Zulma López| DLA.- La investigación sobre hechos de corrupción en cualquier parte del mundo supone riesgos, toda vez que se tocan intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole, pero en Venezuela ese trabajo se ha hecho mucho más difícil por una serie de factores que deben sortear quienes se dedican a este tipo de labor.
Mauricio Pernía, quien desde el año 2015 es coordinador del capítulo Táchira de Transparencia Venezuela y de la Coalición Anticorrupción, explicó que la investigación de corrupción en Venezuela parte desde la perspectiva de que en el país, no hay acceso a la información pública, lo que limita mucho la participación ciudadana y el modo en que el ciudadano pueda saber la naturaleza de la gestión del Estado.
Pernía indicó que los intereses que existen cuando se hace una investigación, dependen de cuánto la sociedad está permeada por la corrupción. Agregó que, en el caso venezolano han identificado que además de la corrupción política, hay un patrón de la “gran corrupción” que viene a ser una categoría diferente, en donde las grandes tomas de decisiones del ejercicio del poder político están involucradas en los elementos de corrupción.
Señaló que el patrón de la “gran corrupción” exige otros niveles de análisis, otros niveles de trabajo porque ese patrón se vincula con la falta de acceso a la información pública.
“En Venezuela las estadísticas de enfermedades, por ejemplo, de índices de mortalidad o de robo de vehículos, desde hace muchos años no se producen; son las organizaciones, la sociedad civil y las universidades las que vienen levantando información, sin embargo, a pesar de este importante trabajo que hace la sociedad civil organizada, las universidades y gremios, eso no viene a ser la información oficial”, precisó.
Recordó que cuando se decidió cerrar el paso por los puentes fronterizos en el mes de agosto del año 2015, quienes viven en la frontera colombo –venezolana, no tenían información oficial de lo que estaba sucediendo, y en la medida en que transcurrían los días, se iban tomando más medidas. Apuntó que, desde ese entonces hasta la fecha, cruzar de Venezuela a Colombia supone la necesidad de preguntar si se puede o no pasar, quién puede hacerlo y qué requisitos exigen.
Sobre este particular explicó que la constante falta de información por parte del Estado tiene dos consecuencias, la primera es que el ciudadano no siente confianza ni legitimidad del poder público, y la segunda, es que esa situación se presta para que los funcionarios participen en actos de corrupción como la extorsión, porque el ciudadano no sabe si el requisito que piden es válido o no, y, ante la duda, el funcionario puede presionar y obtener recursos de manera ilícita.
El representante de Transparencia Venezuela en el Táchira, informó que hasta septiembre del año pasado fue que el Estado venezolano, dictó la primera ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un instrumento legal muy breve, con pocos artículos, con altos niveles de discrecionalidad y con poca publicidad porque la mayoría de venezolanos no sabe que existe.
Publicaciones hechas tras las investigaciones
Mauricio Pernía informó que Transparencia Venezuela está presente en 8 estados del país y pese a los riesgos, han hecho un importante trabajo de investigación, cuyos resultados han sido plasmados en informes publicados en la página web de la organización.
En este sentido, explicó que han investigado, por ejemplo, cómo se maneja el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción en materia de extracción del oro en el estado Bolívar y con ocasión de lo que ocurre en esa parte del país, publicaron el informe denominado “Oro Mortal”.
Refirió que recientemente publicaron un informe titulado, “¿Cómo lograr un Gobierno Abierto Para Venezuela?”, en donde se hizo un estudio comparativo de los portales oficiales de Venezuela frente a otros portales de los países vecinos, con el cual demostraron que Venezuela está inundada de propaganda política y no de información.
Dijo que, a propósito de la pandemia, también hicieron un estudio denominado “Cuando la Corrupción es el Virus”, relacionado con la salud en Venezuela. Adicionalmente, en fecha reciente publicaron un informe sobre los acuerdos con Rusia y la alianza geopolítica, con el que se plasma qué cercano ha estado el país de ver afectado el patrimonio público por los negocios con Rusia.
Agregó que ya publicaron el cuarto volumen de un informe que tiene por título “De la Quiebra empresarial a la Desestatización Discrecional”, que es una investigación de muchos años sobre las empresas propiedad del Estado.
Sobre esta investigación, explicó que las empresas pertenecientes al Estado venezolano crecieron vertiginosamente y mucho recurso público fue colocado en esas empresas porque tienen menos restricciones que un instituto autónomo, un ministerio o una gobernación.
“Para el día de hoy podemos señalar que el Estado venezolano tiene alrededor de 912 empresas; es el país con más empresas en el mundo per cápita, es decir tenemos más empresas que cualquier otro país de la región, el que le sigue se aleja por mucho de nuestros números”, apuntó.
Dijo que este informe en particular, tiene información que ha pasado desapercibida para la sociedad venezolana. Recordó que en la primera década de este milenio se hicieron expropiaciones mal ejecutadas a empresas y el Estado no tuvo capacidad de sostenerlas y ahora se está dando la desestatización, es decir están regresando esas empresas al sector privado.
Mauricio Pernía cree que los ciudadanos pueden pensar que son privatizaciones, pero realmente no es así, porque esta acción está cubierta de opacidad, toda vez que no se han hecho licitaciones, ni subastas y se han entregado de manera discrecional.
Agregó que este último informe tiene una propuesta de gobernanza para las empresas del estado, “esta propuesta lo que dice es que nosotros tenemos muchas empresas del Estado, pero no tenemos normas, por ejemplo, más allá de las que tiene la Contraloría General de la República , fortalecer las normas de entrega de las empresa, qué debe pedir una persona que recibe , cómo debe asegurarse de que la persona que esté entregando puede ser investigada, si los hechos que encuentra no son apropiados, pero además porque en Venezuela no hay normas de gobernabilidad y gobernanza de las empresas, entendiendo por gobernabilidad que todos los interesados en la gestión de una empresa del estado participen”, detalló.
Dio como ejemplo lo que sucede con Corpoelec, que es una empresa que tiene todas las etapas de la producción de energía eléctrica en el país, como la generación, distribución y comercialización, pero no tiene elementos de gobernabilidad y gobernanza, es decir nadie controla el presupuesto, nadie conoce la capacidad técnica de sus funcionarios, no se puede decir cuánto personal tiene, si es capaz de sostener el sistema eléctrico y si las inversiones van a llegar o no.
Precisó que este último informe, también tiene una propuesta de marco normativo para las empresas del Estado , “si decimos que tenemos más de 900 empresas del Estado , el contraste es que tenemos unas escuetas normas de la ley orgánica de la Administración Pública que, en menos de 11 artículos, define todo lo que debe haber en las empresas del Estado, cuando las mismas tienen muchas más complejidades sobre todo en materia de conflictos de interés, en materia de cómo precisar el presupuesto público y cómo el presupuesto público también es participativo en la empresas del estado”.
Pernía aseguró que un Estado como el venezolano que se ocupa de tantas cosas al mismo tiempo, como administrar supermercados, farmacias, liceos, universidades, hospitales, puentes, se volvió un Estado enorme y en la medida que más tamaño tiene, mas procedimientos crea y más riesgos de corrupción hay.
Investigaciones en Táchira
Sobre el trabajo que ha hecho Transparencia Venezuela en el estado Táchira, Mauricio Pernía, explicó que han desarrollado informes sobre obras inconclusas y sobre la situación de la migración.
Sobre la migración agregó que está expuesta a múltiples vulnerabilidades y el trabajo de Transparencia Venezuela, ha sido identificar cómo la migración, durante estos ochos años, se ha visto impactada por extorsión y sextorsión que es la categoría vinculada a la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, “hemos podido identificar como están expuestos a la violación de los derechos humanos, por extorsión, los migrantes en el Táchira”, indicó.
Opacidad e impunidad
Pernía cree que uno de los elementos que pudiera resultar claves contra la corrupción, es que las personas reconozcan que hay una enorme opacidad y que esa opacidad se encuentra respaldada por un elemento clave que es la impunidad.
Explicó que la ciudadanía puede ver qué hay personas que tiene un enriquecimiento no acorde con su salario y pareciera que esa situación no tuviera consecuencias inmediatas, “tenemos construcciones en parques nacionales, esos eventos ocurren, pero no se encuentran los culpables”, sostuvo.
Manifestó que la impunidad muchas veces se convierte en una invitación para que el funcionario público entienda que tiene más libertades de las que la ley le propone, y en ese sentido, es importante entender que el trabajo de la sociedad civil es enterarse de que eso está ocurriendo, considerar que lo que ocurre en Venezuela no son hechos aislados, sino que es un patrón de gran corrupción.
Para Pernía las sanciones en Venezuela tienen un impacto real en su presupuesto, pero aclaró que la opacidad en Venezuela tiene antecedentes muy graves antes de que las sanciones llegaran,“la corrupción tiene un impacto mayor de lo que puede reflejar cualquier otra acción internacional sobre el país”, puntualizó.