En un comunicado de prensa difundido este lunes, la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela exigió a la administración de Nicolás Maduro detener inmediatamente la creciente represión post electoral, al tiempo que exige investigar a fondo “la avalancha de graves violaciones de derechos humanos”.
En el texto hace mención a la arremetida por parte del Estado contra los venezolanos por su participación en protestas de calle y manifestaciones en redes sociales, lo que ha llevado a un clima de temor generalizado. A la fecha, la misión registra al menos 23 muertes en el contexto de los reclamos postelectorales hasta el 8 de agosto, en su mayoría por armas de fuego. 18 de las víctimas eran menores de 30 años.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, dijo Marta Valiñas. “Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, agregó.
El registro de la misión incluye al menos 1.260 detenciones arbitrarias desde el 28 de julio, de las que se incluyen a 160 mujeres. Las entidades con mayor número de detenidos son el Distrito Capital (18%), Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%). Sin embargo, de acuerdo con el fiscal general de la República la cifra de apresados en el contexto de las manifestaciones son de 2.200 personas, calificadas de manera indiscriminada como “terroristas”.
Así como lo han denunciado diferentes ONG, la misión coincide en que se trata de arrestos arbitrarios que constituyen graves violaciones al debido proceso y que dejan a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia. Entre los elementos comunes que determinan la arbitrariedad en las aprehensiones están: “audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas”.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, dijo Patricia Tappatá, experta de la misión. “Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”.
Lea también
Entre los ciudadanos que han sido apresados hay dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como defensoras y defensores de derechos humanos, considerados o percibidos como opositores por las autoridades.
Sin embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades. Muchas de estas aprehensiones ocurrieron después de que las personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas.
Asimismo, la misión manifestó su preocupación por más de 100 niños, niñas y adolescentes arrestados e imputados por los mismos delitos que los adultos, y sin la presencia de sus padres o representantes durante las actuaciones judiciales.
“La misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló Francisco Cox, experto de la misión.
Destaca el comunicado que, la misión de determinación de los hechos continúa su proceso de documentación, análisis, verificación e investigación de las violaciones a los derechos en la República Bolivariana de Venezuela, y exige que la represión desatada desde el 28 de julio se detenga de inmediato.
