemos a ustedes, si quieren espérense de últimos a ver si sobra combustible”.
Por su parte, José Antonio Osorio, quien representa a personas con discapacidad motriz, manifestó que organismos del Estado no entienden la necesidad de incorporar rampas para quienes están en sillas de ruedas.
“La discapacidad motora es la más severa porque para acceder a cualquier espacio debe haber una rampa construida bajo ciertos parámetros, para subir y bajar de manera segura sin ayuda. Lamentablemente hacen rampas y no contemplan la normativa”, agregó.