La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) ha congelado las cuentas bancarias de 19 personas físicas y morales que han vendido alimentos al Gobierno de Nicolás Maduro. El titular del organismo, Santiago Nieto, ha asegurado este miércoles que se han presentado además tres denuncias contra esta red de empresas que comercializa con Venezuela desde 2016 productos alimenticios de baja calidad y con sobreprecios. La oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda ha abierto la investigación por lavado de dinero después de detectar «irregularidades por 150 millones de dólares», según ha afirmado Nieto.
«No puedo dar más datos», ha dicho el titular de la UIF ante la prensa nacional, tras anunciar el congelamiento de las cuentas, ya que «se encuentra en proceso una investigación por parte de la Fiscalía General de la República». La Procuraduría mexicana comenzó a investigar a esta red empresarial por lavado de dinero en 2016. Desde entonces la justicia ha puesto en la mira a algunas compañías por estar supuestamente involucradas en las irregularidades, como La Cosmopolitana o Almacenes Vaca, empresas que fueron beneficiadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con numerosos contratos que aún mantienen con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta misma investigación llevó a la Fiscalía mexicana en octubre del año pasado a imponer sanciones por unos tres millones de dólares.
Desde la instalación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela durante 2016, un grupo de empresas mexicanas se convirtió en proveedoras de alimentos, principalmente de leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y latas de atún. El programa venezolano de reparto de cajas a los sectores más pobres, creado para hacer frente a la escasez alimentaria ante la crisis económica, ha adquirido múltiples críticas por incluir productos de muy baja calidad y con pocos aportes nutricionales. Algunas de las compañías que comercializaron con Venezuela fueron incluso denunciadas en México por casos de contaminación alimentaria o irregularidades fiscales.
Las irregularidades de los CLAP fueron destapadas por primera vez por el sitio web de noticias Armando.Info. Las diversas investigaciones sobre desvío de fondos, otorgamientos de contratos a dedo y compras de productos de baja calidad que ponían en riesgo la salud de miles de venezolanos llevaron a cuatro de sus periodistas al exilio. El trabajo del portal dejó en evidencia además que el negocio de los sobreprecios en los alimentos traspasaba las fronteras venezolanas a través de empresas localizadas en España, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.
Uno de los productos más señalados desde el inicio de las investigaciones ha sido la leche en polvo. Una publicación realizada por el portal venezolano reveló en octubre de 2018 que una empresa llamada Grupo Brandon, con domicilio en el Estado mexicano de Nuevo León, monopolizaba las importaciones de estos lácteos desde ese país con artículos de muy mala calidad. A través de varias marcas, esta compañía abastecía los CLAP con leche en polvo que no cumplía con los valores nutricionales recomendados por el Instituto Nacional Nutricional venezolano.
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El escándalo más reciente por la mala calidad de los productos vendidos a Venezuela llegó de la mano de un estudio sobre el atún enlatado difundido el pasado marzo por la Procuraduría Federal del Consumidor mexicana. En ese momento, el organismo detectó que 18 de 57 marcas que existían en el mercado contenían altos niveles de soja. En algunos casos, las muestras presentaban incluso más porcentaje de soja que de atún. Además del impacto que tuvo la investigación en México, el reporte no fue ajeno al Gobierno de Maduro. Algunas de los productos con los peores resultados del análisis, como El Dorado o Ancla, habían sido incorporados a las cajas CLAP desde 2016.
