David Uzcátegui
Colombia vuelve a encontrarse ante uno de esos momentos que definen el rumbo de una nación. Este 21 de junio, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al presidente que gobernará el país entre 2026 y 2030.
Más allá de los nombres, de las ideologías y de las campañas, lo que está en juego es la capacidad de una democracia de consolidarse en medio de profundas divisiones y de preservar una paz que aún sigue siendo frágil.
Los dos candidatos que disputan la Presidencia representan proyectos de país profundamente distintos. Por un lado, Abelardo de la Espriella, abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria, identificado con posiciones de ultraderecha y con un discurso centrado en la seguridad, los valores tradicionales y la defensa de la institucionalidad. Por el otro, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y heredero político del actual gobierno de Gustavo Petro, quien apuesta por profundizar las transformaciones sociales iniciadas en los últimos años.
Las encuestas muestran una ligera ventaja para De la Espriella, aunque dentro de márgenes que no permiten descartar ningún escenario. La incertidumbre es total y la decisión final pertenece exclusivamente a los ciudadanos.
Como era de esperarse, ambos candidatos despiertan adhesiones apasionadas y fuertes rechazos.
Quienes respaldan a Abelardo de la Espriella destacan su firmeza frente a la criminalidad, su defensa de la propiedad privada y su promesa de recuperar la autoridad del Estado en territorios dominados por grupos armados ilegales. Sus seguidores consideran que Colombia necesita orden, seguridad y un liderazgo fuerte para enfrentar los desafíos que amenazan la estabilidad nacional.
Sus detractores, sin embargo, advierten sobre el tono confrontacional de algunos de sus discursos y expresan preocupación por una posible polarización aún mayor del país. También cuestionan su retórica de “batalla espiritual”, temiendo que un lenguaje excesivamente beligerante pueda profundizar las divisiones sociales.
Del lado de Iván Cepeda, sus simpatizantes resaltan su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, su compromiso con la paz y la continuidad de políticas orientadas a reducir la desigualdad social. Sus propuestas giran en torno a la reforma agraria, el fortalecimiento del sistema de pensiones y la ampliación del acceso a la educación y la salud.
Pero sus críticos sostienen que una continuidad del proyecto progresista podría profundizar algunos problemas económicos y de gobernabilidad que han marcado los últimos años. Otros temen que determinadas reformas generen incertidumbre en los sectores productivos y afecten la confianza de los inversionistas.
Y es precisamente allí donde radica el enorme desafío colombiano: administrar sus diferencias sin destruir sus consensos.
Colombia es una nación admirable por su capacidad de resiliencia. Durante décadas ha convivido con el dolor provocado por la violencia, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y las profundas desigualdades sociales. A pesar de ello, ha logrado construir instituciones sólidas, mantener una democracia funcional y convertirse en una de las economías más relevantes de América Latina.
Pero ese equilibrio sigue siendo extraordinariamente delicado.
Las denuncias sobre presiones de grupos armados ilegales en municipios de Nariño y Cauca son un recordatorio de que las amenazas a la democracia no han desaparecido. El hecho de que las autoridades electorales, la Registraduría y el Ministerio de Defensa hayan reiterado las garantías de transparencia y seguridad constituye un mensaje tranquilizador, pero también evidencia la necesidad permanente de proteger las instituciones.
En este contexto, Colombia necesita algo más importante que una victoria electoral: necesita una victoria democrática.
El verdadero triunfo no será únicamente de quien ocupe la Casa de Nariño, sino de la capacidad colectiva de aceptar las reglas del juego democrático. El ganador tendrá la enorme responsabilidad de gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él. Y el derrotado tendrá el deber histórico de reconocer los resultados y contribuir a la estabilidad del país.
La región necesita ejemplos de madurez democrática, de alternancia pacífica y de respeto institucional. En tiempos donde abundan la polarización, la desinformación y los extremismos, una transición ordenada y respetada enviaría un poderoso mensaje de esperanza.
Hoy más que nunca, Colombia merece serenidad. Merece que las diferencias se expresen en las urnas y no en las calles; en el debate y no en la violencia; en las instituciones y no en la confrontación.
Porque cuando Colombia avance, toda América Latina encontrará motivos para creer en la democracia.