Jerusalén, 5 nov (EFE).- La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reprochó este jueves que las investigaciones «políticas» dirigidas a su gabinete en los últimos meses, por los escándalos de filtración de documentos de inteligencia o intentos de alterar las actas del 7 de octubre, son «un golpe de Estado».
Netanyahu respondió así a las acusaciones del exjefe del servicio interior de inteligencia israelí (Shin Bet) Yoram Cohen, quien aseguró hoy en una entrevista de radio que el primer ministro pidió que se vigilara a personas implicadas en un proyecto «sensible» de defensa.
«El primer ministro buscó proteger un secreto de Estado vital, aceptó las recomendaciones del estamento jurídico, actuó acorde a la ley y no violó los derechos de nadie», dijo su oficina en un comunicado, sin negar las acusaciones de Cohen.
«La verdadera amenaza a la democracia en Israel no proviene de los funcionarios electos, sino de los funcionarios de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que se niegan a aceptar la ley del votante e intentan llevar a cabo un golpe de Estado con investigaciones políticas desenfrenadas», sentenció el texto.
El líder del partido opositor Unidad Nacional, Benny Gantz, escribió después en redes sociales que no le sorprenden las acusaciones de Cohen, que se refieren a un incidente del año 2018, cuando Gantz era jefe del Estado Mayor israelí.
«Recuerdo bien la atmósfera tóxica y sospechosa que rodeaba al primer ministro durante el período del que habló el exjefe del Shin Bet», dijo Gantz, que acusó a Netanyahu de ser desconfiado por naturaleza.
«El Estado de Israel merece un primer ministro que se concentre en la guerra contra Irán y el terrorismo, y no en la guerra contra el sistema de seguridad», sentenció el político.
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Cada vez son más los escándalos y leyes polémicas que generan división en Israel por la gestión de Netanyahu, que testificará además el próximo 10 de diciembre en una sala fortificada y subterránea de Tel Aviv en el juicio por corrupción que arrastra desde 2020.
Ayer, el principal portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, criticó un proyecto de ley que permitiría a los miembros del Ejército y de los servicios de inteligencia filtrar documentos clasificados al primer ministro o al ministro de Defensa sin autorización, y al que el Gobierno dio su apoyo esta semana.
«El Ejército no oculta información a la cúpula política. El Ejército trabaja en consonancia con la cúpula política para la defensa de Israel», dijo Hagari durante una rueda de prensa, en la que calificó de «peligroso» para la seguridad del Estado el proyecto, que superó ayer su primera votación (de tres) en el Parlamento.
La propuesta, apodada ‘Ley Feldstein’, llega en plena batalla legal por el caso ‘BibiLeaks’, en el que Eli Feldstein, un portavoz de Netanyahu, y un suboficial reservista están acusados de conspirar para filtrar a la prensa extranjera un documento clasificado para influir en la opinión pública contra un acuerdo de alto el fuego en Gaza.
Este jueves, el Tribunal Supremo de Israel ordenó mantener bajo arresto a los sospechosos hasta el lunes, cuando anuncie su decisión final respecto al recurso de la Fiscalía contra la decisión de un tribunal de Tel Aviv de mantener a Feldstein y el otro detenido bajo arresto domiciliario.
Además, el jefe del gabinete de Netanyahu, Tzachi Braverman, ha sido acusado de extorsionar con un vídeo comprometedor a un oficial militar de la oficina del primer ministro para alterar las actas de reuniones de los instantes previos a los ataques de Hamás del 7 de octubre, así como las llamadas mantenidas en la mañana del ataque, según recogen los medios israelíes.
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