Nicaragua y Venezuela: contra las ONG hasta terminar de conculcar el derecho de libre asociación

 

Por:  Luis A. Villarreal P.

Desde hace años el régimen nicaragüense representado por Daniel Ortega ha venido cerrando las posibilidades de organización social en sus más diversas actividades, en cada asociación sin fines de lucro no gubernamental con la que la civilidad nica se ha tratado de identificar y manifestar.

La excusa de esa dictadura que sigue el camino de dominación del castrismo cubano, es que las organizaciones no gubernamentales de diversa índole —como dije— son sospechosas anti régimen y delatoras de las abusivas acciones que este ejecuta en contra de la libertad y bienestar del pueblo nicaragüense, al que ha postrado de sufrimiento e impotencia.

Allí está todo el historial retrógrado que le ha tocado vivir a Nicaragua luego del ‘heroísmo’ asumido para liberarse de la sórdida dictadura de Anastasio Somoza —que es copia al carbón del infortunio cubano, después de quitarse el yugo del dictador Fulgencio Batista—.

En estas gestas de ‘liberación’ de las férreas dictaduras latifundistas, artífices de la iniquidad y  atraso en ambos pueblos, se pasó de una dictadura a otra con mayor desparpajo y desprecio por la civilidad política —en esos dos antros de sojuzgamiento autoritario— y por la organización  del continente americano en el marco de los derechos humanos, de las aspiraciones de progreso y bienestar, a través del ejercicio democrático.

Estos países y otros que quieren hacer las cosas ‘a su manera’, han hecho esfuerzos titánicos para desacreditar la Organización de Estados Americanos [OEA] y el Área de Libre Comercio para las Américas [ALCA], como a todo organismo que no puedan dominar. Allí están los fallidos ensayos de la Unión de Naciones Suramericanas [UNASUR], la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América [ALBA], con los que se bloqueó ambiciosas iniciativas de la Cumbre de las Américas y se pretende reemplazar los organismos multilaterales y de integración que se desempeñan en el desarrollo del intercambio sociocultural, económico y político del mundo libre. También destaca el común patrón de alineación a los imperios geopolíticos chino y ruso, con intereses tan difusos como los de Corea del Norte e Irán, y por supuesto con la camaradería cubana, todos adversos o enemigos del imperio estadounidense.

Daniel Ortega se perpetúa en el poder porque va por el quinto mandato —con intermedios ejercidos por Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños— abriéndose paso con la opresión, llenando las cárceles de opositores y sospechosos, acallando voces disidentes, e incluso arremetiendo contra la Iglesia Católica que ha tomado las riendas de la lucha, por lo que ahora es acosada y perseguida, sus representantes encarcelados o intimidados, y sus ceremonias restringidas o prohibidas. Pero lo peor es que el binomio Daniel Ortega-Rosario Murillo ha creído oportuno eliminar todo tipo de organización social, por ello ya se cuenta con una larga lista que sobrepasa las tres mil doscientas ONG, que van desde el Centro Nicaragüense de Escritores —fundado por el mítico sacerdote y poeta sandinista Ernesto Cardenal— y la Academia Nicaragüense de la Lengua, hasta organizaciones sociales, religiosas, comerciales y bancarias; en un esfuerzo por imposibilitar el libre derecho de asociación civil.

Viene al caso todo este relato porque son antecedentes lamentables en Centroamérica, que se pretenden repetir en nuestra Venezuela donde también están amenazadas las ONG, las mismas organizaciones que realizan las tareas de seguimiento y lobby a los problemas que contradicen, restringen y violan los derechos humanos [DDHH].

Aprobado el 24 de enero en primera discusión por la Asamblea Nacional oficialista 2020, el proyecto de ley pretende criminalizar, atenuar y obstruir la ayuda que, de acuerdo a normas y estándares, reciben estas organizaciones civiles de parte de la comunidad internacional. La ‘razón’ de fondo es impedir la supuesta financiación de organismos y países que ‘buscan desestabilizar al gobierno cuestionado’.

Entendiéndose esta situación como sumamente grave, es que ‘unitariamente’ se debe denunciar este abuso oficialista, por cuanto la infuncionalidad o desaparición de estas organizaciones al servicio de las necesidades y nobles causas de la población, el estado de indefensión de la sociedad sería absolutamente contrario a sus derechos y bienestar.

Nada más importante que la Unidad para exigir las condiciones de las Elecciones Libres y su realización en las presidenciales. Esta aspiración, mayoritariamente unitaria, debe observarse en el próximo evento que son las Primarias. En este punto es donde se podrán ver más las actitudes que quieren sumar, las que respetarán el ‘pacto unitario’, aun perdiendo esa contienda.

Siendo las Primarias un proceso legitimador —que no se ha dado internamente en los partidos— entendemos que se debe luchar por lograr la participación abrumadora que se requiere del electorado,  para que no queden dudas de la efectiva  actualización y renovación de liderazgos confiables. El retorno a la democracia exige más democracia interna, a través de la elección popular. Eso es crucial, si queremos persuadirnos de que esta vez vamos por un camino diferente y de verdad más seguro.

Humberto Villalobos, Coordinador de Vente Venezuela, reiteró que la realización de las Primarias debe ser sin el CNE.  Además expresó:  «La Comisión Nacional de Primaria, estaría estudiando la participación del CNE como un ente técnico o un ente colaborador, lo cual considero que es una cuestión realmente absurda», por considerar la parcialidad del órgano rector en la manipulación del orden electoral.

Sopesando entonces un compendio de razones que tienen que ver con el respeto y seguridad del acto de votación, dicen inclinarse por la exigencia del ‘voto manual’.

Aunque el CNE no ha dado respuesta a las peticiones de la Comisión Nacional de Primarias, se espera que las posibilidades de financiación del evento electoral opositor estén a la altura del deseo de realizar las Primarias en términos independientes del CNE, con lo que se supone incrementaría la confianza de los electores, dentro y fuera del país.

 

 

 

 

 

 

 

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