Confirmó la Comisión de la Asamblea Nacional que investigó los hechos del 15 de enero en El Junquito, donde es asesinado Óscar Pérez y 6 de sus acompañantes, que los 7 cuerpos presentaron un tiro en la cabeza, lo que se conoce como “tiro de gracia”, prueba que podría confirmar un ajusticiamiento extrajudicial.
Lo ocurrido con la muerte de estos 7 rebeldes y dos personas más -supuestamente ligadas a organismos de seguridad del estado- mantiene convulsionada la opinión nacional e internacional; hasta ahora no hay detalles desde el gobierno sobre la acción policial que llevó al dramático saldo.
El manejo que se hizo con la entrega y entierro de los cadáveres son hechos sin precedentes, incluso revelan que no les permitieron ni vestirlos y los sepultan en harapos.
Jesús Berro, ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas –Cicpc- ex director de la Policía del Táchira, abogado criminalista y penalista en ejercicio, explica desde diversos ángulos científicos, técnicos y jurídicos lo que pudo suceder –de acuerdo a las evidencias conocidas- en la denominada Operación Gedeón.
“Los videos que se conocen grabados por el propio Óscar Pérez, son elementos de juicio que tenemos todos los que no tuvimos la oportunidad de conocer las interioridades de esta operación. En todo caso son evidencia o elementos constituidos como fuentes de pruebas y se deben hacer valer en la Corte Penal Internacional, que tiene una estructura muy similar a una fiscalía, con una institución de sustentación donde están unos investigadores”.
-¿Posterior a los asesinatos se cometió algún delito con la retención y manejo de los cadáveres?
-“No puede ser que el Estado quiera hacer con los cadáveres lo que quiera. Hubo abuso de poder, extralimitación, profanación de cadáveres”.
-¿Qué son los ajusticiamientos extrajudiciales?
-“Es un ajusticiamiento sin juicio previo, donde el operador policial o militar, llega mata y punto. Le pongo el arma en la cabeza y le doy un tiro, no hay un proceso debido. Yo policía decidí ser juez, fiscal y es un homicidio. Este delito junto a la tortura son catalogados como los peores crímenes por el derecho internacional y los Derechos Humanos, además nunca prescriben”.
-¿Cómo se han presentado en el país los ajusticiamientos extrajudiciales?
-“Acá hemos tenido varios eventos de este tipo, como los pozos de la muerte y en diciembre pasado en Guárico capturaron a tres jóvenes que tenían de rehén un señor, ellos se entregaron, dejaron el arma en el piso, se arrodillaron y llegaron los metieron en la patrulla y después se escucharon los impactos y se vieran los cadáveres, pero todo fue grabado porque la tecnología lo permite, como con Óscar Pérez, nadie esperaba que grabará la cronología de una muerte que estaba anunciando y se ejecutó, si eso no hubiese ocurrido cuela más la tesis del enfrentamiento, es un hecho único en el mundo”.
-¿Cuál es el mensaje de gobierno con este tipo de operaciones con saldos fatales absolutos para los insurgentes?
-“El mensaje ya lo sabemos, desde el punto de vista institucional es que carecen de tecnicidad y cienticidad en el manejo de una situación de crisis; desde lo político y social, el mensaje es que quien disienta ese es su fin, y eso quedó percibido en el cuerpo social”.
Corte Penal puede reconstruir hechos
“Nadie esperaba que grabará la cronología de una muerte que estaba anunciando y se ejecutó, si eso no hubiese ocurrido cuela más la tesis del enfrentamiento, es un hecho único en el mundo”.
De entrada es un homicidio, debe abordarse y establecer responsabilidades… las responsabilidades penales son personalísimas llámese presidente, rey, monarca y no se goza de prerrogativa de ningún tipo
¿Cómo debió ser la operación desde la ciencia policial?
Desde la ciencia policiológica y criminalística afirma el experto ex policía que la doctrina aconseja en el manejo de situaciones de alto riesgo aprehender, reducir y dar el tratamiento metodológico a los implicados, “será la función judicial la que va a juzgar la conducta y comportamiento de estos seres humanos. Al policía le corresponde es cumplir con su deber”.
-¿Cómo debió manejarse desde la doctrina policial el caso de Óscar Pérez?
–“Para manejar una crisis de ese tipo hay escenarios pre, durante y post. Pre, al detectar la situación de alto riesgo debe planificarse y contar con equipo de talento humano, recursos tecnológicos, logísticos y materiales. Detectada la situación hay que hacer una periferia o anillos de contención, montar lo que se conoce como centro de operaciones locales y generales. Comienza ya el desarrollo del manejo de la situación por parte de equipos multi e interdisciplinarios. En estos casos la negociación priva por encima de todo con los denominados grupos tácticos, quienes deben agotar la persuasión y el diálogo para provocar la entrega o deponer la actitud de las personas, así tengan armas”.
Es norma policial que no solo hayan profesionales policiales, también hay sacerdotes, psicólogos y familiares que se emplean para quebrar desde el punto de vista sentimental y afectivo a los implicados.
Para Berro el recurso de la fuerza sólo se usa cuando ya agotaron todos los elementos de negociación. “Estas operaciones tienen éxito si hay una sola voz, un líder que planifica, organiza y tiene un centro de operaciones locales que se monta próximo. Siempre buscan como fin que no hayan saldos fatales porque son fracasos en una operación”.
El uso de la fuerza por parte del Estado también dio una doctrina que se llama UPDF, uso, progresivo, diferenciado de la fuerza. Ellos están obligados a utilizar esa doctrina comenzando por el diálogo, técnicas blandas, técnicas duras y en la última razón la fuerza.
El concepto técnico del fuego cruzado, cuando se dan operaciones disparatadas como estás lleva a que se disparan entre ellos mismos (policías).
“Posterior a la operación vienen operaciones de carácter técnico y criminalístico donde se busca colectar todas las evidencias para después judicializar el procedimiento y cada uno deba responder por lo que le corresponde”.
Doctrina policial es letra muerta.
En Venezuela, sostiene el experto, que la doctrina policial parece letra muerta o no es conocida, “porque equipos especiales de esa naturaleza requieren adiestramientos constantes y cada entidad federal debería contar con equipos de esa naturaleza para una situación de ese tipo y no como suelen ocurrir desenlaces con cifras fatales y acciones disparatadas que parecen un hazme reír”.
“La operación fue un fracaso pero tiene responsables”.
“Debe haber una voz única y no fue así. La operación fue un fracaso y trae responsabilidades jurídicas en un Estado serio de derecho, afirma Berro.
“En un caso, como el de la masacre de El Junquito hay incluso trascendencia en el orden internacional como la Convención Internacional de los Derechos Humanos, Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Políticos y Civiles, el protocolo de Ginebra, el de la Otan, el estatuto de la Corte Penal Internacional, entre otros tratados y acuerdo aprobados y suscritos por Venezuela y hay que exigirlos”.
La responsabilidad es integral en estos casos la civil, administrativa, política, disciplinaria, política y penal y agrega, que eso debe activarse en un Estado serio, pero de no ser así, el orden internacional actuará.
“De entrada es un homicidio así usted invoqué después que obró en cumplimiento del deber. Pero debe abordarse y establecer responsabilidades, no es dable excusas superiores, o que me lo dijo mi general. El general responde igualito como autor intelectual. Las responsabilidades son personalísimas y desde el punto de vista del derecho internacional son delitos de lesa humanidad y es imprescriptible”.
Duarte acusa como responsables a Maduro y a 7 altos funcionarios
“¿Por qué al delincuente Heiker lo entregan al otro día y a los héroes no?” es una de las interrogantes que se plantea el diputado Franklyn Duarte; también afirma que los directos responsables de la masacre son Nicolás Maduro, Néstor Reverol junto a Isturiz, Bernal, Cabello, El Aissami e Iris Varela
“¿Por qué el gobierno no quería, ni quiso que se entregarán los cuerpos después de las pericias como sucede en todo los casos y son derechos consagrados que tienen los venezolanos? Por ejemplo, un día después de la Masacre de El Junquito estaban entregando el cuerpo del delincuente líder del colectivo del 23 de Enero, Heiker Vázquez y si lo mataron supuestamente en el mismo sitio, en los mismos hechos ¿por qué a él si lo entregan al otro día, a primera hora y le hacen honores militares y su familia pudo velarlo? ¿Por qué no hicieron lo mismo con los 7 héroes masacrados en El Junquito?”.
El diputado asegura que está muy claro por qué no entregan los cuerpos, a su criterio, el gobierno tenía temor que revisaran las pruebas que quedaron en sus cuerpos masacrados, “lo íbamos hacer como Comisión Especial de la Asamblea Nacional, nosotros íbamos a solicitar hacer otra autopsia, aparte de la que hicieron en la morgue de Bello Monte. Fue solicitada por escrito luego de ser aprobado en la comisión especial de la Asamblea Nacional. Queríamos aclarar con la evidencia de los cuerpos, no lo pudimos hacer, pero lo haremos porque el sol, la luna y la verdad no pueden ocultarse por mucho tiempo”.
Vamos a instancias internacionales por justicia.
Todos sabemos que estos héroes venezolanos si fueron masacrados afirmó Duarte y reiteró la tesis de que se trató de un ajusticiamiento extrajudicial, crimen considerado de los más graves en el derecho internacional y contra los Derechos Humanos.
El caso será notificado en las instancias de justicia nacionales, “pero aquí solo le vamos a notificar cómo van las investigaciones porque no hay justicia, está secuestrada. El único poder autónomo somos nosotros la Asamblea Nacional, pero le aseguramos a los familiares de los héroes caídos y del pueblo venezolano que esto va instancias internacionales y se conocerá la verdad”.
Reconoció el integrante de la Comisión que investiga el caso de Óscar Pérez, que los resultados finales llevan su tiempo y fue enfático en señalar que ya saben quiénes son los responsables de los hechos: “se llama Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela; el otro responsable es el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, porque usurpaba un cargo y es quien dirige los cuerpos policiales que actuaron en la masacre”. Acusó también como responsables de los hechos del 15 de enero al vicepresidente de la República Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, Aristóbulo Isturiz, Fredy Bernal e Iris Varela, “ellos son responsables directos del ajusticiamiento extra judicial de esta nueva masacre”.
La comisión especial del caso se dividió en el país acompañando a familiares de las víctimas en el Zulia y Táchira durante los entierros y buscando nuevas informaciones que nutran la investigación que adelantan.
Primeros resultados: 1 tiro tienen los 6 hombres y 2 presenta la mujer
El silencio reina desde el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo no contesta el oficio entregado en relación a los hechos de la denominada “masacre de El Junquito”
Los primeros resultados de la investigación que adelanta la Comisión de la Asamblea Nacional sobre el caso donde mueren Óscar Pérez y 8 personas más se dieron a conocer y sería la única voz oficial, hasta el momento, por provenir de un poder constituido y en vista del silencio del Ministerio Público, instancia que por ley debe investigar e informar a la nación.
La diputada Delcy Rodríguez informó los alcances preliminares de la investigación y estos son los más resaltantes:
– Consideran ajusticiamiento extrajudicial porque todos los cuerpos tienen un tiro en su cabeza.
– El gobierno si quería cremar los cuerpos “masacrados” y la ley ordena que los cadáveres por hechos de violencia no pueden ser cremados, ni con autorización de los familiares.
– Los siete “masacrados” tenían disparos en la cabeza y la mujer, además, presentaba un disparo en la cervical, de acuerdo al testimonio de los familiares que los observaron.
– Uno de los ciudadanos muerto en la “masacre” de El Junquito portaba doble identidad, una por cuerpo policial y otra por colectivo: Heiker Vásquez.
– Se corroboró antes y después que los enterrados si fueron los cuerpos de los fallecidos en el operativo del 15 de enero en El Junquito.
– El embarazo de Lisbeth Ramírez (tachirense) se presume, no hay pruebas, porque el director de la Morgue de Bello Monte lo negó, por eso solicitaron la autopsia para verificar la versión emitida por la medicatura forense.
– Se violó Artículo 34 de ley de servicios de policías, que ordena resguardar el lugar donde han ocurrido hechos punibles, “el lugar fue destruido, eso es un delito”.
– Los fallecidos fueron vestidos con harapos, no le permitieron a la familia vestirlos.
– Reconfirma el informe que Oscar Pérez fue sepultado en presencia de una tía y una prima en el Cementerio del Este, lugar cerrado mientras se cumplía la inhumación.
– El Estado debe garantizar la manutención de los hijos de los masacrados para asegurar que tengan derecho a la alimentación y educación.
– Defensoría del Pueblo no ha respondido un oficio que le dirigieron y el Ministerio Público se mantiene en silencio absoluto
– Varios funcionarios que participaron en los hechos o están relacionados se han negado a comparecer ante la comisión creada por la Asamblea Nacional para el caso Óscar Pérez.
Publicado en la edición 99 de Los Andes el Semanario Líder del Táchira