Caracas, 28 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes a los cuerpos de seguridad y a las instituciones con competencia en la circulación de productos «extirpar» el contrabando, un delito que el Gobierno busca erradicar con planes que incluyen operativos policiales y militares en las fronteras.
Se trata de «dar la batalla contra el contrabando que permea nuestras fronteras», dijo el presidente, durante una reunión con empresarios y ministros del área económica, tras advertir que hay «muchos productos» en Venezuela, importados de manera irregular desde otros países, que «afectan gravemente la salud» de las personas.
«Ese contrabando que vamos a controlar, que vamos a extirpar en toda la cadena, desde el paso fronterizo, carreteras y lugares de venta», remarcó.
El mandatario recordó que varios de sus ministros trabajan, junto a sectores privados, en la elaboración del plan ‘Mano de hierro’, con el que esperan reforzar la lucha contra el contrabando con «inspecciones relámpago» y abordando los «puntos críticos».
El grupo de trabajo, prosiguió, determinó que los sectores más afectados por el contrabando son el de alimentos procesados, bebidas alcohólicas y refrescantes, medicamentos, autopartes, plásticos y su manufactura.
Minutos después de esta declaración, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, informó a través de X (antes Twitter) del despliegue en el país de los órganos de seguridad ciudadana, junto a la Fuerza Armada, «en combate contra esas mafias delictivas», sin ofrecer detalles al respecto.
El Gobierno ya ha prometido combatir «con mano de hierro» a los grupos que cometen delitos en las fronteras, especialmente desde que, a finales de 2022, se normalizaran las relaciones y el flujo comercial entre Colombia y Venezuela, luego de casi cuatro años sin vínculos diplomáticos.
El contrabando de drogas, oro y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas, generan más de 9.400 millones de dólares al año a organizaciones criminales «amparadas por funcionarios corruptos», según la ONG Transparencia Venezuela.
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