Ciudad de México, 13 oct (EFE).- El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios proyectados para 2028 en los estados de Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, ante la sobrepoblación carcelaria generada tras la detención de 70.000 personas en la actual administración.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó en su conferencia diaria de este martes que la intensificación de las labores de seguridad derivó en un aumento de reclusos en los penales, por lo que el Ejecutivo federal financiará y apoyará la edificación de estos espacios.
“Se han detenido 70.000 personas desde que llegamos al gobierno (…) Realmente esto ha representado una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios, y no podemos permitir la sobrepoblación”, afirmó la mandataria.
La presidenta enfatizó que la sobrepoblación penitenciaria no se puede permitir por «derechos humanos y por seguridad».
Sheinbaum precisó que el proyecto contempla un modelo público y no privado, subrayando que “no van a ser centros operados por privados como fue en el periodo anterior, serían operados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal o la Secretaría de Seguridad de las Entidades de la República”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la infraestructura planeada sumará una “capacidad total proyectada de 18.480 espacios” equipados con tecnología de vigilancia, bloqueo de señales y módulos diferenciados por nivel de riesgo.
García Harfuch indicó que, por instrucciones presidenciales y de forma prioritaria tras los recientes enfrentamientos en el penal de Mazatlán que dejaron 12 muertos, la primera obra iniciará en Sinaloa con un recinto financiado con fondos federales para 2.640 personas.
El titular de seguridad enfatizó que el objetivo es «que el estado mantenga el control efectivo de los centros penitenciarios, que las organizaciones criminales no puedan continuar operando desde su interior”.
El Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, apuntó que, junto a la Consejería Jurídica de la Presidencia, analizan alternativas legales y la posible liberación de personas procesadas por delitos menores para “generar un equilibrio en ese sistema penitenciario”, con enfoque prioritario en el Estado de México por su saturación.
La construcción de los centros penitenciarios se da en un contexto de recrudecimiento de la violencia en diversos penales del país, como los recientes choques en el centro penitenciario de Mazatlán que dejaron 12 muertos, y de un incremento acelerado en las detenciones a nivel nacional.
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