Luego de ser detenidos, varios manifestantes fueron víctimas de ataques violentos, fuertes golpizas, tratos crueles con intentos de asfixias para intentar sacarles información que comprometiera a líderes políticos. La situación la han denunciado durante las audiencias de presentación y ante los organismos competentes, pero hasta ahora ningún funcionario ha sido imputado por estos hechos, señala la abogada y coordinadora regional del Foro Penal en el Táchira, Raquel Sánchez, quien precisa que la tortura ha sido invisibilizada.
De acuerdo con Sánchez, el delito más imputado en las instancias militares, a los detenidos durante la protestas en Táchira es ataque al centinela, que tiene pena superior a los 20 años.
La representante del Foro Penal Raquel Sánchez asegura que aunque el delito de ataque al centinela no ha sido cometido en el marco de las protestas, porque no se vulneran instituciones militares, la mayoría de manifestantes son imputados por este hecho y reciben penas severas.
Explica que este crimen, según la norma, refiere actos violentos contra un funcionario que está resguardando de alguna manera una guarnición militar, “sin embargo, una de las cosas que nosotros siempre alegamos dentro de las audiencias es que no se puede aplicar este hecho cuando los efectivos están en labores de orden público, en vez de resguardo a una sede militar como corresponde, pero ya ha sido una constante a nivel nacional su tipificación, sin importar si se configura o no dentro de las actividades que realizaron los imputados”.
“Las penas son altas. En el caso de todos los delitos que se imputan a los detenidos por protestas, superan los 20 años en sentencias de tribunales militares”, precisa.
CAMBIOS EN EL PROCESO. Cuando comienza a darse el sometimiento a jurisdicción militar de civiles, en junio pasado, solo se tenía un detenido en este proceso, pero para el mes de julio las cifras se elevaron en un 80 %, llegando a unos 150 civiles procesados militares, solo en el Táchira.
Este año, el Gobierno ha cambiado unas tres veces la modalidad de los procesos para los privados de libertad por situaciones relacionadas con las protestas en Venezuela. En las primeras manifestaciones eran procesados en tribunales civiles, luego incorporaron el sistema de fiadores para poder lograr su liberación, aun cuando el Ministerio Público ni siquiera imputaba delitos donde se solicitó libertad plena, pero los jueces de control, sobre todo del área penal, impusieron medida cautelar sustitutiva con empleo de fiadores, las cuales eran de muy difícil cumplimiento. El proceso era muy engorroso.
“Llegamos a presentar por caso hasta cuatro fiadores que se demostraba devengaban hasta 400 unidades tributarias al mes, además de otros requisitos extremos, aun así el tribunal no los aceptaba exigiendo la certificación de la legalidad de las últimas 5 declaraciones de Impuesto Sobre La Renta, el Seniat no las sellaba porque su documento era ya autenticado por sus procesos regulares en la página del organismo, pero el juez lo exigía así y eso no está en la ley, como tampoco los lapsos para el Tribunal verificar, lo que llevó a cada uno de los jueces a tomar criterios diferentes que hacían muy lentos los procesos y había mucha imprecisión en cuanto a la verificación, que podía dilatarse más de dos meses”.
El tercer proceso que se impuso para los imputados, por situaciones relacionadas con las protestas, fue pasar los casos a tribunales militares, a pesar de ser civiles.
“Nunca debieron ser procesados por tribunales militares, por la razón básica de que son civiles e imputar delitos militares a civiles no cabe, hay normativas especiales, jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de órganos de protección internacional donde está establecido el juez natural, incluso la preferencia de que si un delito está tipificado en la norma ordinaria y militar, debe aplicarse la que está en la parte ordinaria, o sea la civil”.
Dice la abogada del Foro Penal que la rigurosidad de los tribunales militares es extrema, pues hasta el alguacil es militar y no deja espacio para que el profesional del derecho pueda trabajar con comodidad. Reitera que los penales civiles son los que corresponde a los civiles.
Las penas por los mismos delitos que hoy se imputan a los detenidos en protestas son menores en los tribunales civiles que en los militares.
MÁS DE 390 DETENIDOS. Entre abril y julio de 2017, dice Raquel Sánchez que se cuentan más de 390 detenciones atendidas por el Foro Penal en Táchira, exceptuando los atendidos por abogados privados o defensor público militar.
La mayoría de los aprehendidos son masculinos en edades comprendidas entre 14 y 42 años de edad. “La incidencia de menores de edad es alarmante, así como el trato que les están otorgando, en relación a años anteriores donde los menores se entregaban si los padres se hacían responsables mediante la firma de un acta”, sostiene Sánchez.
Los menores de 18 años de edad, capturados durante las protestas suscitadas desde el mes de abril en el Táchira, han ido obteniendo su libertad. La mayoría fueron recluidos en la Unidad de Atención a Menores de la avenida 19 de Abril de San Cristóbal, pero en muchos casos, por no haber cupo disponible, los trasladaron de nuevo al órgano donde estaban detenidos como la Guardia Nacional (sus destacamentos), la Policía Nacional y regional.
Con 8 de los menores se cometió otra irregularidad. Los sacaron del centro donde estaban recluidos en la Unidad de Atención de San Cristóbal y los llevaron a Yaracuy. “Fueron desarraigados de su ciudad y fue una situación muy dramática para su familia y para ellos también porque, si bien la Lopna establece responsabilidades, estas deben hacerse con un fin educativo y el trato con ellos, por ser vulnerables, debe ser particular y prevalece el interés superior del niño y adolescente. Nunca deben ser desarraigados y en este caso nada de eso importó”.
LAS TORTURAS. No todos los casos de tortura a detenidos durante las protestas en el Táchira son denunciados, pero la mayoría de acusaciones se hicieron en audiencias de presentación, dice Raquel Sánchez.
“Cuando se formaliza la denuncia el juez de control es quien ordena, de oficio, enviar a la Fiscalía de Derechos Fundamentales para que se abra la investigación en contra de los funcionarios actuantes”.
-¿Hay algún funcionario preso en el Táchira por los casos de tortura denunciados?
-“No hay ninguno en el Táchira por el caso de tortura, tratos crueles e inhumanos, no… La tortura ha sido invisibilizada porque no se ha conocido de actos conclusivos hasta ahora, a pesar de que existen varias denuncias”.
-¿Cuáles son las denuncias presentadas por tortura?
-“Ataques con actos violentos, golpizas muy fuertes, intentos de asfixias con bolsas o franelas tratando de sacarles información o buscando que el detenido involucre a líderes políticos dentro de hechos que supuestamente revisten alteraciones del orden público. Los minimizan también con la tortura psicológica, prácticas de aplicación de electricidad en sus cuerpos, uso de objetos contundentes”.
“En algunos casos usan sacos de arena para no causar lesiones externas sino internas, en sus órganos, pero sí hay causas abiertas por casos crueles, inhumanos y torturas, aunque estas personas están en riesgo latente.
En el Táchira no se conoce de tortura con actos lascivos o violación”.
-¿Las víctimas a quiénes acusan de torturas y trato inhumano?
-“A personas armadas, civiles y funcionarios de los cuerpos de seguridad, pero sabemos, quienes estamos en esta área, que realmente no hay crimen perfecto, con la investigación se afloran los detalles incluso de los fallecidos, que son 18 durante el marco de protestas de abril a julio”.
DATO
Exigencias imposibles de cumplir en la imposición de fiadores, casos de civiles pasados a tribunales militares y el posterior retorno del proceso a los jueces naturales de los detenidos, son los cambios que en solo 4 meses han sufrido las personas acusadas en Táchira en el marco de las protestas suscitadas desde abril.