El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas presentó este 16 de septiembre las Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. En dicho documento, que está centrado en una investigación sobre las respuestas del sistema judicial venezolano a los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 contra reales o supuestos opositores y opositoras al Gobierno, se incluyen siete casos específicos ocurridos en Mérida.
Las reseñas de estos casos aparecen en los apartados del informe referidos a la independencia del sistema de justicia; actos y omisiones de jueces y fiscales; y respuesta del sistema de justicia a alegatos de violaciones a los derechos humanos.
Los casos que han tenido lugar en Mérida están reseñados en informes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). Tres de esos siete casos han sido llevados ante instancias internacionales: la destitución por motivos políticos de fiscales del Ministerio Público, la detención arbitraria e imputación por instigación al odio de los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto y el encarcelamiento por falsa acusación del estudiante universitario Erickvaldo Márquez.
Destitución, acoso, intimidación y presión en contra de fiscales
En el subtítulo C del apartado sobre independencia del sistema de justicia, referido a la selección, disciplina y destitución de fiscales, el informe incluye el testimonio de una exfiscal del Ministerio Público en Mérida que fue destituida en 2017, tras la remoción ilegal de Luisa Ortega Díaz de su cargo como Fiscal General de la República. Solo en el estado Mérida, entre el 23 de agosto y el 20 de septiembre de 2017, un total de 25 fiscales fueron destituidos y a otros 12 los obligaron a renunciar. Estos casos fueron presentados por el ODH-ULA en diciembre de 2020 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 178° Período Ordinario de Sesiones y cursan en el Sistema de peticiones y casos de la CIDH.
La exfiscal entrevistada por la Misión internacional independiente de la ONU dijo que su destitución se debió a que se había negado a mantener abiertos casos de detenciones hechas durante las protestas sociales de 2017, sobre las cuales no había pruebas en contra de los detenidos, así como a cerrar otros donde se investigaba a miembros de colectivos afectos al régimen por la comisión de presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones sociales de ese año. Esta exfiscal, antes de ser destituida, fue víctima de acoso e intimidación por parte de policías por haber participado en protestas para rechazar la remoción de Luisa Ortega Díaz.
Otro exfiscal de Mérida, que había sido asignado para investigar el asesinato de la docente chilena Gisela Rubillar, contó a la Misión internacional independiente de la ONU que un Fiscal nacional enviado desde Caracas solicitó revisar nuevamente el expediente del caso, sobre el que las investigaciones habían revelado que un miembro de los colectivos era el probable autor del crimen.
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“El fiscal nacional solicitó volver a entrevistar a los testigos presenciales. Le dijo a una de las testigos que no había estado en una posición ventajosa para ver el tiroteo y que por lo tanto su recuerdo debía ser “algo psicológico”. En cambio, el fiscal nacional identificó y acusó al manifestante Steven Ricardo García Sanz, con base en la declaración de un testigo que había oído que “Steven” era el responsable”, dice el Informe.
Violaciones al debido proceso judicial
En el apartado referido a actos y omisiones de jueces y fiscales, el informe incluye los casos de los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto, de la activista por los derechos humanos de las mujeres Vannesa Rosales y del estudiante universitario Erickvaldo Márquez. A este último caso, la Misión internacional independiente de la ONU dedicó tres páginas de su informe para detallarlo.
El caso de los bomberos Varón y Prieto, detenidos en Mérida la noche del 12 de septiembre de 2018 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por su presunta implicación en la realización de un video donde se muestra un burro al que llaman Nicolás Maduro, está incluido en el subtítulo referido al incumplimiento de asegurar la legalidad de las detenciones y medidas cautelares del mencionado apartado.
“El fiscal los acusó del delito agravado de promoción e incitación al odio, con una pena máxima de 20 años de prisión, y alegó que habían sido detenidos en flagrancia. No consta en el acta de la audiencia de presentación que el Juez de Control haya realizado un análisis de riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación. La gravedad de la tipificación jurídica elegida, junto con una referencia general al conjunto de disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal que rigen la prisión preventiva, fueron el fundamento para que el Juez de Control aceptara la detención como flagrancia y ordenara la prisión preventiva”, detalla el informe.
Sobre el caso de la activista Vannesa Rosales, detenida el 12 de octubre de 2020 por suministrar fármacos a una adolescente para que abortara el embarazo producto de una violación, la Misión internacional independiente de la ONU señala que “se le negaron las visitas de su equipo legal durante los tres meses que estuvo detenida en las instalaciones del CICPC en Mérida. El tribunal negó a su defensa el acceso al expediente durante más de un mes, y se negó a proporcionarles una copia hasta enero de 2021, lo que impidió su revisión completa del acta de la audiencia de presentación y de los elementos que sustentaba los cargos en su contra”.
Respuesta del Estado ante violaciones de derechos humanos en Mérida
Finalmente, en el apartado del informe referido a la respuesta del sistema de justicia a alegatos de violaciones a los derechos humanos, se incluyen dos casos en Mérida, cuyas violaciones ocurrieron en 2014 y 2019.
La Misión internacional independiente de la ONU apunta que en un informe emitido por el Ministerio Público de Venezuela en el año 2015, relacionado con violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas de 2014, se señaló el inicio de 236 investigaciones en contra de funcionarios públicos de distintos organismos de seguridad del Estado por cometer presuntas violaciones a los derechos. “Hasta el 23 de marzo de 2015, había presentado 14 acusaciones contra 30 funcionarios de seguridad pública, incluidos 21 policías acusados de trato cruel y 9 acusados de asesinato”, precisa el informe. Cinco miembros de la policía de Mérida estaban incluidos en la lista de acusados por trato cruel.
En el Informe sobre violaciones de los derechos humanos en la ciudad de Mérida en 2014, el ODH-ULA documentó seis actuaciones de la Policía del estado Mérida y siete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en manifestaciones que fueron fuertemente reprimidas, así como otras 14 cometidas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Grupo de Reacción Inmediata (GRIM). Además, víctimas entrevistadas por este observatorio relataron que en el marco de las protestas sociales de ese año fueron sometidas a torturas, tratos crueles y degradantes por parte de policías y funcionarios de la fuerza pública, quienes llegaron incluso a disparar con armas de fuego a manifestantes.
El documento presentado por la Misión internacional independiente de la ONU también refiere un caso relativo a la violación del derecho a la defensa en Mérida, que fue registrado en el Informe anual 2020 de la Defensoría del Pueblo. El ODH-ULA ha presentado más de una decena de denuncias ante la Defensoría del Pueblo en Mérida, relacionadas a violaciones de distintos derechos humanos, y ninguna ha sido respondida.
“La información proporcionada por la Defensoría del Pueblo ha permitido conocer su trabajo. Sin embargo, parece que las acciones reportadas por la Defensoría del Pueblo en relación con el gran número de denuncias, quejas y peticiones que recibe están muy lejos de cumplir con su función constitucional de promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos”, apunta el informe de la Misión internacional independiente de la ONU.
La documentación de casos por parte de los miembros de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela muestra que las violaciones de derechos humanos en este país, cometidas por el propio Estado con la participación de sus operadores jurídicos, responden a patrones que buscan castigar a quienes disienten o manifiestan su rechazo a la actuación del régimen de facto. El ODH-ULA celebra la documentación de todos los casos registrados en el citado informe y exige al Estado venezolano, una vez más, que haga justicia y cese la comisión de violaciones de derechos humanos en contra de sus ciudadanos.
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Cortesía: Equipo de Prensa Observatorio de Derechos Humanos
Universidad de Los Andes. Mérida – VE
