La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó este lunes un informe en el que concluyó que la represión en el país se profundizó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y confirmó que sigue ocurriendo «el crimen de persecución por razones políticas».
En el documento, entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, la Misión subrayó que, ante las manifestaciones que se desataron tras los resultados electorales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, el gobierno de Nicolás Maduro puso en operación “los métodos más duros de su maquinaria represiva” y destacó que la persecución política «ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades».
Además, expuso con detalle los asesinatos que se registraron en las protestas, las muertes bajo custodia estatal, las más de 2.200 detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y la violencia sexual, todo ello enmarcado en una estrategia de persecución política que, según la Misión, constituye crímenes de lesa humanidad.
“La Misión ha determinado que las personas privadas arbitrariamente de la vida entre el 28 y 30 de julio de 2024 asciende a 25. El Ministerio Público situó la cifra en 28, de las cuales 22 coincide con la Misión. Las 6 personas adicionales presentadas por las autoridades no forman parte del mismo contexto electoral, según las investigaciones de la Misión”, detalló la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de esa instancia durante la presentación del informe.
Añadió que el Estado venezolano ha atribuido las muertes a la oposición por intermedio de sus activistas, criminales contratados o de bandas delincuenciales “y al mismo tiempo, ha exculpado de estas muertes a los cuerpos de seguridad”.
Sin embargo, la investigación de la Misión no ha revelado indicio de que la oposición pudiera estar implicada en la muerte de los manifestantes.
“Por el contrario, la Misión ha alcanzado motivos razonables para creer que los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en varios de los accidentes que resultaron en esas muertes. De las 25 muertes, la Misión ha investigado 14, en las cuales ha concluido que en 12 hubo involucramiento de miembros de los cuerpos de seguridad”, dijo Valiñas.
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«En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos. Una de ellas recibió un disparo con una escopeta a menos de 10 metros de distancia», expuso Valiñas.
La jefa de la Comisión también recordó que un año después de esos incidentes, la Fiscalía «no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado».
«Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad«, denunció.
Valiñas señaló que la Misión estará presentando en las próximas semanas un informe con las conclusiones detalladas sobre la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en violaciones de derechos humanos y delitos internacionales documentados por la Misión en los últimos años.
Detención de familiares
En el informe, que abarca el período de septiembre de 2024 a agosto de 2025, también se señaló que los familiares de la persona que es el verdadero objetivo político del Estado son “detenidos como forma de represalia o presión”. Este accionar genera “impactos graves en los núcleos familiares, como trato cruel, inhumano o degradante, y en la sociedad en general, al reforzar un clima de temor”.
El informe identifica varios casos de parientes de opositores encarcelados, algunos con nombre y apellido, y otros anónimos para proteger su identidad y evitar represalias.
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