La presencia de 600 medios de comunicación social nacional e internacional sumado a las redes sociales y lo hasta ahora publicado sobre los hechos ocurridos el pasado 23 de febrero sobre la quema de la ayuda humanitaria que transportaba una gandola que fue incendiada luego de ingresar a territorio venezolano desde Cúcuta, harán difícil a quien pretenda engañar o confundir a la opinión pública nacional e internacional.
Todo indica que el régimen de Nicolás Maduro “mordió el peine” y montaron un operativo en base a los anuncios previos hechos por voceros del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo al presidente Donald Trump; Colombia, el presidente encargado Juan Guaidó y diputados de la Asamblea Nacional, quienes anunciaban a cuenta gotas sobre un plan que permitiría el ingreso de la ayuda humanitaria, adicionalmente, a la campaña de sensibilización a miembros de las Fuerzas Armadas.
El plan hecho público consistía que serían militares venezolanos en el exilio los encargados de ingresar la ayuda humanitaria y como tal estarían colocados al frente, y detrás de ellos, funcionarios de las Fuerzas Armadas aliadas de EE.UU., Colombia, Brasil y España, las cuales actuarían a solicitud de los militares venezolanos si son agredidos. Esta acción estaba amparada con la decisión del TSJ en el exilio y de la Asamblea Nacional sobre la creación y aprobación de una coalición militar internacional “Misión de Paz”.
Toda esta arremetida comunicacional y estratégica conllevó al régimen a montar su plan para dar respuesta y enfrentar esa ofensiva “imperial”, aferrándose al argumento que detrás de la ayuda humanitaria se ocultaba una intervención militar extranjera, para justificar su negativa a la ayuda humanitaria hasta que llegó el 23-F, día en el cual no vieron en las fronteras ni un solo militar los famosos “marines” sino a un gran voluntariado formando un corredor humanitario que logró el ingreso de la primera gandola cargada de medicinas y quemada por efectivos de la PNB.
La quema de la ayuda humanitaria es considerada de acuerdo al Acuerdo de Ginebra un crimen de lesa humanidad en grado de “Exterminio” delito que solo puede ser cometido por un genocida. Pero es que a esta acción criminal se suman las muertes de personas a manos no solo de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado sino de colectivos y presos que fueron uniformados con prendas militares para asesinar tal como lo aseguran en la comunidad indígena “Pemones”.
Esta situación es sumamente grave, sobre lo cual debe responder el ministro Padrino López. Cómo permite y avala que colectivos y presos (delincuentes y asesinos) porten pendras de las Fuerzas Armadas para formar parte de una acción militar contra personas desarmadas para enfrentar una intervención militar extranjera que nunca existió y que quedó claramente demostrado el 23-F, como también quedó demostrado lo que hubo fue una cobarde represión por parte de una dictadura que se aferra en el poder en contra de la voluntad de todo un pueblo que permanecerá en la calle hasta lograr su libertad y recuperar la democracia en el marco de la Constitución, el apoyo de la comunidad internacional y la ayuda de Dios.
Cambio de actitud
Los sucesos y la evidente responsabilidad del régimen dieron pie a cambios en la actitud tanto del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres como de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michell Bachelet, quienes mostraron preocupación y consternación por lo ocurrido.