Hay imágenes que terminan formando parte de la memoria colectiva de un país. En Venezuela, una de ellas es la de unos conos atravesados en una carretera, un grupo de funcionarios y un vehículo que reduce la velocidad mientras sus ocupantes se preguntan qué ocurrirá después. Para muchos venezolanos, acercarse a una alcabala no significa necesariamente sentirse más seguros. Significa prepararse para la incertidumbre.
Y precisamente allí está el punto de fondo que debemos discutir.
Durante años hemos normalizado las alcabalas como si fueran una pieza inevitable del paisaje nacional. Las hemos aceptado como parte de viajar, transportar mercancías o simplemente desplazarnos de una ciudad a otra. Pero ¿qué clase de Estado necesita detener permanentemente a sus ciudadanos para demostrar que está haciendo su trabajo?
La discusión vuelve después de que la Presidenta Delcy Rodríguez anunciara la eliminación de las alcabalas policiales en las ciudades y su sustitución por un sistema de patrullaje. La decisión puede parecer pequeña frente a los enormes problemas que enfrenta Venezuela, pero en realidad toca una fibra profunda: la relación entre el ciudadano y el poder.
Si una medida que durante años fue presentada como instrumento de seguridad termina siendo percibida por la población como una fuente de angustia, retrasos, arbitrariedad o posibles abusos, el problema no está solamente en el cono. Está en el modelo.
Por eso resulta relevante la propuesta que hemos introducido en la Asamblea nacional para reclamar que la eliminación no se limite a las ciudades, sino que alcance carreteras y vías interurbanas. Nuestra argumentación combina razones constitucionales, económicas y de seguridad. Habla del derecho al libre tránsito, de los costos para transportistas y productores, de las pérdidas en cadenas de frío y de los potenciales focos de corrupción.
Porque una alcabala no es únicamente un punto donde un funcionario detiene un automóvil. Es un lugar donde se concentra poder discrecional. Allí alguien decide quién pasa, quién se detiene, qué documento debe mostrar, cuánto tiempo espera y, en el peor de los casos, qué precio informal debe pagar para continuar. Ese riesgo no desaparece simplemente porque cambiemos los conos por patrullas.
Aquí aparece la contradicción más importante. El gobierno anuncia que sustituirá las alcabalas urbanas por patrullaje. La propuesta puede representar una modernización si significa más prevención, mejor tecnología y policías capacitados para actuar con criterios claros. Pero si solamente trasladamos el mismo poder discrecional de un punto fijo a un vehículo en movimiento, habremos cambiado el escenario, no el problema.
Nosotros necesitamos mucho más que eso.
Necesitamos un sistema de seguridad que utilice tecnología, inteligencia policial, cámaras, bases de datos interoperables y mecanismos de supervisión. Necesitamos funcionarios que sepan que detener a un ciudadano tiene consecuencias si no existe una razón legítima. Y necesitamos ciudadanos que conozcan sus derechos y puedan denunciar abusos sin temor.
También debemos mirar la dimensión económica. Venezuela no puede aspirar a recuperar su producción, su comercio interno y su capacidad de distribución mientras trasladarse por el territorio siga implicando obstáculos innecesarios. Cada hora perdida por un camión, cada producto que se deteriora, cada ruta que se modifica y cada costo irregular que termina incorporándose al precio final lo paga alguien. Generalmente, lo pagamos nosotros.
Pero hay algo todavía más importante: la confianza.
Un Estado moderno no debería necesitar recordarnos su autoridad cada pocos kilómetros. Su autoridad debería sentirse precisamente cuando funciona bien: cuando protege sin intimidar, cuando controla sin abusar y cuando garantiza seguridad sin convertir el tránsito cotidiano en una experiencia de incertidumbre.
Por eso el debate sobre las alcabalas puede convertirse en algo mucho más grande que una discusión sobre tráfico o policía. Puede ser una oportunidad para preguntarnos qué modelo de Estado queremos construir.
No basta con eliminar las alcabalas de las ciudades para anunciar una transformación. Tampoco basta con exigir que desaparezcan de las carreteras. Tenemos que exigir que desaparezca la lógica que las convirtió en necesarias durante décadas: la improvisación, la desconfianza, la discrecionalidad y la falta de controles efectivos sobre quienes ejercen autoridad.
Nosotros no deberíamos aspirar simplemente a tener menos conos en las carreteras. Deberíamos aspirar a tener más Estado donde realmente importa y menos obstáculos donde no hacen falta. Porque la seguridad no debería sentirse como una amenaza. Y viajar por Venezuela, en pleno siglo XXI, no debería ser un acto de valentía.
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